Con una inflación de dos dígitos, con el euríbor reactivado, con los costes energéticos disparados y con una gran incertidumbre de cara a un otoño marcado por los efectos económicos que pueda seguir originando la guerra en Ucrancia, está claro que de cara a 2023 será más decisivo que nunca poder contar con un nuevo presupuesto.
Durante este 2022, Tarragona es la única ciudad catalana de más de 70.000 habitantes que no tiene cuentas, ya que el gobierno liderado por Pau Ricomà (ERC) no logró formalizar ningún acuerdo con los partidos de la oposición. Por ello, desde el 1 de enero de 2022 el consistorio gestiona las cuentas prorrogadas a fecha de 1 de enero de... 2021.
Por ello, encarar 2023 con el presupuesto de hace dos años –antes de todo el tsunami económico y de la invasión de Rusia en Ucrania– podría comportar graves problemas económicos para unas arcas municipales de la Plaça de la Font que, además, deberán destinar más de un millón de euros por el incremento de los costes salariales de los trabajadores públicos. ¿La tormenta perfecta?
Ahora, tasas e impuestos
Ante todo este panorama, a nivel técnico parece más necesario que nunca poder tener un nuevo presupuesto para no repetir la situación de este año, donde el gobierno municipal (ERC-Junts per Tarragona-CUP) se ha visto obligar a resetear las previsiones económicas de 2021 en más de 35 millones de euros.
Pese a ello, a nivel político la situación parece más favorable que hace un año. A finales de 2021 aún era muy reciente el divorcio con En Comú Podem y las negociaciones con la exportavoz de ECP, Carla Aguilar-Cunill, nunca llegaron a ningún acuerdo, ni con las tasas e impuestos ni con la globalidad del presupuesto. Ahora, en cambio, la marcha de Aguilar y la entrada de Àngels Pérez –que hace un año era partidaria de dar el sí a las cuentas de Ricomà– podría hacer pensar que, a priori, la situación política podría ser más favorable.
Sin embargo, el principal aliado del ejecutivo de la Plaça de la Font prefiere ir paso a paso y apuesta por «negociar primero las ordenanzas fiscales antes que hablar del presupuesto», según indican fuentes del grupo municipal, que exponen que las prioridades del grupo liderado por la concejal de los Comuns será apretar al gabinete municipal para «tocar y actualizar» el impuesto del IBI y la tasa de la basura.
«Necesitan una revisión a fondo que las haga más equilibradas y que permita rebajar la presión fiscal de los que menos tienen», reivindica la formación progresista, quien lamenta que, pese a que la ciudad tiene el segundo tipo del IBI más elevado entre las capitales de provincia españolas, este «cuenta con una distribución inequitativa». A la vez, los Comuns pondrán sobre la mesa del gobierno local el hecho de que «no se aprovecha al máximo la posibilidad que da la legislación que el 10% de los inmuebles no residenciales tengan un tipo impositivo más elevado».
Asimismo, ECP «apretará» a Ricomà para modificar también la tasa de la basura, que consideran que supone una «injusticia histórica» por el hecho de que, según denuncian los progresistas, se pague menos «en las zonas donde están los inmuebles más caros de la ciudad», como es el Passeig Rafel de Casanovas, que calles céntricas y de Ponent como Colom, Canyelles o de la Plaça de la Constitució de Bonavista.
Antes de los números, Ricomà deberá abordar unos impuestos que, en principio, no quería modificar en año electoral. De lo contrario, podría transitar por un escenario de cuentas prorrogadas que, desde hace meses, ya no es, para nada, desconocido.