El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves con los votos del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y Podemos el proyecto de ley del derecho de defensa, que incluye el derecho de los ciudadanos a utilizar el catalán, el vasco y el gallego ante los juzgados cuando ejerzan el derecho de defensa, y también a recibir las comunicaciones en estos idiomas.
La ley incluye enmiendas incorporadas por ERC, Junts y BNG que establecen que también se podrán usar idiomas cooficiales ante órganos con jurisdicción en toda España. Para hacer posible este derecho, los juzgados deberán disponer de intérpretes y traductores.
La ley del derecho de defensa, aprobada por 178 votos a favor y 170 abstenciones (PP y Vox), busca asegurar el libre acceso de los ciudadanos a los tribunales de justicia, garantizar un proceso sin dilaciones indebidas y asegurar su protección ante procedimientos penales.
En este marco, incluye modificaciones que obligan a tener especial consideración a las personas mayores o con discapacidad (permite el uso del braille) y a utilizar un lenguaje «claro» y comprensible, alejado de los tecnicismos propios de la judicatura.
Una vez aprobada en el Congreso, la ley irá ahora al Senado, que previsiblemente la rechazará, y volverá al Congreso otra vez para ser aprobada definitivamente y entrar en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Idiomas oficiales
Fruto de las enmiendas que los grupos independentistas incorporaron en comisión, la ley incluye en su artículo 10 el derecho a «utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma» ante los órganos judiciales.
También incorpora por primera vez que se podrán utilizar cualquiera de las lenguas oficiales del Estado «en los procesos ante órganos con jurisdicción en todo el Estado».
De esta manera, los ciudadanos que ejerzan el derecho de defensa tendrán derecho a presentar escritos e intervenir ante organismos como el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional en catalán, vasco o gallego.
Además, los ciudadanos tendrán también derecho a «recibir en cualquiera de estos idiomas las comunicaciones producidas».
Para hacerlo posible, la ley recoge que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes habilitará los medios técnicos necesarios para hacer efectivo el ejercicio de estos derechos.
En concreto, la ley establece que cuando el uso «de un idioma determinado, especialmente el materno o una de las lenguas oficiales en las comunidades autónomas», contribuya a «garantizar el ejercicio del derecho de defensa», el juzgado o el tribunal «pondrá a disposición de los intervinientes que lo requieran los mecanismos pertinentes de interpretación o de traducción».
El PP critica el «gasto desproporcionado»
A pesar de que el PP ha incorporado algunas enmiendas al texto, los populares se han abstenido en la votación y han criticado el apartado que garantiza el derecho a utilizar las lenguas cooficiales en la justicia. La diputada del PP María del Mar González ha advertido del «gasto desproporcionado» que, a su entender, supondrá la contratación de traductores e intérpretes.
Junts: «Es más cara la arbitrariedad de Llarena»
El diputado de Junts Josep María Cervera le ha respondido: «A algunos les preocupa más que en el Supremo se pueda hablar catalán que la arbitrariedad del juez Llarena o la parcialidad de Marchena, pero eso sí que cuesta dinero, y más pronto que tarde, espero que también algún disgusto».
ERC: «Hay muchas maneras de no vaciar las arcas públicas como ha hecho el PP»
La diputada de ERC Pilar Vallugera también ha rechazado el argumento del PP para oponerse al derecho a utilizar las lenguas cooficiales en los juzgados. «¿Nos dicen que cuesta dinero? Se me ocurren muchas maneras de no vaciar las arcas públicas como han hecho ustedes sin dejarnos sin capacidad de intervenir en los tribunales en nuestro idioma», ha afirmado.
Bolaños: «Es una ley útil para los ciudadanos»
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado que esta ley supone un avance en los derechos de los ciudadanos ante la justicia, y ha agradecido la labor de los grupos parlamentarios. «La ley sale mejor de lo que entró en el Congreso», ha dicho, y «esta es una ley útil sobre todo para los ciudadanos, que tendrán la tutela del derecho fundamental a la defensa más garantizada».
