Tarragona retrasa hasta el 1 de enero de 2026 la puesta en funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La decisión se ha tomado después de que se haya demorado el contrato para la implantación de los elementos tecnológicos que controlarán los accesos dentro de este ámbito, en el que se limitará la movilidad de los vehículos más contaminantes.
«La ley lo que obligaba era a tener una previsión y una planificación antes de 2023 y el Ayuntamiento lo tiene desde 2022. Estamos cumpliendo», asegura la concejala de Mobilitat, Sonia Orts. La normativa a la que hace referencia es la 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, según la cual los municipios de más de 50.000 habitantes tienen que adoptar un Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) con medidas para reducir las emisiones.
Dentro de estas medidas figura el establecimiento de una ZBE, cuya implantación requiere de unos elementos tecnológicos y de software, que no estarán disponibles en la fecha que estaba prevista. Según explica el Ayuntamiento, cuando ya estaba en marcha el proceso de licitación para la instalación de estos aparatos, este tuvo que pararse por un error de redacción en las bases. «Había unos ítems que los licitantes plantearon que no se entendía suficientemente qué tenían que ofertar, lo que daba lugar a interpretaciones», explica el técnico de movilidad, Francisco Domínguez.
Para evitar que esta situación acabase bloqueando el proceso, tuvo que pararse y redactar de nuevo esta parte de las bases, lo que ha acabado demorando el proyecto. El nuevo contrato está previsto que se adjudique próximamente, después de que se estén valorando las ofertas de las cinco empresas que han concurrido al concurso.
Todo el centro
Este hace referencia a la implantación de la tecnología, como es el caso de los lectores de matrículas, paneles de información dinámica y los puntos de control ambiental, además del programario y los elementos para la fibra óptica para poder poner en marcha todos estos dispositivos de medida y control.
En paralelo, el Àrea de Mobilitat sigue adelante con la parte burocrática de esta Zona de Bajas Emisiones, que afectará a todo el centro, incluyendo la Part Alta y la Part Baixa, con la vía del tren como límite en uno de los costados y el cinturón formado por las avenidas Vidal i Barraquer, Argentina y Catalunya, en el otro.
El próximo paso deberá ser la aprobación del proyecto que regule este ámbito, con los estudios previos de impacto ambiental, económico y de género, entre otros aspectos. «Estamos corrigiendo cuatro cosas para que lo manden a la concejalía y se apruebe», ha explicado Orts. En este caso, no será necesario que pase por el pleno, por lo que se prevé que «en un mes» pueda obtener luz verde.
Orts: «Hemos sido muy lights, teniendo en cuenta que estamos empezando desde cero»
En cambio, sí que tendrán que pronunciarse el resto de formaciones políticas en cuanto a la nueva ordenanza, que regulará cómo se aplicará esta ZBE y, por tanto, las excepciones a los límites establecidos, las multas previstas en los casos en los que no se cumpla con lo previsto y los horarios, entre muchos otros aspectos.
Implantación progresiva
La concejala Orts explica que la redacción está en marcha y que está «incorpora muchas de las enmiendas que nos presentaron los grupos municipales en las sesiones». A partir de septiembre se prevé que se retome este trabajo, con la previsión de que «antes de fin de año podríamos tener la nueva ordenanza aprobada».
Orts recuerda que el Ayuntamiento de Tarragona quiere que la implantación de esta zona sea «progresiva» y que inicialmente tan solo se verán afectados los vehículos sin ningún tipo de etiqueta. Se calcula que estos representan entre el 27 y el 28 % del total, un porcentaje que se espera que vaya reduciéndose a medida que se renueve la flota de vehículos.
«Hay que tener en cuenta que la ordenanza contempla muchísimas excepciones, ya que lo que queremos es que la gente se acostumbre», indica la concejala. La normativa también establecerá los horarios de la limitación desde las siete de la mañana a las siete de la tarde y fijará que inicialmente no habrá multas sino que se optará por informar a la ciudadanía. «Hemos sido muy lights, teniendo en cuenta que estamos empezando desde cero», indica Orts.
Los medidores ambientales son los que deberán determinar si las medidas implementadas consiguen una reducción de las partículas contaminantes, o a partir de 2027 habrá que endurecer los requisitos.
La dilación en los plazos en cuanto a la compra e instalación de los dispositivos de control de la futura ZBE ha obligado al Ayuntamiento de Tarragona a solicitar una prórroga de los fondos Next Generation. Estos concedieron una ayuda de dos millones de euros para este proyecto, por lo que se ha solicitado un año más de tiempo. También se ha pedido para la compra de autobuses, después de que el concurso quedase desierto.