El Ayuntamiento de Tarragona «no tiene previsto» incrementar el impuesto del IBI y la tasa de la basura en 2023. Así lo avanza al Diari el concejal de Serveis Centrals, Jordi Fortuny (ERC), quien de esta forma descarta un aumento de la presión fiscal de cara al próximo año, en el que la inflación acumulada será de dos dígitos. «No hay previsión de tocar el IBI y la basura. Habrá alguna modificación o cambio de arquitectura en algún precio público, pero nada más», indica el primer teniente de alcalde y máximo responsable económico de la administración con sede en la Plaça de la Font.
El año pasado, el gobierno municipal (ERC-Junts per Tarragona-CUP) intentó subir un 5% el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y un 3,9% la tasa de la recogida de la basura, pero el rechazo de todos los partidos de la oposición bloqueó la medida, que pretendía aumentar los ingresos en 2,6 millones de euros. A esta posibilidad se sumó la reducción del 40% en la plusvalía –a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional– que supuso un nuevo revés de más de tres millones de euros. El bloqueo que sufrió el gobierno local se repitió pocas semanas después, cuando por primera vez desde la recuperación de los ayuntamientos democráticos no se logró aprobar el presupuesto del siguiente año. De hecho, el consistorio sigue con las cuentas prorrogadas de 2021.
Anteriormente, en este mandato el ejecutivo de Ricomà ya ha llevado a cabo varias subidas impositivas. La más polémica fue en 2020, cuando Esquerra gobernaba en minoría con En Comú Podem. En ese momento se subió un 30% la plusvalía para «frenar la especulación», mientras que ese mismo año también se encareció la tasa de la basura en un 11,6%. Esta última opción, sin embargo, se acordó con el PSC debido a la inversión que debía asumir Sirusa para reformar las instalaciones y adaptarse a la normativa de la Unión Europea. Esta circunstancia comportó que las entidades municipales tuvieran que asumir 30 de los 75 millones de la inversión necesaria.
«Incertidumbre» para 2023
Paralelamente, el área económica de la administración local ya tiene perfilado el «esqueleto básico» de las cuentas del próximo año, si bien Fortuny recalca que aún existen «incertidumbres» sobre los números finales. «Aún no conocemos la aportación que realizará el Estado ni cómo acabarán los tipos de interés ni la inflación de algunos contratos», indica el primer teniente de alcalde, quien especifica que los técnicos aún no han definido el nivel de ingresos con el que contará la corporación local en 2023. Sin ir más lejos, esta cifra será este 2022 de 181,8 millones de euros. «El Gobierno Central aún no ha indicado aún si la subida salarial de los empleados públicos será del 2%, el 3% o del 4%», lamenta el edil. En función del porcentaje la diferencia puede ser de un millón de euros.
Asimismo, lo que sí que está planificado es que durante 2023 se quiere rebajar la deuda municipal en más de siete millones de euros. En este sentido, la previsión es la de acabar este 2022 con un pasivo de 163,8 millones y una ratio de deuda del 90,06%, si bien la idea para el próximo año es la de amortizar más deuda de la que se genere, bajando la mochila hasta los 156 millones con una ratio del 86,13%.
¿Mejores perspectivas políticas?
Paralelamente, y pese a que la situación económica es más mucho más complicada que hace un año por la guerra en Ucrania, lo cierto es que las perspectivas políticas para poder aprobar un nuevo presupuesto para 2023 son más optimistas para el alcalde Pau Ricomà (ERC). Recientemente, el candidato del PSC para las municipales del próximo mes de mayo, Rubén Viñuales, abrió la puerta para llevar a cabo una «negociación seria y con tranquilidad» con el ejecutivo liderado por Esquerra para poder acordar cuentas. «Tarragona necesitará un nuevo presupuesto. Volver a ir con prorrogados sería muy perjudicial para la ciudad», recalcó el nuevo líder socialista, quien –convencido de que su partido gobernará a partir del próximo mes de junio– considera que «también deberemos gestionarlo».
Asimismo, la otra vía con la que jugará el gabinete de dirección de la Plaça de la Font para poder actualizar los números será con En Comú Podem (ECP). El año pasado, el ‘no’ a contracorriente de los Comuns de Carla Aguilar-Cunill imposibilitó que se aprobaran las cuentas. Sin embargo, la edil dimitió como concejal el pasado mes de julio, siendo relevada por la número ‘3’ de la candidatura de 2019, Àngels Pérez. El cambio permite al gobierno local tener esperanzas de llegar a un acuerdo presupuestario con ECP, ya que la nueva representante municipal fue partidaria de aprobar la propuesta económica de Ricomà en la polémica asamblea de diciembre.
