Tras varios días con la polémica incidiendo en las flaquezas del Gobierno y Sumar exigiendo la destitución que no logró que se consumara en diciembre, cuando Isabel García estaba recién elegida, el ala socialista del Ejecutivo ha cedido y ha optado por destituir a la hasta ahora directora del Instituto de las Mujeres salpicada por un caso de presunta corrupción vinculado a las empresas especializadas en estrategias de género que la ya cesada comparte con su mujer.
Sobre García, designada con polémica por la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, pesaba una creciente presión después de que se revelara que las firmas que tiene con su pareja, Imber Consultoría de Igualdad S. L. y Elig consultoría política de igualdad y diversidad S. L., se beneficiaron al menos de 64 contratos públicos con Ayuntamientos gobernados por el PSOE por un montante de 250.000 euros para gestionar los llamados puntos violeta que pretenden la concienciación social contra la violencia machista.
Atrincherada en el cargo y mientras la ministra pedía «tiempo, paciencia y humanidad» para aclarar las circunstancias de la controvertida actividad particular relacionada con su alto cargo, el cerco fue estrechándose en torno a la señalada al irse conociendo los detalles, tras la primera información de El Español, de cómo la pareja se había lucrado con fondos públicos vinculados a un terreno tan sensible como el de la Igualdad. Con un caso particularmente venenoso: en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, García y su mujer se prevalieron supuestamente de una tercera empresa para simular que se trataba de un concurso limpio cuando la adjudicación estaba decidida de antemano.
La gravedad de las acusaciones contra la hoy cesada, que aseguraba hasta ahora haber cumplido con la Oficina de Conflictos de Intereses al no ser titular de las consultorías y haber reducido al 8%, legal, su participación en las mismas, había caído sobre el Gobierno y el PSOE en un momento singularmente delicado por la evolución del 'caso Begoña Gómez'. El PP, de hecho, emprendió una nueva ofensiva por este flanco sobrevenido el viernes, cuando, en paralelo a la segunda citación de la mujer de Pedro Sánchez en el juzgado, acusó al presidente de estar amparado a García por los paralelismos del caso de su esposa con el de la ya exdirectora del Instituto de las Mujeres y la suya.
Hoy, 24 horas después de que el juez Peinado tomara la arriesgada decisión de tomar declaración como testigo al jefe del Gobierno en la Moncloa, el Consejo de Ministros se ha decantado por poner fin a la breve trayectoria, apenas siete meses, de la cesada al frente de su responsabilidad. Un apartamiento del gabinete que la concernida ha interpretado como «una cacería larvada» desde su nombramiento sustentada en «pseudo informaciones» a las que el Gobierno, esta vez, habría otorgado credibilidad. García, la primera lesbiana en dirigir las políticas LGTBI en el PSOE, se convirtió en un quebradero de cabeza para el Ejecutivo desde su designación a finales de 2023, después de que los socialistas recuperaran la cartera de Igualdad tras el tormentoso paso por el ministerio de la hoy eurodiputada de Podemos Irene Montero.
Su nombramiento ya estuvo marcado por la polémica cuando parte del feminismo de izquierdas salió al paso de unos tuits de García colgados en las redes sociales bajo el epígrafe de 'Stop al delirio trans'. Entonces, Sumar amagó con poder forzar la renuncia de Sánchez -la crítica no llegó a ese extremo, al que ahora sí lo ha hecho- cuando cogieron aire los mensajes en los que García sostenía que «las mujeres trans no existen’ y cuestionaba las teorías ‘queer’ por «perpetuar el heteropatriarcado y borrar a las mujeres de lo político». García se disculpó por si había ofendido a alguien y el aguacero escampó, después de recibir la cobertura de Ana Redondo, por entonces nueva ministra de Igualdad. Una Redondo que aun ayer y tras el cese deseaba lo mejor a la destituida por haber sido «una trabajadora estupenda» y «una buena colaboradora» en estos meses bajo su mando.
García ha sido relevada por la socióloga salmantina Cristina Hernández Martín (Ciudad Rodrigo, 1979), experta en Igualdad y con un máster sobre la situación de los refugiados por la Universidad de East London. La designada, que ha sido responsable de formación del servicio 016 (el teléfono de asistencia a las mujeres víctimas de violencia machista) y asesora del PSOE, ejercía ahora esa labor de consejera en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que encabeza Félix Bolaños.
