El Ayuntamiento ha denunciado, en lo que llevamos de mes de agosto, a 15 locales de restauración de la ciudad, por haberse sobrepasado del espacio permitido para montar la terraza. La causa de este incremento en los datos es que, durante la pandemia, el Consistorio fue más flexible en la ocupación de la vía pública por aquello de las restricciones. Ahora, que todo está volviendo a la normalidad, algunos bares se resisten a ceñirse a su espacio original. Por ello, el Ayuntamiento empezó, a principios de verano, una campaña informativa, dando el ultimátum a estos locales. La campaña no solo se centraba en las terrazas. También pretendía concienciar de la eliminación de extensiones comerciales en la vía pública, como pueden ser, carteles publicitarios, o bien, macetas decorativas en plena calle, elementos que hacen la vida imposible a personas con movilidad reducida.
Con la llegada de la pandemia y de las restricciones, el Ayuntamiento publicaba un decreto en mayo de 2020, declarando de interés para la ciudad la reactivación económica de los establecimientos de restauración, permitiendo la instalación de terrazas a aquellos que no tenían, y facilitando la ampliación de las ya existentes. La idea del Consistorio era garantizar la distancia entre las mesas. Estos permisos especiales se fueron prorrogando hasta el 31 de marzo de 2022, cuando todo parecía volver a la normalidad y la restauración ya no tenía restricciones. Pese a ello, el Ayuntamiento optó por dar un período de gracia de un mes más, para que, aquellos restauradores que quisieran, pudieran legalizar su situación. Fuentes municipales aseguran que se acogieron a esta opción 30 establecimientos.
En teoría, actualmente, todas las terrazas deberían tener su licencia municipal, adaptándose al espacio autorizado. «Se ha observado que hay muchos establecimientos que no han adaptado la dimensión de la terraza al espacio prepandemia, motivo por el cual se decidió iniciar una campaña específica de inspección y control de estas terrazas con el objetivo de corregir la situación», explican desde el Ayuntamiento. Los encargados de llevar a cabo estas inspecciones han sido los agentes de la Unitat de Policia Administrativa de la Guàrdia Urbana.
La campaña ha tenido dos fases. La primera se ha llamado informativa y duró desde el 4 al 31 de julio. Durante esos días, si la policía detectaba cualquier ocupación de la vía pública sin autorización, los agentes informaban al propietario del local y le indicaban como reconducir la situación.
El día 1 de este mes, se ponía en marcha la fase correctiva, que se alargará hasta el 31 de agosto, y que trata de denunciar y sancionar a todos aquellos locales que no cumplan con la normativa. La multa, en la mayoría de casos, es de 400 euros, con la posibilidad de pagar la cuota reducida a la mitad. En lo que llevamos de agosto, ya se han denunciado a 15 establecimientos.
Por su parte, Javier Escribano, presidente de la Associació d’Hostaleria de Tarragona Ciutat, aplaude estas medidas, «ya que no es justo que unos cumplan con la normativa y otros pasen de ella». Pese a ello, Escribano pide que haya mejor comunicación con el Ayuntamiento. «Si cambia la normativa o hay nuevos decretos, nos gustaría que se nos anunciara bien», añade.
Obstáculos en la vía pública
La campaña no solo iba dirigida a los bares y restaurantes. También pretende poner fin al incremento de mobiliario, totems y otros elementos, que los comercios sacan a la vía pública para anunciarse, como reclamo para hacer más atractivo y estético el local. Con otras palabras, para promocionarse.
Estos elementos acaban siendo obstáculos para los peatones, sobre todo, aquellos que están enganchados a la fachada del establecimiento, dado que, en algunos casos, la pared sirve de guía para personas con algún tipo de discapacidad visual. Por no hablar de las personas en silla de ruedas, que ven como no pueden continuar su trayecto.
Según fuentes municipales, se ha registrado un aumento importante de estas infracciones durante este verano. Además, el Ayuntamiento asegura que son «muy pocas» las extensiones comerciales concedidas. «Solo algunas fruterías, floristerías o quioscos tienen el permiso», explican fuentes municipales. La Unitat de Policia Administrativa de la Guàrdia Urbana también ha denunciado a estos establecimientos, concretamente a nueve.
La campaña seguirá en pie hasta finales de agosto, cuando el Ayuntamiento prevé que la totalidad de las calles vuelvan a la normalidad prepandemia.
También se han denunciado 9 establecimientos por extensiones comerciales