Casi cinco años después del estallido del Dieselgate, centenares de tarraconenses afectados se juegan miles de euros en juzgados españoles y alemanes y están a la expectativa de poder recuperar dinero, en unas reclamaciones que oscilan entre los 3.000 y los 4.000 euros. Más de 215 ciudadanos de la provincia han presentado demanda en alguna de las causas abiertas contra el gigante Volkswagen. El fabricante alemán se enfrenta a la acusación de haber instalado en sus vehículos un software que alteraba las emisiones de algunos automóviles diésel cuando estaban siendo objeto de pruebas de laboratorio.
Hay tres grandes frentes abiertos: el juicio en el juzgado de lo Mercantil 1 de Madrid, por la demanda colectiva de OCU, que incluye a 81 afectados en Tarragona; 66 más personados a través de Facua-Consumidores en Acción, a los que se añaden 19 que han presentado demanda en Alemania, quizás el primer foco judicial. Por último, un colectivo de 12 despachos de abogados de España ha llevado su demanda colectiva al país germano, donde se lleva a cabo un macrojuicio en el tribunal regional de Brunswick, a 30 kilómetros de la sede histórica de Volkswagen en Wolfsburgo (Baja Sajonia). Allí hay 48 casos de tarraconenses, aunque los bufetes estiman que la afectación en la provincia es mucho mayor y alcanza los 6.500 vehículos.
A eso hay que añadir los propietarios que estén haciendo la guerra por su cuenta (ya hay algunas sentencias aisladas en juzgados de España) o integrados en otras demandas colectivas, por lo que el número de perjudicados que han recurrido a la justicia a través de alguna plataforma puede superar con creces los 215. «Calculamos que hay 700.000 afectados en toda España. En el juicio de Alemania hay personados 450.000 afectados de Europa, unos 7.000 en España. Estamos hablando de la demanda más grande de la historia del continente. En septiembre se hizo la primera vista y, en la segunda, sus señorías conminaron a llegar a un acuerdo», explica el letrado Antonio Heredero, de Balms Abogados, y presidente de la agrupación de bufetes de víctimas.
OCU denuncia pasividad
Por partes: OCU exige más de 22 millones de euros en daños y perjuicios, ya que cree que Volskwagen «puso en marcha un sistema para engañar a las autoridades y los consumidores sobre las emisiones reales de algunos vehículos». La organización de consumidores considera que tienen derecho a ser indemnizados, como ya pasó en Estados Unidos y Australia, donde la empresa llegó a un acuerdo. OCU denuncia «la pasividad de administraciones en Europa», que ha provocado que se tenga que acudir a los tribunales. «Hemos llegado a esta situación, porque aquí Volkswagen se ha negado a alcanzar un acuerdo de indemnización para los afectados, al que nosotros todavía estamos dispuestos», asegura Enrique García, portavoz de OCU.
La marca alemana no hace declaraciones sobre procedimientos judicialesEste procedimiento civil se ha celebrado en Madrid este mes después de que en Alemania, la Federación de Organizaciones de Consumidores Alemanes (VZBV) comunicara la intención de la firma de abonar 830 millones, unos 2.000 euros por afectado, para poner fin a la macrodemanda colectiva que, vía penal, se dirime en el país del fabricante.
Estos casos fueron trasladados a la corte teutona cuando el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, consideró que la jurisdicción competente era la del lugar donde se habían producido los hechos. «La Audiencia dijo que no era competente, lo cual para nosotros es una aberración, y se inhibió a favor de Alemania, pero hemos recurrido en casación y está en manos del Tribunal Supremo, mientras el proceso sigue en Alemania», cuenta Heredero.
«Si en Alemania se llega a un acuerdo, se desbloquearán muchos casos en España», dice el abogado Luis LópezLuis López es letrado de Leysters Abogados, un despacho de Barcelona también integrado en la plataforma de 12 que batalla en el macrofrente en el que lucha, a su vez, la asociación de consumidores alemana: «Son procesos complejos que pueden ir para largo. Si se llega a un acuerdo en Alemania, donde se está negociando de forma paralela a la causa judicial, desbloqueará muchas cosas y servirá».
A su vez, Leysters Abogado tiene pendientes de sentencia dos procedimientos civiles en juzgados de España. Los 2.000 euros que ofrecen por vehículo afectado, según fuentes de la negociación que se mantiene en Alemania, son insuficientes. «Queremos llegar a un acuerdo de unos 4.000 euros, en calidad de indemnización, o lograr toda la devolución del importe del vehículo más los intereses, entregando el coche. Consideramos que debe ser una indemnización punitiva porque se ha estafado, y para que no lo vuelva a hacer», cuenta Antonio Heredero. Facua ha ofrecido a sus socios afectados presentar demandas a través de la organización alemana de consumidores.
El Dieselgate estalló en septiembre del 2015, cuando el grupo VW, pillado por investigaciones en Estados Unidos, admitió haber equipado 11 millones de vehículos con un software que falseaba los resultados en las pruebas de emisiones de CO2. Desde entonces, Volkswagen ha destinado más de 30.000 millones de euros a gastos jurídicos, multas e indemnizaciones, sobre todo en ese país. En Alemania de momento el fabricante ha pagado unas pocas multas por un valor total de 2.300 millones de euros, pero continúa envuelto en procedimientos civiles y penales, o bajo la amenaza de ellos.
Los tres jueces del tribunal de Brunswick deberán analizar varios aspectos, pero la cuestión principal será si Volkswagen causó un perjuicio a los compradores de determinados coches de las marcas VW, Audi, Seat y Skoda. El grupo Volkswagen ha recordado recientemente que no se han producido daños y que estos vehículos son a día de hoy empleados sin problemas en las carreteras. Con ese frente abierto en Alemania, ahora el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid ha dejado visto para sentencia el juicio por esa macrodemanda de la OCU, celebrado a mediados de este mes.
Por su parte, Volkswagen España se ha desmarcado del escándalo del trucaje de motores alegando su condición de mera importadora de vehículos y remarcando que no participa en los procesos de fabricación. Lo hizo ante el mismo Mercantil. El letrado de la compañía insistió en que los programas informáticos que incorporaron los motores de la familia EA 189 hasta 2015 «no falsean nada», y ha pedido que no se compare la situación en Europa con el Dieselgate de Estados Unidos. La asociación de consumidores afirma que los usuarios afectados tienen derecho a ser indemnizados por perjuicios.
A consulta de este periódico, la firma alemana mantiene que no hace declaraciones sobre procedimientos judiciales.
