Los terrenos del Port de Tarragona para la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) son un caramelo que miran con interés muchos pretendientes. Por su ubicación, constituye una superficie en la que han puesto el ojo empresas multinacionales del sector de la movilidad sostenible. Una operación que, si se ata, podría desencadenar varios movimientos en todo este ámbito, que incluso podrían afectar a la antigua Universitat Laboral y a la CLH. «Es un win-win-win», asegura el presidente del Port de Tarragona, Saül Garreta.
La operación se negocia desde hace varios meses. Como telón de fondo, el interés que han mostrado diversas compañías del continente asiático, como ya avanzó el Diari. Una de las opciones es que una única empresa pueda quedarse con las tres parcelas de la finca que suman una superficie de 900.000 metros cuadrados.
En este caso, la inversión prevista se sitúa alrededor de los 600 millones de euros. La empresa ha asegurado que podrían crearse hasta 1.200 puestos de trabajo. La operación es similar a la que se hizo con Lotte Energy, en Mont-roig del Camp. De hecho, según explica Garreta, las negociaciones se llevaron a cabo con el equipo de Acció de la Generalitat, encabezadas por el exconseller de Empresa i Treball, Roger Torrent.
Saül Garreta viajó en varias ocasiones con esta delegación, lo que propició unos primeros contactos en Asia que han situado el enclave tarraconense «en el top» de los emplazamientos que esta sociedad valoran para su expansión en el continente europeo.
«El President del Govern y el conseller Torrent nos pidieron las máximas facilidades porque este era un proyecto de país», argumenta Garreta.
Pendientes del ‘sí’
Así es que cuando las conversaciones empezaron a prosperar desde la Autoritat Portuària ya se iniciaron las gestiones para que Puertos del Estado también esté alineado y dé su aprobación, teniendo en cuenta que tiene que garantizarse que habrá un retorno económico en los más de 22 millones que el enclave tarraconense habrá invertido en la Zona d’Activitats Logístiques.
El Port de Tarragona está a la espera de obtener una confirmación por parte de esta compañía. «Están entre un emplazamiento en Austria y el nuestro», indica el presidente. La decisión podría desencadenar un efecto dominó y tener afectaciones más allá del ámbito portuario. Y es que, a medida que las conversaciones fueron prosperando, empezaron a entrar nuevas piezas en el tablón de juego.
La primera de estas es el ámbito del Campus Educatiu de Tarragona. Al respecto, el Port de Tarragona propone quedarse con las instalaciones de la antigua Universitat Laboral –que es propiedad de la Generalitat–, ya que en algún momento tendrá que abandonar las dependencias actuales, que han quedado rodeadas por el puerto y la industria química.
El traslado es un tema sobre el que se está hablando desde hace mucho tiempo a nivel municipal y, de hecho, en la redacción del futuro POUM se plantea la reserva de unos terrenos para que esta pueda ubicarse en la parte de abajo de la Anella Mediterrania, entre los barrios de Bonavista y Campclar. Se trata de una superfície que ahora está abandonado y que principalmente es de titularidad municipal.
Compactar Ponent
La idea que plantea el Ayuntamiento de Tarragona es que tanto los dos institutos como la residencia puedan desplazarse a este nuevo ámbito, recosiendo los barrios, y que se genere un dinamismo con las instalaciones deportivas. Una decisión final que dependerá de la Generalitat, que es quien deberá acabar asumiendo la inversión.
Así es que si la Laboral tiene que irse, la propuesta que hace el Port de Tarragona es que pueda ampliar la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP), para ampliar su ámbito de actuación y quedarse con las instalaciones.
La primera valoración sitúa en unos treinta millones de euros el precio máximo que podría pagar el Port, teniendo en cuenta que los edificios no están en unas condiciones óptimas y por tanto tendrán que restaurarse. «No queremos derribarlo, ya que son patrimonio. Lo que proponemos es recuperarlos y darles un uso, permitiendo que la gente pueda visitarlos y conocer su arquitectura, acorde con las medidas de seguridad», argumenta.
Más allá del espacio dedicado a la implantación de empresas del sector logístico, otra de las alternativas que se ha planteado es que también pueda instalarse en estas dependencias la CLH. Precisamente este es otro de los objetivos del futuro plan general, después que el Ayuntamiento mantiene que los depósitos de hidrocarburos tienen que irse de la zona junto al Francolí.
Al respecto se están manteniendo reuniones con ambas partes, para acabar negociando los términos del acuerdo, después que el anterior plan general fue anulado precisamente por este tema.
«Con la operación permitimos que la CLH se marche y que pueda seguir adelante el futuro barrio de innovación, junto al Francolí, teniendo en cuenta que a la empresa le interesa estar cerca de la conexión de hidrocarburos», argumenta Garreta.
El presidente del Port explica los detalles de esta operación cuando es cuestión de días que sea relevado en el cargo por el actual subdelegado, Santiago Castellà. No obstante, confía en que «todo esto tenga una continuidad», teniendo en cuenta que, según afirma, si la empresa de los 600 millones de euros de inversión no acaba aterrizando en el territorio, hay otras alternativas.
Dos opciones más
«Si esta nos dice que sí, se activa esta opción. Si no es esta, tenemos dos más», explica. En los otros casos, no se estaría hablando de la compra del ciento por ciento de los terrenos, sino que son proyectos menos ambiciosos.
No a corto plazo
«Dentro de poco podría activarse toda la partida», se muestra convencido el presidente Garreta. Aunque este también quiere dejar claro que «hay que explicarlo muy bien, porque esto en ningún caso significa que vayan a sacarse ya los alumnos de la Laboral».
Si finalmente el puerto adquiere las dependencias de la Laboral, primero tendrá que superarse el trámite urbanístico para la ampliación de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, tendrá que esperarse que esté construido el nuevo centro educativo. Para ello, primero hace falta que se apruebe el POUM –la previsión es que a inicios de año se haga la aprobación inicial– y que la Generalitat de Catalunya disponga de los recursos económicos.
La inversión estimada para el traslado se sitúa entre 120 y los 130 millones de euros, de forma que la administración catalana ‘tan solo’ debería poner unos noventa o cien millones si finalmente el Port de Tarragona acaba pagando los treinta millones para las dependencias ubicadas junto a la carretera de Salou.
Estas son algunas de las estimaciones iniciales que se han hecho. «Es una operación de territorio donde todos los actores tienen que ponerse bien porque sino no sale», argumenta el todavía presidente de la Autoritat Portuària.
