Tarragona se encuentra entre la treintena de municipios catalanes que vulnera el derecho al empadronamiento. Así lo señala el estudio presentado este viernes por la Xarxa d’Entitats pel Padró. Se trata de una red de la que participan Amnistia Internacional, la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social entre la que hay entidades como Cártitas), y el Fòrum de Síndics entre otros.
Los municipios donde la red tiene información de que se estaría vulnerando el acceso al padrón son 37. Entre los de la demarcación figuran también Alcanar, Calafell, Reus y Tortosa.
Según el informe, más de la mitad de los municipios no empadronan de forma ágil a quien lo solicita, es decir, tardan más de los tres meses que dice la ley. Estos municipios representan una población total de 3,2 millones de habitantes; el 40% de la población de Catalunya.
Puerta cerrada a otros derechos
Laia Costa, jurista de la Fundació Ficat y una de las encargadas de presentar el informe, señala que Tarragona «es uno de los municipios donde tenemos más problemas». Una de las principales dificultades, señala, radica en que el trámite todavía depende mucho de la discrecionalidad del funcionario que atiende «pidiendo requisitos que no están contemplados en ninguna parte. A algunas personas se les ha exigido hacer primero un módulo de formación antes de empadronarles».
También critica que cuando hay que comprobar la residencia de una persona que no tiene documentos de propiedad o alquiler de una vivienda se envía a la policía, algo que tiene un efecto estigmatizante. A algunas personas, además, esto las disuade de empadronarse.
El consistorio estudia un decálogo que propuso la Generalitat. Reus ya se ha unido
De hecho ese es uno de los principales problemas que detecta el informe de en todos los municipios: la dificultad para empadronar a personas que viven en una habitación realquilada o ocupando una vivienda.
Las consecuencias, explica Costa, es que quienes no se empadronan tienen la puerta cerrada para trámites básicos como acceder a la tarjeta sanitaria o a la escuela y al resto de servicios.
El decálogo de la Generalitat
El pasado 21 de junio el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya presentó un decálogo para garantizar el empadronamiento. El mismo contempla desde la posibilidad de empadronar en infraviviendas o de «hacer prevalecer el deber de empadronamiento cuando las personas no puedan acreditar un título de propiedad o alquiler». Entre las administraciones adheridas en un primer momento están la Diputació de Tarragona y el Ayuntamiento de Reus.
Previamente el grupo de En Comú Podem en la ciudad de Tarragona, había presentado un petición al gobierno municipal para crear un grupo de trabajo para analizar el problema. El concejal Jordi Collado, quien ha tenido constancia de las dificultades tanto por lo que refieren algunas entidades como por experiencia personal, cree que en ese grupo deberían participar los grupos políticos, las entidades y los técnicos municipales. «Necesitamos hacer un diagnóstico, el padrón es una herramienta que da acceso a derechos que tenemos que garantizar».
Por parte del ayuntamiento Isabel Mascaró, concejala de Serveis Interns, señala que: «Más allá del decálogo para garantizar el empadronamiento en Catalunya, la ley continúa siendo de directa aplicación y estamos cumpliendo todo lo que corresponde. El hecho es que el Ayuntamiento de Tarragona está estudiando la propuesta que presentó la Generalitat, dado que solo se otorgó una semana para concretar la adhesión. De hecho, la próxima semana tenemos una nueva reunión interna de trabajo sobre este tema. Una vez lo tengamos estudiado crearemos un grupo de trabajo, como nos propuso algún grupo municipal, con el objetivo de conseguir el máximo consenso».
