La petición de los vecinos y comerciantes del entorno del Palau de Congressos expresada ayer en el Diari para poner cámaras de seguridad en el centro de la ciudad no genera consenso entre los tres partidos del gobierno municipal (ERC-Junts per Tarragona–CUP). Mientras que las dos principales formaciones del ejecutivo de la Plaça de la Font no descartan esta posibilidad, las cupaires se desmarcan y consideran que «sería clave una consulta ciudadana al respecto», según indica su portavoz, Eva Miguel. «Su instalación afecta directa e indirectamente a varios derechos y libertades individuales», argumenta la edil, quien añade que «la seguridad pública no viene por la represión policial sino por la cohesión social y la justicia. En Londres ya se ha evidenciado que es un mecanismo ineficiente».
Por su parte, Xavier Puig (ERC) recalca que el gabinete local «lleva a cabo medidas e inversiones para que Tarragona sea una ciudad agradable y amable», como se evidencia, a su juicio, con «la iluminación de varias zonas y puntos oscuros para dotar de más seguridad a las calles». Asimismo, el edil de Esquerra también destaca «que pronto tendremos cámaras de videovigilancia y lectores de matrículas» en las urbanizaciones de Llevant.
De manera similar se expresa Cristina Guzman (Junts per Tarragona), quien además ejerce como concejal de Seguretat Ciutadana. «Gracias al trabajo de campo y a la policía de proximidad, los hechos delictivos se han reducido un 22%», afirma la representante juntaire, quien no cierra la puerta a poner cámaras en el entorno de Recinte Firal. «La videovigilancia es una herramienta disuasoria que aumenta la sensación de seguridad, por esto, antes de que acabe el año tendremos en funcionamiento 17 lectores de matrícula en Llevant y 25 cámaras en la Part Alta», indica Guzman, quien pese a reconocer que «es evidente que aún nos queda mucho trabajo por hacer» se muestra convencida de que «vamos por el buen camino».
El PSC aspira a un «pacto local»
Desde el principal partido de la oposición, el PSC recuerda que «hemos reclamado en varias ocasiones cámaras de videovigilancia en diferentes puntos de la ciudad», según indica la portavoz, Sandra Ramos, quien añade que, de forma paralela, «hay otras medidas a ejecutar», como «la Guàrdia Urbana de proximidad, las comisarías móviles en los barrios o, incluso, la figura del sereno, que se ha implementado con éxito en otras ciudades». Para poder impulsar todas estas actuaciones, Ramos reivindica que «se requiere de un consenso de ciudad», que debería implementarse mediante «el pacto local de la seguridad», en el que se incluirían «medidas sociales, educacionales o cívicas».
Lorena de la Fuente (Cs) lamenta que «cada vez hay más inseguridad», lo que se demuestra «con el incivismo, las pintadas, los contenedores quemados o los botellones». La representante naranja apuesta por «instalar cámaras en puntos estratégicos de la ciudad», de forma que «el gobierno municipal deje de pensar en percepciones, sino en hechos reales». José Luis Martín (PP) sostiene que la apuesta por la implantación de las cámaras en el centro «debe ir con una mayor presencia policial», algo que Martín ve «imposible» porque «este gobierno cuestiona sistemáticamente las actuaciones policiales».
