El choque institucional más severo que soporta la democracia española desde 1978 encontró este martes un alivio de luto por el flanco más inesperado: el acuerdo de los 17 vocales de Consejo General del Poder Judicial y su presidente suplente, Rafael Mozo, para renovar, y nada menos que por unanimidad, el Tribunal Constitucional. El máximo intérprete de la Carta Magna, con cuatro magistrados con sus mandatos vencidos desde el pasado 12 de junio, es el objetivo último de la feroz pugna partidaria que libran el PSOE y el PP y ha sido el detonante de una inédita crisis: la derivada de la suspensión por el propio TC del refrendo en el Senado de la reforma legislativa con la que el Gobierno de Pedro Sánchez pretendía forzar a su medida la actualización de la corte de garantías.
Este martes, en un giro de guion sorprendente incluso en estos tiempos convulsos, el CGPJ optó por una componenda obligada, una conjunción de intereses cruzados, para salir del colapso. La designación consensuada para el TC de los dos candidatos propuestos por la mayoría conservadora -César Tolosa (conservador) y María Luisa Segoviano (progresista)- supone, por la vía de los hechos, la reorientación del tribunal hacia la izquierda como perseguía el Gobierno y la neutralización, al tiempo y paradójicamente, de su controvertido golpe de mano legislativo. Cabría concluir que tanto -asomarse al abismo de la colisión entre poderes del Estado- para acabar en esto. En un vuelco que permite, mejor o peor, salvar la cara a todos y con el que el Gobierno, cuya 'intercesión' ante los progresistas dan por hecha fuentes del Poder Judicial, se aligera el ruido ambiental para empezar el año de elecciones como anhelaba Sánchez.
Esto, lo labrado este martes en un «frío» pleno extraordinario, era el necesario pacto entre los dos bloques del CGPJ para poder cubrir las vacantes que le competen en el Constitucional, las del vicepresidente, Juan Antonio Xiol (progresista), y Santiago Martínez-Vares (conservador); el otro par -las del presidente, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez, a los que se identifica con la derecha judicial, corresponden al Gobierno, que optó hace unas semanas por acelerar la máquina proponiendo a unos aspirantes tan polémicos como el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez. Los cuatro serán examinados ahora por un pleno -de trámite- del TC para verificar la idoneidad de los magistrados. Los tres quintos que exige la ley del Poder Judicial -la que Sánchez quiere dejar en simple con su impugnada reforma- requieren que los candidatos cosechen 11 votos. Los conservadores se quedaron a uno en la primera votación que impulsaron el martes pasado, después de seis meses flirteando con la rebeldía para no nombrar y obstaculizar, así, las sucesivas maniobras con las que el Gobierno buscaba acelerar la decantación hacia una mayoría progresista del TC.
Explicar por qué ha sido ahora posible lo que no lo fue durante medio año requiere detallar algunos antecedentes más. Los conservadores fracasaron en su intento de hace una semana concurriendo con uno de los suyos, finalmente elegido -César Tolosa, presidente de lo Contencioso del Supremo-, y su colega de Sala Pablo Lucas, este de adscripción progresista. No lograron imponerse, pero sí consiguieron dejar sentado que quien no iba a salir de ninguna forma, salvo de la mano de la discutida reforma del Gobierno, era el único aspirante de los progresistas, el también juez de lo Contencioso del alto tribunal José Manuel Bandrés. La derecha del CGPJ lo mantenía vetado por su supuesta afinidad con el Ejecutivo y con el intento del ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido de hacerse con la presidencia del TC, en competencia con María Luisa Balaguer (progresista como él).
Lucas no iba a ser el 'voto 11' Así las cosas, y en un escenario marcado por el insólito freno del TC a las intenciones de Sánchez y la llamada de atención del Rey en su discurso navideño, el ala conservadora del CGPJ había forzado una segunda votación, la de este martes por la tarde, con una nueva estrategia y un objetivo. La primera era el cambio de Pablo Lucas por María Luisa Segoviano, progresista y la primera mujer en presidir una Sala -la de lo Social- del Supremo; un perfil muy incómodo para que la minoría capitaneada por el exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta siguiera empeñándose en Bandrés. Y el objetivo pasaba por ganarse a Enrique Lucas, el vocal propuesto por el PNV, que se inhibió en la primera votación por la candidatura de su hermano Pablo.
A mediodía, el pleno apuntaba a otro fiasco: Lucas no iba a ser el 'voto 11' que decantara la balanza comprometiendo su posición entre ambos bandos. Pero una reunión 'in extremis' de los progresistas, justo antes de la sesión, certificó lo impensable: su renuncia a Bandrés por «sentido institucional» y el pacto por unanimidad, aunque fuera a rastras, para proceder a la renovación 'normalizada' del TC. El Gobierno y el PP lo dan bueno barriendo para la casa de sus intereses. En medio, un CGPJ partido que va a tener que seguir conviviendo con su mandato caducado y una erosión entre poderes del Estado por suturar.
