El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha devuelto al juez ordinario la investigación a la exconsellera de Salud Alba Vergés por el retraso en la vacunación del covid a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya, al no ser ya aforada tras el 12M.
En un auto, el magistrado de la sala civil y penal del TSJC Carlos Ramos se ha inhibido en este procedimiento sobre Vergés, que asumió el pasado 15 de abril, y lo devuelve al titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, que investiga por los delitos de prevaricación y contra el derecho de los trabajadores a varios miembros del equipo de la exconsellera.
El magistrado del TSJC remarca que asumió la causa sobre Vergés -a raíz de una exposición razonada que le remitió el juzgado 17 de Barcelona- por la "única razón" de que era diputada en la anterior legislatura -era vicepresidenta del Parlament-, una condición que la exconsellera ha perdido ahora porque no iba en las listas de ERC en las elecciones del pasado 12 de mayo.
Además, apunta que no consta que Vergés ejerza cualquier otra responsabilidad pública que comporte su aforamiento y añade que es previsible que "en un futuro próximo" no sea de nuevo diputada, por lo que devuelve la investigación sobre la exconsellera al juzgado 17 de Barcelona para que prosiga la instrucción de la causa.
El titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona envió a Vergés al TSJC por su condición de aforada, tras concluir que la exconsellera participó en la decisión "discriminatoria" de suspender el proceso de vacunación a policías y guardias civiles por su "desprecio" hacia estos colectivos.
Para el instructor, el retraso en la vacunación por la covid-19 a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya obedeció a una decisión "arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria", que "solo encuentra una explicación en sentimientos de desprecio hacia colectivos de funcionarios por estar integrados en cuerpos nacionales".
Vergés compareció en enero pasado ante el juez de instrucción, en una declaración voluntaria como imputada -antes de que su caso se elevara al TSJC-, en la que alegó que el calendario de vacunación se consensuó con el ministerio y las autonomías y obedeció a criterios sanitarios, para priorizar la inmunización de los más vulnerables.
La exconsellera alegó ante el juez, en su declaración voluntaria, que el mensaje de Whatsapp que la incrimina está descontextualizado y que con la expresión "no podemos argumentarlo" se refería a que no podía justificarse que vacunara a policías nacionales y guardias civiles por encima de otros colectivos esenciales y de la población de mayor edad y vulnerable.
En la causa en el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona se mantienen como investigados el exnúmero 2 de Vergés, Marc Ramentol, que era secretario general del departamento; Argimon, que era responsable de Salud Pública -y que meses después sustituyó a Vergés como conseller hasta que Junts abandonó el Govern-; el exdirector del Instituto Catalán de la Salud Adrià Comella; y el exdirector de Servicios de Salud Francesc Xavier Rodríguez.
