Los funcionarios de prisiones han dicho basta. Las continuas agresiones que sufren por parte de los presos y lo que ellos consideran unas leyes de indefensión, ha motivado que todos los sindicatos representados se planten delante de los centros penitenciarios (Mas d’Enric es uno de ellos) y expresen su malestar por la inseguridad de sus funciones. En la cárcel deEl Catllar, la convocatoria se llevará a las 13.30 horas con la participación de todos los sindicatos representados (Intersindical Presons, Catac, UGT, CCOO y CSIF).
El último y escabroso caso de agresión a un funcionario de prisiones ocurría en Quatre Camins esta semana, cuando un interno seccionaba parte de un dedo de un funcionario que lo estaba inmovilizando. Un día antes, era otro funcionario de prisiones de la cárcel de Ponent la que sufría los golpes de un interno… y así hasta las 240 agresiones contabilizadas por Marea Blava, una asociación profesional de funcionarios de prisiones con sede en Brians 1.
En el caso de Mas d’Enric y según datos recopilados por esta asociación, las agresiones han subido levemente este año respecto al anterior: de las 16 de 2020 a las 18 hasta 31 de octubre. La comparativa respecto a los centros penitenciarios de Catalunya es la que menos incremento de incidentes y agresiones tiene, pero no por ello se traduce en que la situación laboral de los funcionarios sea mejor que en el resto de prisiones.
Además de las agresiones, la protesta quiere visibilizar la falta de recursos y de personal, hartos de promesas incumplidas. UGT, por ejemplo, explica que la plantilla de funcionarios catalana está envejecida con una media de edad de 53 años y debe vigilar a una población reclusa más joven, con 35 años de media. Desde ACAIP se añade que a esta diferencia de edad hay que añadir la falta de personal en según qué módulos, lo que debería traducirse en un aumento de personal en las cárceles.
La consellera se defiende
La consejera de Justicia, Lourdes Ciuró, anunció nuevas medidas que el Departament de Justícia ha estado trabajando en los últimos meses para mejorar la seguridad de los profesionales que trabajan en el interior de los centros penitenciarios y de los internos que viven. Estas medidas pasan para revisar el protocolo de aplicación de medidas de contención en las cárceles; un protocolo contra las agresiones que se está terminando y que está previsto aplicar a partir del 1 de enero, además de otras medidas de seguridad.