Sebastià Expósito fue padre por vientre de alquiler en 2005. Fue uno de los pioneros en España. La experiencia le hizo encauzar su carrera de abogado hacia la intermediación en la maternidad subrogada. Hoy está al frente de VDA Fertility Consulting, en Barcelona, la primera empresa creada para asesorar a personas, parejas y familias en la gestación por subrogación, un formato en auge.
«Hay un interés cada vez más grande. Ya no es una cuestión de fertilidad, sino de formar familias. Cada vez son más las personas que por una razón o por otra no pueden tener hijos y optan por esta vía», explica Sebastià, que gestiona entre 15 y 20 expedientes al año. «Ha aumentado nuestra actividad, pero preferimos movernos con pocos casos para dar una asistencia más personalizada y cercana, analizando cada situación por separado». Varias de las familias en vías de subrogación son de Tarragona.
La gestación subrogada es el proceso por el que una persona acepta que se le transfiera a su útero el embrión previamente engendrado mediante fecundación ‘in vitro’, para quedar embarazada y parir en sustitución de alguien. Ese método, excepcional hace unos años, es cada vez más común. A ello ha contribuido un factor: el descenso de la adopción internacional de hasta un 60% en los últimos tres años, debido al endurecimiento de las leyes en países como Rusia.
Un drama familiar
La Asociación Española de Abogados de Familia sostiene que los niños que llegan a España nacidos por subrogación superan ya los 1.000 al año, una cifra baja pero en aumento. Este tipo de gestación es, para muchos, la solución a un drama que en los últimos años se ha enquistado.
«Ahora se están entregando niños chinos de expedientes registrados en enero de 2007. Son diez años de espera. Ante esta situación, es natural que las familias busquen otras alternativas», cuenta Susana Gálvez, de la asociación Adopchina en Tarragona.
En Tarragona hay familias que suman hasta diez años de espera para la entrega de un niño. Todo ello, además, después de una etapa en la que sí era mucho más ágil y accesible completar una adopción internacional. «En 2004 la gente esperaba un año, pero ahora se ha multiplicado la demora», narra Susana Gálvez.
La reusense Àngels Grau, responsable de Adopchina en España, corrobora la situación: «No llegan asignaciones. En algunos casos, directamente se han detenido. Eso hace que la gente opte por otros caminos. No ha bajado la demanda, sino la cantidad de criaturas adoptables. Los años pasan, no todo el mundo puede esperar a ser padre. De entrada, son conceptos diferentes, que no tienen mucho que ver, pero puede ser que familias que han visto la adopción postergada intenten este camino». Hace años la propia Grau fue un ejemplo de celeridad en ese proceso: «Yo tengo dos hijas. Por una esperé un año y medio y por la otra seis meses».
También influye la incertidumbre de países que están en conflictos bélicos, con los que hasta ahora se realizaban esas adopciones, o con constantes cambios en la política familiar.
Tampoco la adopción nacional ha sido una alternativa factible. Si la internacional garantizaba a un niño menor de dos años, en la nacional la opción más común es tener que adoptar a un pequeño de entre siete y ocho años o incluso a un adolescente.
El caso de Rusia es especialmente significativo. Numerosas familias, algunas de ellas tarraconenses, se han visto atrapadas en mitad del proceso de adopción. Muchos de ellos se truncaron a medio camino, generando frustración entre los padres, que han tenido que reiniciar su proceso, en algunos casos apostando por la gestación subrogada.
Sólo si se pretende adoptar a un niño con algún tipo de deficiencia –el llamado Pasaje Verde– sí que se acelera el proceso y la espera es mucho menor.
«Se han endurecido los procesos de selección. Estamos hablando de colas de ocho y nueve años. Recorrer al vientre de alquiler te permite formar una familia en menos de año y medio», desgrana el abogado Sebastià Expósito. Él intermedia en un proceso en el que es imprescindible recurrir al extranjero, dado que la maternidad subrogada es, por el momento, ilegal en España.
El precio es el principal obstáculo, aunque es variable en función del país al que se recurre. Oscila entre los 45.000 o 50.000 euros que puede costar todo el proceso en Ucrania hasta los 130.000 dólares que vale en Estados Unidos. «En esta diferencia influye el propio nivel de vida del país. Hay que tener en cuenta que es un proceso en el que interviene mucha gente, desde la parte legal hasta la médica, de contratación de la gestante, de seguros médicos, y eso sin tener en cuenta que haya que recurrir a otros profesionales externos», decreta Sebastià Expósito.
Un debate social y ético
Es inevitable valorar el componente social, ideológico y hasta político de esta práctica. Hay algunas entidades y fuerzas políticas que reclaman una regulación. La Asociación Española de Abogados de familia aboga por la necesidad de legislar de forma urgente.
Algunos creen que solamente será cuestión de tiempo. «Se conseguirá legalizar. Tenemos una extraordinaria calidad médica. Tendrá que haber un debate ético al respecto. Hay frenos y obstáculos, como ese pensamiento de que a las mujeres se las utiliza como si fueran vasijas. Todo eso se irá derribando con el tiempo», cuenta Expósito.
De momento, la elección gana cada vez más presencia social. Mientras el debate reflexivo aflora con mayor o menor intensidad, el número de ciudadanos que optan por un vientre de alquiler crecerá en los próximos años.
