El Ayuntamiento de Tarragona recortará un 10% la partida de gasto en concejales en 2024 pero, en cambio, no tocará la de los asesores políticos. Así lo acordó ayer el gobierno municipal socialista con Junts per Catalunya, en una operación que significará en un ahorro de 112.861 euros a lo largo del próximo año, lo que se traduce en una reducción total del 6,3%.
En conjunto, el pacto entre PSC y juntaires comportará que se pase del gasto de 1.796.705 euros de este 2023 entre representantes electos y asesores a otro de 1.683.844. Sin embargo, la rebaja de la partida vendrá únicamente por la parte de los 27 ediles. La reserva económica para los concejales con dedicación exclusiva o parcial pasará de los 945.242 euros de este año a los 908.891 del próximo, lo que significa un recorte de 36.351 euros, un 3,85%.
Se da la circunstancia de que todos los ediles del gobierno menos el alcalde Rubén Viñuales ejercen con dedicación exclusiva, cobrando 58.000 euros anuales. Por lo que se refiere a los concejales de la oposición, los que van por exclusiva perciben 34.000 euros al año, por los 28.600 de los que van por parcial. Asimismo, por lo que se refiere a los que van por dedicación por asistencias, estos tienen un límite anual de 28.600 euros.
El portavoz de Junts, Jordi Sendra, destacó ayer que «cuando se nos informó que debía subirse el IBI fuimos los únicos que dijimos que la ciudadanía merecía que diéramos ejemplo y pedimos que la partida de salarios de los cargos electos y la de los asesores se bajara en la misma proporción que subiera el IBI. El gobierno lo entendió y nos ha aceptado una bajada de sueldos de los electos del 9%, pero ha habido grupos que no han estado de acuerdo con nuestra petición de reducir también la de los asesores».
Aval de Esquerra al presupuesto
Por otra parte, ayer finalmente se despejó la gran incógnita: Esquerra Republicana votará el próximo miércoles a favor del presupuesto del PSC en el Ayuntamiento de Tarragona, lo que ya asegura definitivamente su aprobación. Así lo anunció este jueves la formación independentista, después de que tras días de negociaciones el ejecutivo liderado por el alcalde Rubén Viñuales haya aceptado incluir en las previsiones del 2024 los carriles bici de la Avinguda d’Andorra y de Prat de la Riba.
«Desde el inicio hemos tenido una actitud constructiva, anteponiendo el bien de la ciudad de manera pragmática sobre las batallas partidistas», indicó ayer el concejal de ERC Xavier Puig, quien destacó que la entente con los socialistas para las cuentas se debe al acuerdo para incluir en las previsiones «una batería de medidas buenas para la ciudad para seguir con la apuesta transformadora iniciada el pasado mandato».
El ‘OK’ de Esquerra ya asegura que las cuentas se aprobarán en el pleno del próximo miércoles
ERC y PSC han acordado un paquete inversor de 4,2 millones de euros para 2024. En concreto, la oferta del grupo liderado por Maria Roig y Xavier Puig solicitaba 1,2 millones de euros para impulsar cinco centros cívicos (Ciutat de Repòs de Llevant, Santiyán en el Port, Avinguda Catalunya, Lletres y Parc del Francolí); 1,1 millones para la urbanización del polígono Francolí y definir el proyecto de reforma del eje Unió-Apodaca-Plaça del Prim; y un millón para la compra de vivienda para destinar a alquiler social.
Asimismo, el plan de Esquerra –avalado por el gobierno de Viñuales– contempla 400.000 euros para el mantenimiento de escuelas, 300.000 para mejorar locales de asociaciones de vecinos, 200.000 para un plan de accesibilidad y 50.000 para el nuevo local de los Xiquets en la actual sede del ICAT.
La portavoz de ERC, Maria Roig, destaca que el sí «no es un sí incondicional, sino que va acompañado de peros». La edil de la formación republicana especifica que «este presupuesto es de los más opulentos de los últimos años, lo que demuestra que, a diferencia del relato inicial, el Ayuntamiento nunca ha estado en quiebra». Roig critica, asimismo, que «la subida de impuestos no era necesaria. Estamos de acuerdo en aumentar el IPC, pero queda claro que incrementar el 7,4% era exagerado».
La portavoz republicana advierte de que «fiscalizaremos que todos los proyectos que hemos acordado avancen», así como que «se siga trabajando en la línea de reducir la deuda, como hicimos nosotros el pasado mandato cuando la reducimos en 24 millones».
ECP lo decidirá el lunes
Por su parte, En Comú Podem aún no ha decidido su voto para el pleno del 29 de noviembre a las 18.30 horas en la Diputació. La formación progresista todavía no da las negociaciones con el PSC por «cerradas», si bien avala que finalmente se haya aceptado su tesis de prever un aumento de la aportación del Estado.
El portavoz del grupo, Jordi Collado, expuso ayer que, paralelamente, han planteado «cinco medidas» de su programa electoral. La creación de una figura jurídica de protección para la Anella Verda que incluirá la Budellera y evaluará Terres Cavades y el impulso de la reserva marina de Tarragona son las primeras propuestas. También solicitan incluir en las cuentas el Pla d’Usos de la Part Alta y el compromiso de destinar 5 millones de euros para climatizar escuelas e institutos. Asimismo plantean la cesión de un terreno municipal a la Generalitat para la construcción de una residencia de gente mayor de gestión pública.
Paralelamente, el PP pide la elaboración de un presupuesto «realista y no sobredimensionado». La portavoz, Maria Mercè Martorell, remarca que la propuesta del gobierno es «muy continuista» y que, por tanto, «no se ajusta a la situación actual».
La edil critica la gestión de las cuentas y que «hayan quedado por ejecutar unos 30 millones de euros en inversiones». También recordó «los 7 millones de euros de remanente de tesorería que sobraron el año pasado; los 8 de 2021; ó los 8,9 de 2019» que «en comparación con los 5,5 que existían cuando el PP estaba en el gobierno» demuestra «la mala gestión y la sobredimensión de los presupuestos».
