Inspección de Trabajo tiene la lupa sobre la empresa de delivery Glovo, y Tarragona no es una excepción en esa vigilancia intensa que está efectuando para fiscalizar sus condiciones laborales. Sobre la compañía ha recaído una multa de 569.000 euros, como confirma el propio Ministerio y también otras fuentes sindicales.
CCOO expone también que esa cifra que supera el medio millón de euros en la provincia se añade, en Catalunya, a los 420.000 euros de Lleida y a más de un millón en el caso de Girona. La sanción en Barcelona sube a más de 39 millones «por falta de altas en la Seguridad Social y a más de 24 por liquidación de cuotas en la Seguridad Social», según dice CCOO.
«Después de la reunión que hemos mantenido con Inspección de Trabajo en Barcelona, valoramos positivamente su actuación contundente ante la problemática de los trabajadores y repartidores a domicilio, que han estado como falsos autónomo en Glovo, desde 2017 hasta agosto de 2021», sostienen en Comisiones.
Mercè Puig, secretaria general de CCOO en Tarragona, celebra la decisión: «Estamos contentos con lo que está haciendo Inspección de Trabajo. Aún no está solucionado del todo, pero es un paso. Hace tiempo que estamos muy encima de Glovo y de otras empresas, por el concepto de los ‘riders’. Es un nuevo sector surgido de los cambios que vivimos, pero esta gente son falsos autónomos, cuando tienen una vinculación que va mucho más allá. Siempre hemos luchado para que estén contratados como se debe».
Díaz acusa de «obstrucción»
En global, la multa asciende en toda España a unos 79 millones. El cuerpo inspector ha regularizado más de 10.600 falsos autónomos, según explicó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que acusó a la firma de dos actuaciones «gravísimas»; de un lado, la «vulneración de derechos fundamentales a los trabajadores» y, del otro, de «obstrucción a la labor de inspección», en declaraciones realizadas en el Congreso de los Diputados antes de la sesión de control. En el caso de Tarragona, la multa fue impuesta este mes de julio.
Joan Llort, secetario general de UGT en Tarragona, añade: «Las empresas tienen que cumplir la ley y aquí se la han saltado. Se les ha hecho esta propuesta de sanción y ahora hay que ratificarla». Para Llort, este tipo de modelos de trabajo «están primando la precariedad, con estas figuras de falsos autónomos cuando en realidad el trabajador está teniendo un vínculo continuo con la empresa y se les debería tener como empleados propios, con algún tipo de contrato y para que pudiesen cotizar en el régimen general». Joan Llort incluso plantea «que los clientes, el propio consumidor, tenga consciencia de cómo son estos servicios y lo tenga en cuenta a la hora de decidir contratarlos».
La inspección mantiene que la empresa de repartidores no es solo una mera intermediaria en la contratación sino que presta servicios de reparto y mensajería, fijando las condiciones principales.
La firma se defiende
Glovo, una de las diversas compañías de reparto a domicilio en Tarragona, ha salido al paso de estas acusaciones. Ha precisado que la multa de Inspección de Trabajo no está relacionada con la denominada ‘Ley Rider’, ya que el periodo inspeccionado se refiere de 2018 hasta el 11 de agosto de 2021.
Asimismo, la empresa sostiene que durante el periodo de inspección, pidió ampliar y aportar sus pruebas, reflexiones y valoraciones, así como distinta documentación, algo que fue rechazado por la Inspección de Trabajo y pospuesto al momento en el que el acta ha sido presentada. «Se trata de una resolución unilateral, que implica una propuesta de la Inspección, frente a la que la empresa tiene que presentar sus alegaciones, y después de la tramitación de un procedimiento de oficio en el ámbito de la Justicia, se analizarán las mismas para en su caso proponer un acta de liquidación y/o de infracción», indican.