Hace un año se aprobaba en España la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, un texto pionero –también llamado ley Rhodes, en alusión al popular pianista inglés afincado en España que la impulsó–. Desde entonces, las medidas de protección a los hijos acordadas por los jueces se han disparado en la provincia, como reflejo de lo que ha sucedido en España, y eso que la modificación solo afectó en la segunda mitad del año.
Las suspensiones de régimen de visitas se han duplicado. Hubo 38 en 2021, el doble que en 2020 (19), año anómalo por la Covid. Pero tampoco en los años previos las cifras fueron mucho más altas. En 2019 hubo 21.
La norma, aprobada con muy amplia mayoría en las Cortes, establece que el juez «suspenderá el régimen de visitas, estancia, relación o comunicación» del encausado en un asunto de violencia de género cuando haya indicios de que los hijos han presenciado la violencia. La suspensión es el punto de partida, y el juez, si no la adopta, deberá motivar por qué.
Pero el incremento también es muy notorio en otras dos medidas. Hubo nueve procesos de suspensión de la patria potestad, cuando en los dos anteriores cursos no había habido ninguno, todo ello según los balances del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El aumento también fue inédito en la suspensión de guarda y custodia. Hubo 31 medidas de este tipo, más del doble que en 2020 y en 2019, y cinco veces más que en 2019. Así, sumando estas tres medidas, el número ha pasado de 34 a 78, duplicándose, si comparamos el año 2019, sin afectación de la Covid, con ese último, 2021.
La inercia es la misma en España. Los juzgados han multiplicado las suspensiones como consecuencia de denuncias de malos tratos. El año pasado los jueces adoptaron 2.008 suspensiones de régimen de visitas, un 137% más que en 2020. En el último trimestre el aumento fue de más del 400%. Entre visitas, patria potestad y custodia hubo 3.672 suspensiones en España en 2021, un 68% más que en 2020 (2.176) y un 59% más en relación a 2019 (2.305).