Tarragona activará este próximo 1 de enero un nuevo tributo a las empresas de telefonía móvil. Según ha podido saber el Diari, el gobierno municipal socialista ha pactado con Junts per Catalunya y En Comú Podem el redactado de una nueva ordenanza que gravará el «aprovechamiento especial» del suelo, el subsuelo y el cableado eléctrico que realizan las compañías de este sector por la instalación de zanjas y canalizaciones en la vía pública.
Según el redactado de la nueva ordenanza, que este miércoles –fuera del orden del día– pasará por la Comissió d’Hisenda, Serveis Interns i de Tecnologia previa al pleno municipal del viernes 18 de octubre, la cuota básica que pagarán las compañías será de 10,13 euros por metro cuadrado.
Según las fuentes consultadas, la previsión municipal es la de llegar a ingresar unos dos millones de euros.
La nueva tasa deroga la actual ordenanza reguladora de la utilización privativa de dominio público municipal a favor de las empresas de telefonía móvil, ya que con el redactado en vigor no abonan el tributo.
En este sentido, el movimiento debe permitir que se «amplíe el hecho imponible para hacerlo extensible a las empresas del sector, que hasta ahora no tributaban y que usaban el suelo y el subsuelo municipal», detallan otras fuentes del equipo de gobierno.
El objetivo, una vez que el ejecutivo socialista ya ha recibido el aval de los altos funcionarios municipales de Tresoreria, es que las tres formaciones, que suman mayoría absoluta del Saló de Plens, avalen la nueva ordenanza para que esta «pueda entrar en vigor ya el próximo año», indican fuentes municipales.
Junts lo pidió en campaña
Desde Junts se avala la propuesta, que ya solicitaron en la campaña de las Municipales del 2023. «Son empresas que facturan mucho dinero. Se les debe exigir un retorno para la ciudad. Por eso proponemos la creación de esta tasa. En campaña fuimos los únicos en solicitarlo», detalla el portavoz juntaire, Jordi Sendra.
El edil de la formación soberanista, después de haber acreditado un cumplimiento del 85% por parte del PSC del pacto presupuestario del año pasado –y de que el alcalde anunciara una congelación tributaria para 2025–, reconoce que «vamos por el buen camino» de cara a llegar a un nuevo acuerdo con los socialistas.
ECP: «Fuertes con los poderosos»
ECP, por su parte, reivindica haber estado negociando «durante semanas» esta nueva tasa con el ejecutivo de la Plaça de la Font. «Es un claro ejemplo de lo que debe hacer un Ayuntamiento. Las multinacionales aprovechan las estructuras urbanas y deben pagar por su uso. Nuestros cálculos son que puede suponer casi dos millones», indica el portavoz, Jordi Collado.
El líder de la formación progresista añade que «realizamos la propuesta buscando mejorar la capacidad de recaudación del consistorio sin afectar a ciudadanos», ya que «hacer negocio no puede ser gratuito. Las multinacionales deben pagar». Por ello, Collado detalla que el nuevo gravamen «es una experiencia que ya está en vigor en otros municipios (como Sant Feliu de Llobregat y El Prat). Estamos contentos de que el gobierno se ponga fuerte con poderosos como las empresas de comunicaciones».
