El Observatori Català de la Justícia, un grupo de debate con diversos actores del ámbito judicial, ya está valorando la posibilidad de proponer al Ministerio de Justicia que los juzgados de violencia sobre la mujer (VIDO) amplíen su jurisdicción.
El pasado doce de junio, en la última reunión del Observatori, este fue uno de los temas de la orden del día y los actores se instaron a seguir estudiándolo para que, en próximas reuniones, puedan empezar a sacarse conclusiones.
«La proximidad de los juzgados al lugar de residencia de las víctimas comporta la posibilidad de que haya una atención más personalizada», Consell de l‘Advocacia Catalana
Actualmente, la instrucción de estos casos, que engloba el conjunto de acciones –como la investigación– que deben llevarse a cabo para que un suceso pueda ser juzgado, corre a cargo de los VIDO en los partidos judiciales en los que los hay, que son Tarragona, Reus y El Vendrell, y de los juzgados de primera instancia en los partidos judiciales en los que no hay ningún juzgado VIDO.
Pese a que, por el momento, el debate es muy incipiente y aún no se han definido las líneas de la posible propuesta, una de las vías que se ha puesto sobre el tapete –que aún no se garantiza que sea la definitiva– es que, independientemente de cuál sea el partido judicial en el que se denuncien los hechos, sean los propios VIDO los que centralicen las investigaciones de estos sucesos.
Sería el Ministerio de Justicia del Gobierno de España quien tendría la última palabra para aceptar la iniciativa que se hiciera llegar desde el Observatori.
Por el momento, el debate es muy incipiente y aún no se han definido las líneas de la posible propuesta
Una de las opciones en el caso de Tarragona, por ejemplo, podría desembocar en el hecho de que cinco partidos judiciales de la demarcación (Valls, Falset, Tortosa, Amposta y Gandesa), que cuentan con juzgados de primera instancia e instrucción con competencias VIDO atribuidas, dejarían de asumir la investigación de estos casos, que irían directamente a aquellos especializados.
La idea empezó a valorarse a partir del pasado uno de diciembre de 2023, cuando se reunió la Comissió Permanent de l’Observatori Català de la Justícia, un foro de debate para buscar vías que tengan su objetivo en mejorar la Administración.
«Estamos a favor de que las víctimas tengan medios de proximidad y que no deban desplazarse a otra localidad», Estela Martín, decana del ICAT
De este grupo forman parte el presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, la Fiscalia Superior de Catalunya, la Secretaria de Govern del TSJC, el Consell de l’Advocacia de Catalunya, el Consell dels Col·legis de Procuradors de Catalunya, el Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya y un representante de las facultades de Derecho de Catalunya, por lo que el debate de proponer esta medida no será decisión unilateral del Departament.
En el seno de esta comisión se acordó la creación de un grupo de trabajo, en el cual están representados todos los operadores mencionados, con el fin de analizar y debatir sobre diversos temas, entre ellos la especialización y extensión de jurisdicción más allá del partido de los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer.
La iniciativa ha recibido críticas por parte del Consell de l’Advocacia Catalana
En el caso de Tarragona, el presidente de la Audiencia Provincial, Joan Perarnau, valoró la posible propuesta: «Los VIDO existentes están infrautilizados: no llegan a asumir toda la carga que podrían, según marca el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)».
Los tres se mueven, más o menos, en los mismos números por lo que respecta a asuntos entrados en 2023: 1.298 en Tarragona capital, 1.266 en Reus y 1.168 en El Vendrell. El máximo legalmente previsto es de 1.600.
Diferentes visiones
Este sistema, por ejemplo, ya está implementado en territorios como la Comunidad Valenciana, Galicia o Andalucía, lo que hace pensar que el Ministerio daría luz verde a la propuesta. De hecho, en casos como el de Andalucía, fue la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, María Ángeles Carmona, quien instó a especializar juzgados.
La iniciativa ha recibido alguna crítica, ya que el Consell de l’Advocacia Catalana envió un informe al Departament posicionándose en contra de la medida, argumentando, entre otros motivos, que, para las víctimas, desplazarse desde su lugar de residencia hasta otra ciudad podría suponer una incomodidad y que esta iniciativa no facilita el acceso a la justicia.
«Los VIDO existentes están infrautilizados: no llegan a asumir toda la carga que podrían, según marca el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)», Joan Perarnau, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona
Desde el Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT), su decana, Estela Martín, comenta que «la posición del ICAT es a favor de que las víctimas tengan medios de proximidad y que no deban irse a otra localidad».
En este sentido, también remarca que «el Col·legi está buscando soluciones que den las mayores garantías a las víctimas para que estas no deban hacer periplos por la demarcación».
Sin ser aún una propuesta como tal, la posibilidad de poner en marcha esta medida ya ha provocado intercambios de opiniones, a la espera de ver de qué manera evoluciona, algo que se concretará en las próximas reuniones.
