Este 2023 se cumplen diez años desde la explosión mediática del caso Inipro, que seguramente en 2024 sentará en el banquillo de los acusados al exalcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) y a la que fuera portavoz del gobierno socialista entre 2007 y 2019, Begoña Floria. La causa se refiere a un contrato firmado en 2010 entre el Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) y la empresa Inipro, que se prorrogó durante dos ejercicios consecutivos por un montante global de 276.000 euros.
Oficialmente, el contrato tenía como objetivo «la intervención y potenciación del asociacionismo de la población recién llegada a la ciudad», pero las diligencias ordenadas por el juez desde 2013 investigan si se habrían desviado recursos en beneficio de varias alcaldías del PSC de principios de la pasada década, como la de Tarragona o Viladecans. Pese a ello, las defensas reivindican que durante las comparecencias ante el juez varios funcionarios y empleados habrían reconocido ante el magistrado que los trabajos sí que se habían realizado.
Fianzas pagadas
Ahora, tras una década en fase de instrucción, fuentes de los acusados lamentan haber sufrido «la pena del telediario», sin haberse podido defender aún en el juicio. De hecho, el retraso de la instrucción ya fue criticado por el propio presidente de la Audiencia Provincial, Joan Perarnau, que vislumbra posibles rebajas de penas por las «dilaciones indebidas» de una controvertida investigación que hace pocas semanas vivió un nuevo, inesperado y sorprendente traspiés.
El pasado mes de agosto, el Juzgado de Instrucción número 1 envió, al fin, la causa a la Audiencia Provincial para que sea su Sección Segunda la que juzgue a los nueve investigados. Pese a ello, el pasado 12 de diciembre el organismo dio marcha atrás, al comprobar que «no se ha notificado la apertura de juicio oral a la mercantil Gallet Consultors i Associats», por lo que esta firma –que forma parte del caso– no habría podido «presentar el escrito de acusaciones provisionales». A raíz de ello se ordenó «devolver la causa al instructor a tal fin», según se indica en la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso el Diari. Fuentes consultadas añaden que la compañía ya habría comunicado al juez que está «inactiva» desde hace años.
Asimismo, desde las defensas se enfatiza que ya se ha pagado la fianza de 368.000 euros. La mayor parte –276.000– ha sido aportada por el PSC, mientras que el resto se ha cubierto con propiedades de los acusados.
¿Afecta la nueva malversación?
Otro de los puntos claves del caso se centra ahora en si la reforma del delito de malversación –avalada en el Congreso por ERC– podría comportar una rebaja en las posibles penas. Fuentes de las acusaciones rechazan esta posibilidad, ya que la petición de penas que realizan por este delito el Ayuntamiento y la CUP contra el exalcalde socialista es de seis y cuatro años respectivamente, lo que «ya se enmarcaría» dentro de los parámetros establecidos en el nuevo redactado acordado por las Cortes Generales, muy lejos ya de los 12 que preveían antes.
Las defensas, por su parte, niegan que se haya producido este delito y reiteran que el hecho de que ya se haya desimputado a cuatro trabajadores durante el proceso de investigación «demuestra que no hubo ninguna malversación». Pasan los años, los alcaldes y los jueces, pero el caso Inipro sigue deparando sorpresas, a la espera de tener fecha para el juicio más mediático de la historia reciente de la ciudad.
