Un ciudadano de Tarragona paga 15 impuestos más que uno de Madrid. Es la diferencia entre los dos extremos en la comparativa de la presión fiscal entre comunidades autónomas. Madrid no tiene impuestos propios mientras que Catalunya llega a la quincena y alcanza el récord en España: desde un peaje por las viviendas vacías a las emisiones de dióxido de los coches, pasando por las bebidas azucaradas. Así se desprende del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (AICF) de 2022, elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad.
El informe determina que «Catalunya cuenta con el triple de impuestos autonómicos que las demás comunidades» y ocupa el último lugar de este ranking en términos de competitividad. El estudio señala «grandes deficiencias en el impuesto sobre el patrimonio y sobre sucesiones».
Este balance explica que los impuestos propios apenas representan el 2,3% de los ingresos tributarios, aunque la mayor parte, el 78%, provienen del canon de agua, porcentaje muy similar a las otras comunidades autónomas (73%). «Estos impuestos autonómicos generan una carga burocrática para las pymes que no compensa su poder recaudatorio, además del coste de los litigios, ya que muchos de ellos han sido declarados inconstitucionales», indica la entidad, que sugiere: «Por todo ello y por su escasa capacidad recaudatoria, es recomendable que las comunidades autónomas deroguen todos los impuestos autonómicos y, de mantener alguno, el gravamen relacionado con el agua sería el más apropiado».
El Índice sostiene que Catalunya ha ido incorporando impuestos propios en los últimos años. Recomienda, entre otras medidas, «derogar el impuesto sobre patrimonio o bonificarlo al 100%», reformar el de la renta o cambiar el tipo de gravamen en el de Actos Jurídicos Documentados (AJD).
El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (ICAF) tiene en cuenta el efecto de estos tributos sobre el clima de la actividad empresarial, el crecimiento económico y el empleo, la complejidad y simplicidad de la aplicación de los modelos fiscales, su transparencia y el uso y coste de estos recursos, entre otros factores.
A más fiscalidad en un territorio, más opciones de perder a profesionales altamente cualificados
Un mayor número de impuestos no, según los cánones del estudio, no fomenta la competencia fiscal, sino al contrario. La premisa, desde unos postulados que parten de una ideología liberal, es que «un territorio con menos costes tributarios es más atractivo para la inversión y, por tanto, genera un caldo de cultivo favorable al crecimiento económico». «Los impuestos reducen los beneficios de las empresas y la renta disponible de los contribuyentes», apuntan.
Roger Medina, economista e investigador en el Institut Ostrom, sostiene que «una fiscalidad mayor puede tener consecuencias sobre la competitividad» y pone algunos ejemplos: «Imaginemos a un empleado que puede teletrabajar y debe optar por residir en Barcelona o Madrid. Quizás pueda decantarse por el lugar donde va a pagar menos. Tener una fiscalidad elevada puede dar problemas para captar inversiones o a profesionales altamente cualificados, así que fiscalmente hay margen para una competencia».
Confianza en las instituciones
Para Medina, en último término todo depende de «política e ideología» y apunta a otro debate: «Si queremos tener una fiscalidad plenamente equiparable a la europea, debe ir precedida de una mayor confianza institucional del ciudadano en las administraciones, porque sabe que habrá un buen uso de los recursos. Y en las últimas épocas aquí se ha deteriorado la calidad institucional».
«Una mayor fiscalidad supone más costes de producción y afecta al margen de beneficios», indica Benja Anglès, profesor de Derecho Tributario en la UOC
Benja Anglès, profesor de Derecho Financiero y Tributario en la UOC, cree que «la mayor fiscalidad puede restar competitividad en términos económicos, ya que las empresas con sede social en Catalunya tienen más costes y el factor fiscal afecta directamente a los costes de producción y, por tanto, al margen de beneficios, de forma que, a más fiscalidad, más posibilidad de perder inversiones».
No siempre más volumen de ingresos se traduce en un mayor dispendio en los servicios públicos. «Los gobiernos y los parlamentos deciden y priorizan la cuantía y el destino», indica Anglès, que pone un ejemplo comparativo: «Catalunya, con unos ingresos presupuestarios de casi 40.000 millones de euros en 2021, destina el 25% a sanidad, el 17% a educación, el 6% a servicios sociales y el 27% a pagar deuda pública. La Comunidad de Madrid, con 25.000 millones, dedica el 32% a sanidad, el 20% a educación, el 7% a servicios sociales y el 12% a deuda».
Tarragona capital es la ciudad de España con menos libertad económica
Tarragona capital suspende en el Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (Ilece), otro estudio también elaborado por el laboratorio de ideas liberal Fundación para el Avance de la Libertad. La capital aparece en la última posición del listado de 50 ciudades más pobladas de España. El análisis, publicado en julio de este año, tiene en cuenta áreas como el desempeño económico, la magnitud de la plantilla de su ayuntamiento, el intervencionismo económico del gobierno municipal y la presión fiscal. El informe califica de «pésima» la libertad económica en la ciudad.
En el otro extremo, aparece Alicante, gobernada por el Partido Popular, en la primera posición. Figura por delante de Santa Cruz de Tenerife y Almería. Hay que tener en cuenta el ideal del punto de partida de este estudio, que basa su canon en «evitar toda forma de injerencia municipal en la economía, y especialmente las normas que persiguen perjudicar formas emergentes de interacción económica, sobre todo en la economía colaborativa». La regulación, el control y la intervención en ciertos ámbitos son, pues, parámetros sancionados por este ‘think tank’.
Sostiene el diagnóstico que «es muy lamentable que algunos ayuntamientos, llevados por posiciones ideológicas o por la influencia de algunos lobbies, estén limitando el desarrollo del transporte, del alojamiento y de otras formas de interacción directa entre particulares mediante las plataformas tecnológicas que lo facilitan».
«Urge rebajar la carga fiscal»
Tarragona solía frecuentar las posiciones de cola de esta relación comparativa pero es la primera vez que ocupa el último lugar. La capital «aprueba por poco en el área de datos macroeconómicos» pero suspende en los otros ámbitos. El estudio dice que «urge contener o reducir plantilla y coste de la misma» y apuesta por «rebajar la carga fiscal que soportan los tarraconenses».
Los analistas son especialmente críticos con este último punto de la carga impositiva. En una relación en la que a menor presión, más puntuación, Tarragona alcanza un dato de 7,65 sobre 30. Según esta perspectiva, el consistorio también pincha en el concepto de intervencionismo económico. Solo consigue 8,12 puntos de 20 posibles –a menor regulación, mayor puntuación–.
Donde sí aparece algo mejor la ciudad es en el desarrollo económico. Logra un saldo de 18,21 puntos de 30. Este baremo se elabora a partir de indicadores como el presupuesto, el endeudamiento, la morosidad, el volumen de empresas o la cantidad de subvenciones. Aquí se parte de nuevo de un supuesto con fuerte carácter ideológico: un número muy elevado de ayudas merma la libertad económico en el municipio.
