El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el decreto del escudo social que aprobó el Consejo de Ministros tras el acuerdo entre el gobierno español y Junts. El decreto activa una treintena de medidas que incluyen la actualización de las pensiones con efecto desde el 1 de enero y las bonificaciones al transporte, que entrarán en vigor este jueves. También recoge la ampliación de las ayudas a los afectados por la DANA y la suspensión de los desahucios de familias vulnerables con el nuevo sistema de compensación a los propietarios. Además, contempla el acuerdo para devolver al PNV el palacete de París expropiado por los nazis.
Las prórrogas de las ayudas al transporte público incluyen la subvención del 30% a las tarjetas multiviaje (que en el caso de Cataluña la Generalitat complementa con un 20%, que había anunciado que mantendría en caso de desaparecer la ayuda española), el descuento del 50% en el transporte urbano metropolitano o la gratuidad de los trenes de cercanías y media distancia.
En cuanto a las pensiones, se actualizarán un 2,8% de acuerdo con el aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC), subida que había quedado en el aire con la caída de la ley ómnibus, pero que ahora podrá pasar el filtro del Congreso en virtud del acuerdo entre el PSOE y Junts.
Otra de las medidas recuperadas de aquel macroproyecto de ley es la ampliación de los préstamos para los afectados por la DANA de finales de octubre del año pasado en la Comunidad Valenciana. Al mismo tiempo, aumentan las ayudas a propietarios de fincas agrícolas afectadas por el temporal. Además, el gobierno valenciano podrá acceder a nuevos endeudamientos a largo plazo.
Otro gobierno autonómico beneficiado por el acuerdo es el de Canarias, que también podrá acceder a operaciones a largo plazo para reconstruir los daños en la isla de La Palma causados por la erupción de un volcán en 2021.
En el ámbito de la vivienda, uno de los puntos que enfrentaba al PSOE y a Junts, se ha acordado finalmente prorrogar las ayudas para agua y energía, así como el bono social para personas vulnerables o en riesgo de exclusión social. Al mismo tiempo, se suspenden los desahucios a familias en situación de vulnerabilidad. El acuerdo también incluye avales y garantías para que los propietarios puedan evitar pérdidas en caso de impago por parte de los inquilinos.