El gobierno municipal socialista prepara ya el decreto para retirarse como acusación particular del caso Inipro, según informó este lunes el Diari Ara y confirmó ACN y el Diari. Fuentes del ejecutivo de la Plaça de la Font recuerdan que ya anunciaron su retirada en campaña electoral, por lo que ayer restaron trascendencia a la decisión. Sin embargo, tampoco avanzaron cuándo se firmará el decreto.
En 2020, el consistorio, con el exalcalde republicano Pau Ricomà (ERC) al frente, se personó como parte perjudicada. También lo hizo la CUP, quien ahora acusa al PSC de «utilizar la institución municipal en beneficio del partido», según indica la exedil Eva Miguel, quien recuerda que «el PSC consta como acusado como persona jurídica en este procedimiento». Las cupaires también denuncian que la concejala Cecilia Mangini, considerada «responsable a título lucrativo» en la causa, haya sido nombrada presidenta del Instituto Municipal de Serveis Socials (IMSST).
La Fiscalía pide en este caso al exalcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) una pena de cinco años y ocho meses de cárcel, al considerar que existen indicios de que cometiera cinco presuntos delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público y falsedad en documento mercantil. La CUP, por su parte, añade en su escrito los delitos de alteración de precios, subastas y concursos públicos; soborno; tráfico de influencias; y abuso en el ejercicio de la función pública, por lo que propone una pena de 13 años de prisión, por los 14 años y tres meses que solicita el Ayuntamiento.
En abril de 2022 el juez dictó el auto de apertura de juicio oral, solicitando que entre todos los acusados y responsables civiles subsidiarios abonasen una fianza de 367.290 euros. De estos, 276.000 fueron aportados por el PSC.
ERC: «¿A quién defienden?»
Esquerra Republicana tiene previsto realizar mañana una rueda de prensa para valorar la retirada de la acusación. Pese a ello, la portavoz de la formación, Maria Roig, ha declarado hoy a este periódico que «el gobierno del alcalde Ricomà se personó para defender los intereses de los tarraconenses, ¿pero el gobierno de Viñuales a quien defiende?», se pregunta la edil. Asimismo, Roig lamenta que «estamos viendo que sus primeros días como alcalde son para pagar compromisos con quien lo ha puesto aquí. Viñuales está anteponiendo los intereses particulares de su nuevo partido antes que el interés general de los tarraconenses, que son quienes presuntamente se les han sustraído los recursos de servicios sociales para realizar campañas políticas a favor de Ballesteros».
Finalmente, el grupo municipal de En Comú Podem también se muestra crítico con la decisión del alcalde. «Por mucho que ya lo hubiera anunciado en campaña, retirar la acusación vía decreto sin contar con la opinión de la oposición y sin un aval o un informe jurídico de los servicios municipales es, al menos, un error. Es incomprensible que, tras ocho años, estemos aún con este debate sin aclarar qué es lo que ocurrió», lamenta el portavoz, Jordi Collado.