El Ayuntamiento de Tarragona exigirá a partir de este verano un informe favorable de los servicios técnicos municipales de Patrimoni Històric para otorgar el permiso para instalar terrazas en la Part Alta. Así se establece en el artículo 12.5 del borrador de la nueva ordenanza al que ha tenido acceso el Diari, y que el pasado martes fue entregado a los restauradores de la ciudad, que ya preparan un aluvión de alegaciones contra la propuesta inicial que el gobierno municipal ha puesto sobre la mesa de negociación.
En el documento se recuerda que el Casc Antic «está definido como Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) y el Pla Especial de la Part Alta», por lo que «es requisito indispensable el cumplimiento de la Llei de Patrimoni Cultural de 1993». Por ello, el texto añade que «a partir de estos requerimientos legales, cualquier ocupación en plazas y calles resta sujeta a un detallado estudio», por lo que «con carácter previo a la resolución de nuevas solicitudes que se presenten en el centro histórico se pedirá un informe, que será vinculante, a los servicios técnicos municipales de Patrimoni Històric Artístic».
Asimismo, el primer esbozo de ordenanza –que se espera que sea una realidad para la próxima campaña de verano– plantea que «no se podrán autorizar terrazas con estructura fija» en toda la Part Alta «excepto en la Plaça de la Font y la Plaça de les Cols».
Sin ampliaciones veraniegas
Por lo que se refiere explícitamente a la plaza en la que se encuentra el Palau Municipal, la ordenanza reitera que se trata de un espacio «unitario que está sujeto a un ordenamiento compatible con los intereses de los vecinos, la existencia de los establecimientos comerciales de tipología variada y la diversidad de ocupaciones y de actividades».
Asimismo, sobre la Plaça de la Font la previsión indica que «la superficie del espacio autorizado para la ocupación se mantendrá durante todo el año», por lo que, en consecuencia, «no se autorizarán ampliaciones de terrazas durante la temporada veraniega». Asimismo, «tampoco se podrán instalar estructuras fijas en el área que extiende frente del palacio consistorial hasta el cruce con la calle Sant Fructuós».
Por lo que se refiere a la Plaça del Fòrum, la nueva ordenanza –que el 27 de marzo volverá a ser discutida en comisión por parte de los partidos políticos– especifica que «es un espacio que está objeto de la ordenación supeditada al área arqueológica, de acuerdo con las medidas de protección que la legislación establece», y resalta: «la superficie aprovechable para ocupaciones queda condicionada por el área arqueológica, el perímetro de la cual está perfectamente delimitado por la propia diferenciación en el material del pavimento, así como los propios muros romanos conservados». En este sentido, el texto recuerda que la limitación del espacio disponible para terrazas «comportará una reordenación de las ocupaciones existentes».
Limitaciones en el centro
El primer esbozo de la ordenanza concreta también medidas específicas en la Rambla Nova y en la zona de «entre rambles». Así, en el tramo entre el Balcó del Mediterrani y las calles Sant Agustí y Adrià «se permitirá la ocupación en la coca central durante el segundo y tercer trimestre del año», sin embargo, con varias restricciones. «Las terrazas no podrán tener más de 24 metros cuadrados de superficie», mientras que «en ningún caso se permitirá la instalación de elementos fijos», ya que «el mobiliario deberá recogerse diariamente». Asimismo, desde Sant Agustí hasta la Plaça de les Corts Catalanes «solo se permitirá la ocupación en las aceras laterales», indica el texto.
Paralelamente, en la zona peatonal del entorno de Comte de Rius, August y Sant Agustí «no se podrán instalar estructuras fijas», mientras que la ocupación «tendrá una anchura máxima de dos metros».
Sin embargo, el punto que más ha disgustado a los profesionales del sector es el 9.2, que reza: «como criterio para la determinación del área total de ocupación se considerará la relación de un persona por metro cuadrado de superficie útil, sin que se pueda ocupar el 50% del aforo máximo permitido en el interior del establecimiento. A juicio de la edil de Domini Públic, Paula Varas (ERC), el objetivo de la regulación es «garantizar el uso de la vía pública con garantías por parte de la ciudadanía» y, al mismo tiempo, «apoyar a la actividad económica».
Varas añade que la hoja de ruta del nuevo gobierno es la de «poner fin a la masificación existente» y «regular un ámbito que el anterior ejecutivo gestionó con improvisación durante 12 años». Fuentes municipales aseguran que el cincuenta por ciento estipulado «es una primera toma de contacto para la negociación», por lo que se espera que la negociación con el resto de partidos «permita poder llegar a una solución de consenso».
¿Empleos en peligro?
El presidente de la Associació d’Empresaris d’Hosteleria de Tarragona Ciutat, Javier Escribano, mostró ayer su malestar con el redactado inicial de la ordenanza. «Creemos que es necesario que nuestro sector pueda formar parte de la comisión que decidirá el futuro de nuestros negocios y de nuestras familias», enfatizó ayer el representante de la entidad, quien duda de que «haya una sensación generalizada de un presunto abuso del espacio público por parte de las terrazas». «Entendemos que hay zonas concretas donde puede haber esta sensación, pero no hay argumentos para decir que esta es generalizada», afirma Escribano.
El presidente de los hosteleros reivindica, asimismo, que «los vecinos y los restauradores no estamos enfrentados», tal y como lamenta que «se ha querido hacer entender», lamenta. «Al contrario, nos necesitamos mutuamente. Los vecinos son también nuestros clientes y, de la misma forma, los barrios con comercio son barrios más alegres, ya que la presencia de terrazas evita los actos vandálicos, los botellones o la dejadez», resalta el responsable del sector económico, quien teme que la futura regulación «provoque el cierre de establecimientos y que afloren aún más los locales vacíos».
Asimismo, Javier Escribano advierte de que la previsión que la capacidad límite de las terrazas sea de un máximo del 50% de aforo máximo permitido en el local «afectará al 80% de los negocios», lo que «puede poner en peligro centenares de puestos de trabajo».
