GBI Paprec no insistirá en la vía de las medidas cautelares. La empresa mejor puntuada en el concurso público del nuevo contrato de la basura de Tarragona, eliminada del proceso por el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, no presentará recurso contra la denegación por parte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de anular desde ya el acuerdo del pleno municipal del 21 de junio del 2024.
Ese día, el organismo municipal acordó acatar la resolución del tribunal administrativo, que a la práctica expulsaba a Paprec del proceso, y pedía la documentación a la segunda clasificada, Urbaser, para adjudicarle en julio el servicio para los próximos diez años por un montante global de 233 millones de euros. Sin embargo, el recurso –con petición de cautelares incluida– presentado por Paprec ante el TSJC llevó a los juristas del Ayuntamiento a recomendar la suspensión sine die de la adjudicación.
Fuentes de la compañía de origen galo reconocen a este periódico que la solicitud de medidas cautelares «era complicada», recordando, sin embargo, que «el Ayuntamiento nunca se opuso a ello», con un escrito del alcalde Rubén Viñuales (PSC) incluido.
La firma pide al TSJC anular la resolución del Tribunal de Contractes que la excluyó
Con la vía de las cautelares ya descartada, Paprec irá «a máximos». El siguiente paso será presentar la demanda ante el TSJC. En este sentido, la vía en el alto tribunal catalán se centrará en la petición para anular la resolución del tribunal administrativo, que excluyó el 6 de junio del 2024 a GBI Paprec por incumplimientos «muy menores que no afectan ni al 1% del contrato», afirman las fuentes consultadas. En concreto, el tribunal excluyó a la ganadora por alterar el pliego de condiciones en lo referente a la brigada de control de vegetación espontánea, así como por el hecho de externalizar el taller cuando se exigía uno de específico para el contrato de Tarragona.
Una «interpretación libre»
A raíz de la decisión del tribunal administrativo del 6 de junio, 15 días después el Ayuntamiento aprobó en pleno acatar la resolución y avanzar con la segunda clasificada, Urbaser. A juicio de Paprec, este paso fue una «interpretación libre» del consistorio, ya que según la firma mejor valorada «la resolución del Tribunal Català de Contractes reconoce que Urbaser también incumple los pliegos», si bien no podía sancionarla al haber sido esta la empresa que presentó el recurso.
Por ello, la compañía tiene presentado en el Juzgado Contencioso-Administrativo 2 de Tarragona un recurso para anular el acuerdo del pleno municipal. Lo que dicte el juez en este caso será trascendental, ya que el alcalde Viñuales ya ha anunciado que, una vez resuelva el juzgado, solicitará un informe jurídico a los altos funcionarios municipales para proponer la adjudicación.
Según Paprec, este escenario situaría al consistorio «al margen de la legalidad», ya que se adjudicaría a una empresa «que según la propia resolución que el Ayuntamiento acató, también incumplió los pliegos».
Además, Paprec no descarta acudir de nuevo al tribunal administrativo, en caso de que el Ayuntamiento decida formalizar la adjudicación a la segunda clasificada. Lo mismo hará también la tercera clasificada, FCC, que es la que gestiona el servicio desde el año 2002 y que, desde abril del 2023, sigue llevando la concesión en la modalidad de continuidad, sin poder realizar inversiones en la renovación de una maquinaria que no está a la altura de lo que necesita la Tarragona del siglo XXI.
