El TSJC rechaza que la Generalitat de Catalunya tenga que compensar a Abertis con 426,6 millones a la C-32 y C-33, tal y como reclamaba la compañía después de la finalización de la concesión al 2021, según ha adelantado este viernes La Vanguardia.
El alto tribunal expone que el sistema compensatorio implicaba que se ejecutaran unas inversiones que no se llevaron a cabo y que el Convenio Marco de Maresme no implicaba una garantía absoluta de tráficos sin contrapartida. La empresa también pedía que, si se recalculaba la compensación en términos de proporcionalidad de los trabajos llevados a cabo, Invicat tendría derecho a percibir 152,2 millones en lugar de los 65 millones pagados por la Generalitat, un escenario que el alto tribunal también desestima.
En principio, la empresa presentó una demanda para que fuese compensada con 426,6 millones, a la cual hay que descontar los 65 millones que ya recibió de la Generalitat en relación a los tráficos, más los intereses correspondientes. Por lo tanto, reclamaba 361 millones de euros adicionales pero el TSJC estima que «no se dan los condicionantes» establecidos en el Convenio Marco del Maresme.
Según resuelve la sentencia, a la cual se puede presentar un recurso de casación, asumir la interpretación que hace la concesionaria le «garantizaría unos ingresos que haría desaparecer el principio de riesgo y ventura con la consecuente desnaturalización de la concesión, asimilándola en un contrato de servicios».
También considera que se colocaría la compañía en una «situación privilegiada» porque se le compensaría la disminución de ingresos no solo por las causas ajenas previstas en el Convenio Marco del Maresme sino por causas que podrían afectar a otras empresas concesionarias como un descenso del tráfico causados, por ejemplo, por una crisis económica o por un encarecimiento de los precios de los combustibles.
El conjunto de actuaciones previstas son la Ronda Maresme, ramal Blanes – Lloret, conexión C-32 con la A-2 y pacificación de la N-II, unos trabajos que no se han hecho y por tanto el TSJC dice que no hay nada a compensar.
Sobre la posibilidad que finalmente fueran 152,2 millones de euros de forma proporcional, la sentencia afirma que «el contrato concesional es aplicable a primeros de riesgo y ventura y la proporcionalidad no resulta del texto del convenio. O se realizan las infraestructuras y se compensaba mediante el sistema específico previsto, o no se realizaban las obras y no hay compensación».
El Govern aprobó mediante un acuerdo de Gobierno el 21 de diciembre del 2022 el pago de 94,1 millones de euros a Invicat por diferentes conceptos relacionados con la liquidación final de la concesión repartidos en los 65 millones del convenio del Maresme, 23,3 millones de euros por una serie de medidas de homogeneización tarifaria (bonificaciones y descuentos a los usuarios) y 5 millones de euros más por la ampliación de la concesión hasta su conexión con la carretera GI-600 para la construcción, conservación y explotación de un nuevo ramal libre de peaje para conectar la autopista con Blanes y Lloret de Mar. Se trata de una cantidad que corresponde a los gastos que tuvo la concesionaria pero la obra no se ejecutó nunca.
