La Fiscalía exculpa al Ministerio del Interior y da carpetazo definitivo a la investigación sobre la tragedia de la valla de Melilla en la que el pasado 24 de junio murieron entre 23 y 72 inmigrantes, según las diferentes fuentes.
La Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería, Beatriz Sánchez Álvarez, tras medio año de indagaciones, ha decidido archivar las diligencias al no apreciar indicios de delito en la actuación de los agentes españoles durante el mortal salto masivo en el paso de Barrio Chino. La Fiscalía, en esencia, da por buenas todas las explicaciones de Interior y el Gobierno y pone el acento en el «ataque violento, masivo e incontrolado a una frontera española».
El cierre de las pesquisas por parte del Ministerio Público prácticamente ciega la posibilidad de que la justicia española investigue los sucesos del paso de Barrio Chino, al tiempo que supone un balón de oxígeno para Fernando Grande-Marlaska, cuya versión sobre aquellos acontecimientos había sido muy cuestionada, incluso por Unidas Podemos y los socios habituales del Gobierno, además de por el Defensor del Pueblo. El único reproche mínimo de la Fiscalía es a los guardias civiles que, según se aprecia en las imágenes grabadas por los medios aéreos del cuerpo, devolvieron las pedradas a los inmigrantes. El Ministerio Público da traslado al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil de la actuación de esos agentes, «por si fuera constitutiva de infracción disciplinaria». Y nada más, porque, en esencia, el Ministerio Público pone el acento en la «violencia» usada por los ‘sin papeles’ aquel día. «Se constata que la actuación de los migrantes, entre 700 y 800 personas, fue en todo momento hostil y violenta, tanto hacia los agentes marroquíes como hacia los españoles», zanja el informe, que insiste en que, «del total de las diligencias de investigación practicadas, no puede concluirse que la actuación de los agentes intervinientes incrementara el riesgo para la vida e integridad física de los migrantes, por lo que no se les puede imputar un delito de homicidio imprudente». El departamento que dirige Álvaro García Ortiz da por buenas dos de las afirmaciones más polémicas que ha venido sosteniendo Grande-Marlaska en sus numerosas intervenciones parlamentarias: que no hubo denegación de auxilio y que no se incumplió la ley con las expulsiones en caliente de los subsaharianos.
«Ninguno de los agentes actuantes en el operativo tuvo conocimiento de la avalancha producida y de sus fatídicas consecuencias, por lo que en ningún momento supieron que había personas en situación de riesgo que necesitaban su auxilio», afirma la Fiscalía. Además, reconoce que hubo 470 «rechazos en frontera», y no un centenar como asegura Interior, pero recalca que esas «devoluciones» se hicieron «en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Extranjería y en base a las competencias que legalmente tienen atribuidas para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, como era el ataque violento, masivo e incontrolado a una frontera española».
