Finalmente, la sangre ha llegado al río. Tres meses después de abrir el expediente disciplinario, la ejecutiva nacional de Catalunya en Comú ha acordado expulsar a la alcaldable de 2019 y actual portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Tarragona, Carla Aguilar-Cunill. Así lo confirmó ayer la formación liderada por Ada Colau mediante un comunicado de prensa en el que se justificaba la contundente decisión tras haber corroborado que la concejal «ha vulnerado los valores y los estatutos» de la formación progresista. Por su parte, Aguilar denuncia haber sido víctima de una proceso «de asedio» dentro del partido, lo que asegura que ha derivado en la situación de baja médica en la que se encuentra en la actualidad y que la ha llevado a perderse los tres últimos plenos municipales.
Los hechos se remontan entre finales de 2021 y principios de 2022, a raíz de no seguir el sentido de la votación de la militancia de los Comuns de la asamblea del pasado 20 de diciembre, que avaló por un 76% votar a favor de las cuentas presentadas por el gobierno de Pau Ricomà (ERC). Ese posicionamiento de la militancia obtuvo un resultado de 19-6 a favor del «sí», pero Aguilar justificó su «no» de la comisión previa al pleno del 23 de diciembre en el hecho de que los afiliados del socio de coalición –Podem– optaron por el «no» por 33-0, lo que dio un resultado global de 19-39 que, a su juicio, decantaba la balanza en favor de tumbar las cuentas.
Tras darse esta circunstancia, posteriormente la edil de la coalición progresista acordó con los morados –junto a la cocoodinadora local de los Comuns, Elisa Alegre, y el secretario de organización municipal de Catalunya en Comú en la ciudad Enric Verdú–, el ‘no’ al presupuesto de 2022, en un encuentro del que la ejecutiva de los Comuns «no tenía conocimiento», según reveló el cocoordinador local de Catalunya en Comú, Toni Peco. Posteriormente, se acordó denunciar la situación ante la Comissió de Garanties tras una petición aprobada por unanimidad por la ejecutiva territorial del Camp de Tarragona. Por ello, aparte de la expulsión de Carla Aguilar, el expediente también ha resuelto suspender temporalmente de militancia a Verdú y Alegre. El primero, durante 17 meses y, la segunda, por un periodo de 23. Esta suspensión afectará a «la participación política en todas las expresiones orgánicas y de participación», según se detallaba en la resolución hecha pública ayer.
«Un fracaso colectivo»
Ayer por la tarde, y pese a asegurar que no había sido notificada formalmente, Aguilar emitió un comunicado de prensa en el que revelaba que está de baja médica por «ansiedad y depresión», causada a raíz de «una situación de asedio dentro del partido». En este sentido, la concejal del grupo municipal de En Comú Podem revela que ya ha presentado «una denuncia» a nivel orgánico. «Esta expulsión llega en un contexto en el que hay este proceso abierto, que ha tenido un alto coste personal», remarca.
Sobre el expediente, la edil asegura haber presentado «90 páginas de alegaciones con pruebas que demuestran la invalidez de los argumentos presentados en contra nuestro», en una enmienda «de la que no hemos tenido respuesta». «Uno de los argumentos era la falta de confidencialidad, una situación en la que ahora volvemos a encontrarnos». Asimismo, sobre el fondo de la cuestión, Aguilar asegura que la decisión de votar «no» al presupuesto fue a raíz de «de tener en cuenta a las asambleas de los dos partidos», a la vez que lamentó que «no había ningún mecanismo orgánico de resolución», por lo que «se hizo aquello que se consideró más justo», a la vez que lamentó que toda la situación generada «es un fracaso colectivo».
A raíz de todo ello, el partido ha designado una comisión gestora liderada por Teresa Fortuny y Àngels Pérez, a la vez que también se ha cerrado con una expulsión el expediente abierto hace tiempo contra el edil no adscrito Hermán Pinedo.