El asfaltado de la calle prometida, aquella rotonda que estaba por hacer o un carril bici pendiente. Los ayuntamientos se esfuerzan en demostrar a la ciudadanía que aquella promesa finalmente se va a poder cumplir, precisamente a las puertas de las elecciones del 28-M. Vuelve a suceder como en otras ocasiones: desde finales del año pasado pero también en este primer trimestre la obra pública se ha disparado, fundamentalmente por el empuje de los consistorios pero también por toda la administración. No hay que olvidar que también habrá llamada a las urnas hacia final de año para las elecciones generales.
Son muy elocuentes los balances de Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras. Según sus análisis, las licitaciones locales en Tarragona se elevaron a 340,6 millones en 2022, un absoluto récord histórico. Es un 79% más en relación al año anterior (189,82) y el triple en comparación con ese 2018 que sirve como referencia por ser año previo a la cita electoral (120,73).
Ni siquiera en las épocas del frenesí inmobiliario y el dinero a espuertas en los ayuntamientos durante la burbuja hubo cifras similares. En 2006 se licitó por valor de 271 millones, en 2007 fueron 223 millones y en 2008 la cifra se quedó en 229, registros todos ellos muy por debajo de los actuales.
No son de extrañar esas escenas familiares marcadas por las vallas, las grúas y los operarios en plena vía pública. Otros datos al respecto, y con más detalle, los ofrece la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya. En el cuarto trimestre de 2022, las licitaciones de la administración local en Tarragona se enfilaron a los 48,3 millones de euros, un 39% más que en el trimestre anterior (35,3) y la mayor cifra de ese año.
De 67 millones a casi 122
No es algo nuevo, nada que no ocurra cuando aparece en el horizonte una visita con las urnas, pero estos tiempos son especialmente boyantes en este tipo de inversiones; es muestra, por otra parte, de que los ayuntamientos han dejado atrás los apuros económicos de épocas pasadas y también se aferran con ánimo al dinero que llega, o va a llegar, desde Europa.
Las licitaciones de ayuntamientos tarraconenses subieron a 340 millones en 2022, el triple que en 2018, otro año previo a elecciones
Comparemos 2022 con el otro año previo a comicios locales, 2018, curso también que se prestaba a acicalar una acera para arañar un voto. De enero a septiembre de 2018, la Diputació y los consistorios licitaron en la provincia obras por valor de 67,2 millones de euros. En el mismo periodo del año pasado, el dato se duplicó hasta los 121,8 millones, prácticamente el doble, según esos mismos balances de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya.
También entonces ese dispendio inversor se disparó conforme se acercaban las elecciones, pero en horquillas mucho menores: en el tercer trimestre de 2018 las entidades locales licitaron en la provincia por valor de 25,7, bastante por debajo del dato de 35,3 de este 2022. Según el balance del año pasado, el 54,3% del dinero en licitaciones en la provincia fue a cargo de administración local, superando a la Generalitat (26,1%) y al Estado (19,6%).
La Cambra, en su último informe publicado, alude al factor decisivo del «ciclo electoral», pero también a los fondos europeos y a los acuerdos marco. Cierto es que estos aumentos están marcados inevitablemente por los Next Generation, que animan la actividad constructora, pero también por el empuje de los consistorios para dar salida a toda una serie de inversiones pendientes. Si tomamos en consideración todas las administraciones, también hay un aumento. En 2018 las licitaciones en las comarcas tarraconenses supusieron un montante de 167 millones de euros, un 87% menos que el año pasado (313).
Desbloqueo de proyectos
En ocasiones, también influye el desbloqueo de proyectos que tiene lugar hacia el final del mandato y que hace que sea en el último año cuando se acometen obras.
Aunque sean los ayuntamientos los que tiren del carro, las otras instituciones también firman inversiones al alza. Apenas medio millón de euros licitó el Estado en el primer trimestre, por los 16 millones del último. Muy marcado es el incremento en el caso de la Generalitat: de 11 millones en el tercer trimestre a 59 en el último.
Hay ejemplos abundantes de obras iniciadas en las últimos meses por numerosos municipios de la provincia: un nuevo mirador en el barrio de Santa Clara, en Tortosa; la reconversión y mejora de la Plaça Catalunya, en Torredembarra; la adecuación de la Plaça Vint de Maig de Deltebre; la reurbanización de la Plaça del Víctor, en Reus; la construcción de un gran parque con vistas al mar en la Platja Llarga de Salou; obras en la principal avenida de la playa en Calafell; la remodelación de la calle Orosi, en la Part Baixa de Tarragona; o el asfaltado de varias calles en El Vendrell.
