A partir del 1 de enero del año que viene se pondrá en marcha la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que busca «descongestionar» y «reducir la contaminación» de las ciudades de más de 50.000 habitantes, de acuerdo con la Ley de Transición Ecológica aprobada por el Ejecutivo Central.
La implantación se hará de forma progresiva y en primer lugar afectará al ámbito que comprende a la Part Alta, los Barris Marítims y el Eixample, limitando con la vía del tren, las avenidas Vidal i Barraquer, República Argentina y Catalunya hasta el Passeig Torroja. «La primera delimitación abarca no tan solo la Part Alta, que es lo que haríamos si lo hiciéramos a desgana, sino que es mucho más amplia», afirmó el concejal de Territori, Xavier Puig.
En una segunda fase –en calendario todavía por definir– esta delimitación se ampliará con una segunda corona, en la que se incluirá la zona de Joan XXIII, Via Agusta y Arrabassada, con el objetivo de que en la tercera fase esta zona de bajas emisiones comprenda «toda la ciudad».
Según se ha informado, en esta etapa inicial se instalarán los paneles de control informativos, con las cámaras de control de matrículas y se iniciará una campaña de «información» y «sensibilización» hacía la población. «En un primer momento lo importante es que la gente lo entienda y se lo crea. La finalidad no es sancionadora», apuntó Puig. Por lo que se descarta que en el inicio se multe a los vehículos no autorizados, que son los que no tendrán la etiqueta ambiental O, Eco, C o B. Esta varía según el motor, antigüedad del vehículo y el combustible, y desde la web de la Direcció General de Trànsit, con el número de matrícula, puede conocerse el distintivo que le corresponde a cada vehículo.
Asimismo, en esta etapa inicial quiere potenciarse que los conductores se acostumbren a aparcar en los parkings disuasorios, una red que la administración quiere reforzar para evitar «excluir a las capas que no puedan permitirse cambiarse el coche», que son las que se verán afectadas.
El Ayuntamiento de Tarragona ha contratado la consultoría Doymo, para la implantación de esta ZBE, de acuerdo con el mapa de capacidad acústica y de ruido. Esta también ha llevado a cabo un estudio del parque de vehículos según el cual el 34% de los automóviles censados en la ciudad no disponen de este dispositivo ambiental. En cuanto a los que están registrados dentro del primer ámbito, esta cifra es del 37%, mientras que si se tiene en cuenta una muestra del parque de vehículos circulante esta proporción se reduce al 18%.
En paralelo, en esta etapa inicial se han instalado seis sensores en diferentes puntos de la ciudad que controlan la calidad del aire y que registran los niveles de partículas contaminantes. «El objetivo es que nos sirvan para valorar que lo que se está haciendo tiene un efecto sobre el medioambiente para reducir la contaminación del aire», afirmó Francisco Domínguez, técnico municipal.
Puig defendió que el cumplimiento de esta ley «nos va com anell al dit», con las políticas municipales que se están llevando a cabo. Por su parte, el grupo municipal del PSC afirmaba que esta Zona de Bajas Emisiones «tan solo tiene sentido con la gratuidad del autobús».