El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que debe decidir cómo afecta la amnistía al caso Tsunami Democràtic, en el que está investigada la dirigente de ERC Marta Rovira, se retirará tras el verano, el próximo 2 de septiembre, después de solicitar un pequeño adelanto de su jubilación.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este jueves su petición adelantar poco más de un mes su jubilación, que se hará efectiva el 2 de septiembre, según informan a EFE fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
Instructor de la causa abierta por delitos de terrorismo sobre los disturbios de octubre de 2019 atribuidos a la plataforma Tsunami Democràtic en respuesta a la sentencia del «procés», Manuel García-Castellón es el juez encargado de decidir sobre la aplicación de la ley de amnistía a este procedimiento.
Su decisión, explican a EFE fuentes jurídicas, se adoptará en paralelo a la que tome la magistrada del Tribunal Supremo Susana Polo, que investiga la rama de este procedimiento que afecta al expresidente catalán Carles Puigdemont y al diputado autonómico Rubén Wagensberg en calidad de aforados.
García-Castellón, por su parte, investiga a la dirigente de ERC Marta Rovira, huida en Suiza, y a otros implicados en estas protestas que no tienen aforamiento.
Además de este caso, también ha investigado a doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por plantear supuestamente acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña, una causa en la que, sin embargo, no tiene que decidir sobre la amnistía, al estar ya en manos de la Sala de lo Penal.
Este magistrado, con una dilatada trayectoria en la Audiencia Nacional y en otros cargos como juez de enlace con Francia e Italia, solicitó en 2022 prorrogar su jubilación hasta el máximo permitido por la ley, los 72 años.
Tras regresar a la Audiencia Nacional en 2017, se hizo cargo de importantes causas de corrupción como los casos Púnica, Lezo o Villarejo, en el que ha investigado decenas de piezas relacionadas con los negocios del excomisario José Manuel Villarejo.
También ha estado al frente de diversas causas de terrorismo, como en la que propuso juzgar a cuatro exjefes de ETA por su presunta responsabilidad, como miembros de la cúpula, en el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco en 1997. Un crimen que, precisamente, le tocó investigar en su primera etapa en la Audiencia Nacional.
