Según el artículo 47 de la constitución, «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.» No obstante, en la escalera 18 de la calle Riu Brugent de Campclar, llevan un año sin ascensor e intercomunicador, y no es la única comunidad de vecinos que manifiesta sufrir de averías similares en el mismo sector.
«Llevamos casi ocho años sin que nos funcione el ascensor», se lamenta también Mohammed Klay, presidente de la escalera de al lado, la número 17. «El intercomunicador no funciona desde hace años y hace cinco o diez días que la escalera se ha quedado sin luz», añade.
Entre los habitantes de ambos edificios hay gente mayor, embarazadas, niños y personas con diversidad funcional o con alguna patología. Ese es el caso de Pedro Lorente, un hombre de 74 años que padece de asma. Lorente reside en el quinto piso de la escalera 18, y explica que, debido a su dolencia y a su avanzada edad, se ve en un aprieto a la hora de subir o bajar las escaleras.
Esta situación le obliga a gastar semanalmente «un mínimo de cincuenta euros en un pedido del Mercadona» para que le traigan la comida a casa. Por esta razón, a menudo tiene que adquirir productos duplicados que, normalmente, terminan caducados.
Asimismo, manifiesta las dificultades que le representa ejecutar una tarea tan cotidiana como comprar el pan cada día: «Tengo que coger una caña de pescar, ponerla en el balcón y pedirle a alguien que me traiga una barra. Entonces, le tiro el anzuelo y subo la carga».
María Jímenez es otra vecina de la escalera 18 que se ve perjudicada por el ascensor estropeado. Está embarazada de seis meses y tiene una hija de tres años a la que suele subir en carrito: «subir es un verdadero reto, pero bajar con mi barriga de seis meses es un peligro, ya que podemos caernos las dos por las escaleras».
Además, expresa lo inconveniente que es limpiar las escaleras en este estado: «tenemos que subir los cubos de agua al sexto piso, y eso es demasiado para mí, especialmente ahora que estoy embarazada.»
José Móra, vecino del tercer piso, lamenta que su madre, fallecida el pasado abril, tuvo que pasar los últimos meses de su vida recluida en su piso, puesto que era usuaria de silla de ruedas: «estaba delicada, pero habría sido capaz de salir al fresco» si no hubiera sido por la avería del ascensor.
Respecto al intercomunicador del portal roto, Móra explica que «los vecinos pueden escuchar a la persona que ha llamado al timbre», pero que esta persona no puede oírlos a ellos.
Por esta razón, a menudo los carteros piensan que no están en casa y, como declara María Eugenia, otra vecina del edificio: «muchas veces tenemos que ir a Correos a recoger nuestras cartas.»
Cerraduras y buzones rotos
Por añadidura, el edificio sufre vandalismo constantemente. Víctor Soto, secretario de la comunidad de la escalera 18, asegura que personas externas al edificio a menudo «rompen la cerradura de la puerta de entrada» para consumir drogas, dejando agujas ensangrentadas en los rellanos. «Tenemos miedo», añade.
María Jiménez tuvo una experiencia especialmente desagradable con la correspondencia como resultado del vandalismo: «le llegó una notificación a mi marido y no la pudimos recoger porque los buzones están rotos. Yo no sé que pasaría con la carta, porque aquí entra y sale quien quiere, pero llegó, porque así nos lo dijeron los Mossos d’Esquadra.» «Mi marido tenía que presentarse a los juzgados, pero como no recibió la carta, entró preso», añade.
L’Agència de l’Habitatge
Gran parte de los pisos de la escalera 17 y 18 de la calle Riu Brugent son propiedad de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, organismo a la que los vecinos pagan seguro y alquiler.
Los vecinos afirman que l’Agència es totalmente consciente de la situación y que el seguro que pagan cubre tanto el ascensor como el intercomunicador y que a pesar de ello no se han hecho las reparaciones pertinentes y les han subido el alquiler. Además, debido a las filtraciones de agua, esta semana se ha caído el techo de la entrada.
De hecho, el 3 de febrero de 2021 entregaron una instancia a l’Agència de l’Habitatge en que comunicaban los desperfectos causados por el vandalismo, entre los que enumeran los daños al ascensor. El día 30 de junio de este año presentaron un nuevo documento ante la agencia aduciendo que el ascensor seguía averiado.
No obstante, desde l’Agència aseguran que no tienen constancia de que el ascensor haya estado sin funcionar durante todo un año, y arguyen que «se hacen todas las actuaciones posibles.»
Asimismo, explican que hace tres semanas que están en proceso de reparar el ascensor y que la avería se debe a un escape de agua. También confirman que el edificio es víctima de mucho vandalismo.
Antecedentes
Esta no es la primera vez que los vecinos de Riu Brugent tienen problemas con sus viviendas. En 2020 unas doscientas familias pasaron más de un mes sin suministro de gas y más de quince días sin luz. Quince familias tuvieron que ser realojadas en un cámping mientras se solucionaba la avería.