La adjudicación del contrato de la limpieza a la empresa Urbaser ha dado un nuevo giro, tres días antes de que el pleno del próximo viernes someta a votación la resolución del Tribunal de Contractes del Sector Públic (TCCSP), mediante la cual se desestima la oferta de la ganadora del concurso GBI Paprec, y, por tanto, el servicio se adjudique a la segunda empresa que consiguió una mejor valoración.
La empresa Prapec ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo delante del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha sido admitida a trámite, mediante el cual solicita medidas cautelares contra la adjudicación de este contrato, que recordemos tiene una validez por un periodo de 10 años y un coste de 233.589.198 euros.
En el escrito al cual ha tenido acceso el Diari, la compañía francesa solicita la suspensión del acuerdo «por ser este gravemente lesivo de los intereses generales». También apunta que este «conduce al Ayuntamiento de Tarragona a un callejón sin salida», y «a la ciudadanía la deja sin la prestación del servicio de recogida de basuras en las condiciones que exige la legislación vigente y vulnera el derecho a una ciudad limpia».
En su escrito, GBI Prapec hace referencia a su exclusión del concurso al no cumplir las disposiciones del pliego de condiciones técnicas, de acuerdo con la resolución del Tribunal Català de Contractes. Al respecto, se indica que «los mismos motivos que llevan a este organismo a realizar semejantes afirmaciones concurren en el resto de empresas ofertantes».
La compañía expone que las cuestiones por las cuales se altera la puntuación de la mesa y por décimas se anula la adjudicación a GBI Paprec son «muy menores y ni afectan al 1 % del contrato». Por este motivo, se solicita la suspensión de esta decisión, que califica de «alarde de antijuridicidad» y de un «menosprecio absoluto a los principios generales de proporcionalidad, equidad y al principio de legalidad».
«La resolución del Tribunal de Contratos constituye una grave irresponsabilidad, pugna con los más elementales reglas que presiden el régimen jurídico de los contratos de servicios y obras, deja al Ayuntamiento de Tarragona en una situación de desamparo absoluta, condena a la ciudadanía a vivir en unas condiciones lamentables de salubridad y todo ello por dos cuestiones menores», recoge el recurso.
Atendiendo a estos motivos, esta sociedad solicita «suspender inmediatamente» la continuidad de una tramitación que califica de «despropósito jurídico digno de pasar a los anales de la historia de lo que no ha de ser una resolución del Tribunal de Contratos en el Estado de Derecho». Una situación que defiende que comportará diversas reclamaciones de responsabilidad de daños, por lo que solicita la aplicación de medidas cautelares de suspensión teniendo en cuenta los «intereses generales».
Ahora, el Ayuntamiento de Tarragona tiene 20 días para aportar toda la información. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidido abrir una pieza separada para tramitar este recurso contencioso administrativo que enmaraña todavía más la adjudicación del contrato más caro del Ayuntamiento de Tarragona. La situación actual puede derivar en nuevos recursos con graves consecuencias sobre la adjudicación de este servicio. La gestión de la adjudicación del contrato de la basura por parte de los responsables municiaples va en camino de convertirse en la polémica del verano.
La empresa considera que la situación actual «vulnera el derecho a una ciudad limpia»