Cambiar la potencia contratada, darse de baja de servicios extra que no se sabía que se tenían, fraccionar recibos, pedir el bono social... Son todas gestiones que, en teoría, los clientes deberían poder hacer por sí mismos con las compañías con las que tienen contratados los servicios (en especial la luz) pero que en la práctica se pueden convertir en una gimcana de papeles y requisitos de los que cuesta salir. Para muchas familias vulnerables, además, poder completar estos trámites (el bono social implica rebajas en la factura hasta el 80%) puede marcar la diferencia entre poder hacer frente por sí mismas a las facturas o tener que recurrir a la ayuda de servicios sociales.
Justamente estos son algunos de los trámites que desde su creación hace un año pueden hacerse en el Punt d’Assesorament Energètic (PAE) de Tarragona. En este tiempo han atendido a 350 personas remitidas desde Serveis Socials.
Más usuarias mujeres
Las zonas de la ciudad de donde provenían más usuarios son la Part Baixa (93), la Part Alta (74) Torreforta (53) y Bonavista (51). Las que acuden al servicio suelen ser mayoritariamente mujeres de entre 40 y 50 años, aunque, como explica Marta Galcerán, técnica del PAE, atienden a familias con niños, pero también a personas jubiladas.
Además de esa asesoría personalizada, el PAE organiza sesiones grupales abiertas a toda la ciudadanía. El otoño pasado realizaron seis sesiones en diferentes barrios de la ciudad a las que los vecinos podían llevar sus recibos. En primavera iniciarán un nuevo ciclo.
El PAE se encarga de cotejar los datos que pasan las compañías comercializadoras a los ayuntamientos y en los que constan las personas a las que está previsto cortarle el servicio por impago. A partir de esta lista se ponen en contacto con las personas que aparecen para comprobar su situación y si son usuarias de Servicios Sociales. El año pasado, entre el PAE y Serveis Socials se emitieron 794 informes de vulnerabilidad.
En los casos de usuarios en que se detecta que podría haber deficiencias en las casas que aumentan la factura también hacen auditorías energéticas a domicilio en las que se puede ver si el exceso de consumo tiene que ver con un mal aislamiento de puertas y ventanas o electrodomésticos en mal estado, por ejemplo
Ayudas de emergencia
Con todo, el año pasado el Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona tramitó 545 ayudas puntuales de urgencia en materia energética para 254 familias que no podían hacer frente a los gastos.
De estas ayudas 471 fueron de luz, 64 de gas y 10 de agua. En total eso supuso un importe de 46.094 euros al IMSST (40.815 en luz, 3.435 en gas y 2.090 en agua). El año anterior, el 2021, las ayudas habían sido por 51.672 euros.
Sandra Arnal, técnica de la Oficina de Planificació i Gestió del IMSST, explica que este año, igual que en los anteriores, la luz es, con diferencia, la factura que más le cuesta asumir a las familias porque es la más costosa.
Además de las ayudas puntuales de urgencia, durante el pasado 2022 el IMSST también tramitó 577 ayudas a través del fondo social de EMATSA, los cuales suponen un gasto de 62.259,54 euros, y ahora mismo hay instalados hasta 33 contadores sociales de agua.
Beneficios millonarios
La concejal de Serveis Socials, Inés Solé, explicó que justamente se ha intentado replicar el ejemplo de los contadores sociales con las comercializadoras de luz pero no ha sido posible.
Solé fue muy crítica con el comportamiento de las comercializadoras en estos momentos en que las familias están sufriendo con fuerza las consecuencias de la inflación y denunció «el colapso del sistema con un encarecimiento total del precio de la energía que afecta tanto al Ayuntamiento como todos los hogares» algo que contrapuso a los «beneficios millonarios de las energéticas».
Solé denunció que «mientras el coste de las facturas aumenta, la pobreza energética va al alza y las energéticas se enriquecen a expensas de ahogar a la población».
l Es el importe de las ayudas de urgencia que realizó el año pasado el Institut Municipal de Serveis Socials relacionadas con pobreza energética.
l personas han sido atenidad individualmente en el Punt d’Assesorament Energètic en su primer año de funcionamiento.
l Informes de vulnerabilidad emitió el Ayuntamiento de Tarragona el año pasado. Con esta condición no se les puede cortar el servicio.
Se entiende como pobreza energética a la «incapacidad de un hogar de alcanzar un nivel social y materialmente necesario de servicios domésticos de la energía».
