La vida de Maria dio un vuelco hace diez años. Esta vecina de la Part Alta de Tarragona estaba tan tranquila tendiendo la ropa. Era un día más en su vida, pero sucedió algo que ella ya advertía desde hace mucho tiempo.
El suelo de su terraza cedió, provocando un boquete y haciéndola caer a peso hasta el piso de abajo. Casi cuatro metros. Salvó la vida por poco, muy poco, reconoce: «Me pasé nueve meses en el hospital», afirma hoy, con 71 años.

No puede moverse sin muletas o su andador. Lo que para otra persona sería ir desde el comedor a la cocina a buscar una servilleta, para ella supone más de un minuto. Una odisea.
Su marido, Joan, de 76 años, la ayuda todo lo que puede, pero sufre párkinson y también tiene problemas de movilidad. La vida para ellos no es como para los demás y, para colmo, su bloque de pisos no tiene ascensor, por lo que viven prácticamente atrapados en su casa.
Joan es el que más sale: «Pero las escaleras son un problema, tengo que ir apoyándome y me cuesta mucho; ya me he caído varias veces», reconoce. «No podemos salir ni a pasear», indica el matrimonio, que afirma que tiene que encargar la compra por internet: «Pedimos que nos la suban a casa».
Tan solo cuenta con la ayuda de una persona que acude dos horas a su casa: «Va ayudándonos a bajar para que podamos salir un mínimo de veces, pero dependemos de que esté, porque solos no podemos».
«Pasé nueve meses en el hospital porque me caí desde la terraza y, desde entonces, no puedo salir de casa». Maria, vecina de Tarragona
Son dos de los vecinos que llevan más tiempo en el bloque: «Nosotros y una señora de abajo, el resto son más jóvenes». Explican que nunca se ha valorado la posibilidad de instalar un ascensor en el edificio, que data del siglo XIX.
Tanto Maria como Joan han caído en repetidas ocasiones mientras intentaban bajar las escaleras, haciendo llamadas de socorro a vecinos que han ido rápidamente a ayudarlos, ya que, para ellos y muchos tarraconenses, subir es un auténtico maratón.

El 16% de las construcciones de diez pisos o más de la provincia no tiene ascensor, lo que son unas 24.000. Otro ejemplo en la capital es el de los barrios de Ponent.
Robert, de Torreforta, afirma que «hay vecinos que tienen problemas para subir, y más si van con cochecito de bebé». Es un edificio, además, muy estrecho, en el que instalar un ascensor sería una tarea muy complicada por la falta de espacio.
Luego están los casos, como el de Núria, en el que el inmueble sí que tiene ascensor, pero, para acceder, hay que subir unos escalones, lo cual deja igualmente en fuera de juego a las personas con problemas de movilidad.
«Tengo que hacer dos viajes cuando voy a la compra porque, si no, se me hace imposible subir por las escaleras hasta el ascensor», explica. Añade que, cuando sea mayor y empiece a tener problemas para moverse, necesitará ayuda: «Cuando algo tiene solución, batallas, pero aquí sería complicado poner una de esas sillas que suben y bajan, ya que la escalera es estrecha».
«Pedimos que nos suban la compra a casa porque no podemos bajar», Joan, vecino de Tarragona
La nueva normativa
El Gobierno ha aprobado el anteproyecto para reformar las leyes de dependencia y discapacidad. Este documento establece el reconocimiento automático a cualquier dependiente de una discapacidad del 33% para ahorrar cargas administrativas y establece obligaciones a las comunidades de realizar obras de accesibilidad, como la habilitación de ascensores o rampas, si lo solicita un vecino.
Básicamente, la ley reconoce la accesibilidad como un derecho después de que, en enero de 2024, la Constitución eliminara el término ‘disminuido’ y lo sustituyera por ‘persona con discapacidad’. Además, se amplían los supuestos en los que las comunidades de vecinos tendrán la obligación de instalar ascensores o rampas.

Concretamente, el anteproyecto incluye una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones competentes a ofrecer ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para obligar también a la comunidad de vecinos de cada edificio a solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita.
Por otra parte, el nuevo texto facilitará los requisitos para acceder a las ayudas, rebajando del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de vecinos para llevar a cabo la reforma que se precise.
Con el objetivo de garantizar la accesibilidad, se reforma la ley «para ampliar y facilitar los supuestos de obligatoriedad de las obras necesarias en edificios y viviendas».
Se estima que 100.000 personas de toda España están encerradas en sus casas por problemas de accesibilidad. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales remarcan que todo lo que plantea la reforma es obligatorio.
«Mi edificio tiene ascensor, pero, para llegar, hay que subir unas escaleras», Núria, vecina de La Canonja
La normativa ya incumplida
La legislación establecía que, en diciembre de 2017, los edificios públicos y residenciales debían disponer de accesos efectivos para adaptarse a las personas con movilidad reducida.
Una de estas medidas hace referencia a la instalación de un elevador, cuyo recorrido empiece en la planta baja y llegue a todas las viviendas. Se trata de una normativa que, evidentemente, no se cumplió entonces ni tampoco se cumple ahora.

En muchos inmuebles antiguos, es físicamente imposible construir un ascensor o incluso instalar una plataforma salvaescaleras. Una solución –si el consistorio respectivo lo permite– sería un elevador externo, pero la inversión requerida es de tal magnitud que los vecinos no la pueden asumir.
Los cascos antiguos de la ciudad –como la Part Alta o el barrio del Port– o los barrios construidos con rapidez para acoger las oleadas inmigratorias –como Bonavista o Sant Salvador– son los de más dificultades de accesibilidad.
Los problemas se extienden –casi increíblemente– a edificios mucho más nuevos, que, aunque cuentan con ascensores, no son accesibles desde la calle en silla de ruedas porque hay escalones. Muchos edificios ya han habilitado plataformas o han construido rampas para ajustarse a la legalidad.
Un arquitecto técnico asegura al Diari que «en Tarragona, las comunidades han ido adaptándose dependiendo de la disponibilidad económica, ya que, como todos estos pisos son de los años 60-70, en aquella época la gente que vivía ha ido haciéndose mayor». «Se han puesto algunos ascensores, pero pocos, lo que más se ha hecho ha sido arreglar edificios con elevador, pero cuya accesibilidad a él era complicada», añade.
«Las comunidades han ido adaptándose dependiendo de la disponibilidad económica», arquitecto técnico
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) aporta consejos en su página web de cómo hacer accesibles los edificios. El coste de hacer accesible varía desde los 3.500 euros que cuesta una silla salvaescaleras hasta los 75.000 a los que se dispara un ascensor.