Pese a la inflación
En términos generales, la Cambra, en su informe, explica que «la licitación pública de obras en 2022 en Catalunya ha aumentado un 34% respecto a 2021, alcanzando la cifra de 3.964 millones».
Agrega, además, que «en el último trimestre la licitación ha llegado a los 1.661,2 millones, un 120% de incremento respecto al tercero». Todo ello sucede a pesar del golpeo de la inflación, que ha desembocado en un goteo de concursos desiertos porque ninguna empresa los ha querido asumir.
El 54% del dinero de licitaciones de 2022 en la provincia fue a cargo de los ayuntamientos, que el 28 de mayo afrontan cita electoral
La misma Cambra pone de relieve «el difícil contexto actual que sufre el sector de la construcción, marcado por los fuertes incrementos de precios de los materiales y de los costes de la energía».
Pero la zozobra económica no queda ahí. «Las subidas en los tipos de interés aumentarán los costos financieros de las inversiones», explica la Cambra. El ente indica que la situación «hace que muchas licitaciones queden desiertas. Por su parte, Seopan reconoce «un gran incremento de la licitación y contratación pública de obras» pero lamenta que «los precios de materiales y de la energía siguen en niveles muy superiores a 2020».
Los ingresos por IBI crecen un 5% en Tarragona durante este mandato
Los ingresos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el tributo estrella de la financiación local, han seguido creciendo durante este mandato en la provincia. En 2019, los ingresos por ese impuesto a nivel urbano se situaron en 313 millones en el global de Tarragona. En 2022 la cifra fue de 330, un 5% más, todo ello según los datos recopilados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Así, se da un incremento de esos montantes a pesar de que no se ve impactado por la inflación, como sí sucede con otros impuestos.
En los últimos años, el IBI se había convertido en una tabla de salvación para las maltrechas economías de los ayuntamientos durante la pasada década. «El IBI es el recurso más jugoso de los ayuntamientos porque, en definitiva, es algo automático. Lo único que hay que procurar es que te lo paguen y para eso tienes que dar facilidades, permitir fraccionamientos u otras opciones», indica el economista tarraconense Rafael Muñoz.
Sentencia y reforma legal
La tendencia es muy similar si se atiende a los datos de la liquidación de presupuestos. En 2021, último año disponible, la recaudación líquida del IBI urbano subió hasta los 297 millones, también un 5% más que en 2019, año del inicio del mandato.
Donde ha habido un descenso recaudatorio ha sido en la plusvalía. La aportación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana cayó un 39% en 2022 por el impacto de la sentencia del Constitucional y la posterior modificación de la Ley para su cálculo. Los ingresos obtenidos por los ayuntamientos bajaron de 2.141 millones en 2021 a 1.306 en 2022. En la provincia, a falta de liquidaciones, se ha pasado de 29,1 millones a 27,4.
Los ayuntamientos bajan un 28% la deuda con los bancos
Atrás queda un mandato municipal marcado por el saneamiento de las entidades locales. Ni la pandemia ni la inflación han impedido que los consistorios, en líneas generales, hayan podido seguir reduciendo sus niveles de endeudamiento, que hace una década alcanzaron niveles astronómicos. La deuda financiera de los ayuntamientos tarraconenses se ha reducido un 28%. En 2018, antes de los últimos comicios, era de 576 millones de euros. A finales de 2021, último recuento disponible, se ubicaba en 412.
Los consistorios cierran otro mandato marcado por el saneamiento de las finanzas públicas
La queja ha sido recurrente durante estos últimos años. «Hemos sido los que peor lo hemos pasado y los que más nos hemos estrechado el cinturón en estos últimos años. Hemos tenido siempre encima la lupa de Hacienda», explican algunas fuentes municipales de consistorios.
Al menos en los últimos dos mandatos, la labor de saneamiento es indudable. En 2013 se llegó al punto álgido. Por entonces, las entidades locales debían 1.034 millones a la banca. A partir de ese momento la cifra se ha ido recortando, hasta alcanzar ese 60% de rebaja, según información de Hacienda.
Aunque es verdad que muchos municipios han pagado las épocas de exceso y despilfarro, los alcaldes son los políticos que han hecho, en general, un mayor esfuerzo para sanear las finanzas públicas.