En un bloque de Campclar, ya próximo a Bonavista, un vecino le paga a un conocido 40 euros para que le haga un enganche pirata a la luz. En Constantí los técnicos de Endesa pasaron para hacer una inspección ‘in situ’ a la caza del fraude. Son sólo dos muestras de la casuística, que vuelve a arrojar balances contundentes: siete empalmes fraudulentos a la red eléctrica en la provincia cada día.
Esa media ilustra la pillería a la que Endesa lleva tiempo poniendo coto. En 2018 la compañía eléctrica abrió 2.795 expedientes en la provincia por fraude. Se trata de un descenso considerable del 29% respecto a la estadística de 2017, cuando hubo 3.942, una cifra que ha ido creciendo en los últimos años, en parte por el incremento de las ocupaciones ilegales –se registran más de una en la provincia, según los últimos datos oficiales de las autoridades–.
Hay que hacer, sin embargo, un inciso. La inmensa mayoría del fraude eléctrico cometido en la provincia no va a cargo del pequeño consumidor o de las familias. «Lejos de lo que se pueda pensar, la mayor parte del fraude procede de los grandes clientes, el gran consumidor. Ahí entran cadenas hoteleras o fábricas. Por eso donde hay más industria hay un mayor volumen de fraude», explican fuentes de Endesa.
De ahí que poblaciones pequeñas, pero con algún polígono industrial potente en su término, aparezcan en ocasiones copando los primeros puestos de la lista de municipios que más defraudan. Por eso Tarragona se sitúa históricamente como la segunda provincia catalana con cantidades más elevadas de esos kilovatios fantasma –como así los define la empresa– que son objeto de estafa.
Los 37,6 millones de kilovatios hora (KWh) quedan lejos de los 217,1 de Barcelona, pero superan ampliamente los registros de Girona (27,8) y Lleida (7,3). Pese a la problemática, la dinámica para reducir este fraude es positiva, según sostiene la eléctrica. «Hay un control más exhaustivo y estamos más encima que otros años. Por eso los casos encontrados fueron menos en 2018. A ello también contribuye la existencia de contadores inteligentes, que hace mucho más difícil defraudar», añade Endesa.
Pese a eso, el robo de electricidad sigue siendo un problema serio en muchos vecindarios. «Más allá de recuperar esos kilovatios, el principal motivo es velar por la seguridad de las personas y los inmuebles. Una instalación eléctrica es un riesgo, una fuente de peligro, para la propia gente que manipula pero también para su entorno», indica la compañía. De hecho, los riesgos de este tipo de intervenciones han vuelto a quedar evidenciados recientemente con el incendio mortal de un bloque del barrio de Sant Roc, en Badalona. Un empalme fraudulento a la red eléctrica generó un fuego que acabó provocando tres víctimas mortales. En Tarragona se han dado casos de bloques que se han quedado sin luz tras quemarse los contadores por conexiones ilegales.
Por municipios, Tarragona se lleva la palma en cuanto a expedientes: 301 al año, que lograron estafar 3,4 millones. Sin embargo, llama la atención que es Reus, con menos casos (248) quien lidera la lista en cuanto a volumen defraudado, que se alza hasta los 4,1 millones de KWh. Eso sugiere que hay grandes clientes consumiendo ilegalmente de la red eléctrica en la capital del Baix Camp.
El Vendrell, Calafell y Cambrils aparecen a continuación en un ‘top ten’ marcado por dos municipios muy sorprendentes por su tamaño. Cabra del Camp ocupa la décima plaza, con 81 expedientes y 1,3 millones de KWh usurpados a la red... cuando tiene sólo 1.141 habitantes censados. Lo mismo sucede con Els Pallaresos, con más de 100 expedientes para una población de 4.739 personas. Endesa lo achaca, en casos así, a los eventuales empalmes ilegales que pueden acometer las industrias presentes en la zona.
Por otra parte, el fraude sistemático en la conexión a la red genera numerosos conflictos vecinales en las escaleras, además de enfrentamientos más o menos puntuales con las fuerzas de la autoridad, tal y como sostiene Endesa: «En los casos en los que el fraude deja de ser puntual, nos encontramos con lo que llamaríamos fraude masivo. Normalmente van asociados a situaciones conflictivas, con amenazas y agresiones al personal que intenta normalizar la situación o simplemente levantar un acta de inspección o realizar fotografías».
De ahí que habitualmente los inspectores vayan acompañados de agentes de la seguridad para garantizar su protección. Un ejemplo son las intervenciones que el año pasado se hicieron en lugares como Mas Abelló, en Reus. Los operarios revisaron los contadores en una operación contra el fraude y lo hicieron acompañados de la guardia urbana.
