El alcalde Rubén Viñuales (PSC) acaba el mes de noviembre con dos patatas calientes sobre la mesa: la situación de los dos concejales tránsfugas ex de Vox –víctimas de un desatino administrativo municipal– y el estudio de la calidad del aire, cuya moratoria para adjudicar a la UPC finaliza esta semana.
El pasado 30 de octubre, el Diari avanzó que la Oficina Antifrau ha admitido a trámite una denuncia por la dedicación exclusiva que se ha otorgado a los dos ediles no adscritos: Javier Gómez –desde febrero, cuando era portavoz de Vox– y Javier Duque, el pasado mes de agosto. Fuentes de Antifrau confirman que el organismo «sigue adelante» en su proceso, para ver en primera instancia la «verosimilitud» del caso.
La reclamación contra los dos exrepresentantes de la formación de ultraderecha se centra en el hecho de que ambos políticos están al 100% en el consistorio, a la vez que siguen desempeñando su oficio de abogados «sin contar con la compatibilidad para poder ejercer», indica la denuncia.
Inicialmente, ambos concejales lo negaron, asegurando que contaban con dicho informe favorable por parte del secretario general. En efecto, el Diari pudo corroborarlo en el caso de Gómez. Pese a ello, el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas exige que «la resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad corresponde (...) al pleno de la corporación local, previo informe, en su caso, de los directores de los organismos, entes y empresas públicas».
El gobierno sigue sin confirmar si prorroga la suspensión del análisis de la calidad del aire
Tras tener conocimiento por este periodista, a los dos ediles les entraron las dudas. Tras hacer un exhaustivo análisis de las actas, tanto el Diari como los dos no adscritos llegaron a la misma conclusión: el pleno municipal sí que informó del cambio de dedicación de los concejales, pero nunca votó la compatibilidad, tal y como exige la ley. Un olvido de la Secretaria General que ahora da alas a la denuncia en Antifrau y que ha llevado a los dos ediles a renunciar a la dedicación exclusiva para volver a la parcial, según se desprende de un decreto del alcalde publicado este martes.
Desde el gabinete del PSC se evita entrar en el fondo de la cuestión. «No tenemos nada que decir porque la decisión de tener la dedicación parcial o total es de los concejales y no tienen por qué argumentar los motivos», afirma el gobierno. PP Junts también declinan valorar la polémica, mientras que Xavier Puig (ERC) denuncia que «el concejal Duque pidió su cambio de dedicación una vez abandonó Vox, algo que creemos que se saltaba el pacto antitransfuguismo porque mejoraba su condición económica» en 5.000 euros anuales.
Por su parte, Jordi Collado (ECP) lamenta que «la situación es kafkiana. Es una una mala noticia que sea la Oficina Antifrau la que haga recapacitar al Ayuntamiento».
A la espera de la Generalitat
Paralelamente, el gobierno de Viñuales debe anunciar esta semana si prorroga o no la moratoria para adjudicar el estudio sobre la calidad del aire a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), valorado en 533.000 euros.
El pasado 28 de mayo, el concejal de Medi Ambient, Guillermo García (PSC), firmó una resolución en la que «suspendía» el proceso durante medio año, a la espera de saber si era la Generalitat la administración que asumía el trabajo, al ser un tema «supramunicipal».
Este jueves, 28 de noviembre, acaba la «congelación» y el Ayuntamiento aún no ha confirmado si prorroga la moratoria, ejecuta el contrato –como pide ECP– o si anula el concurso público. Viñuales, a la expectativa del President Illa, tendrá la última palabra.
