La supuesta trama de corrupción que saltaba esta semana en la Unitat d’Investigació de Mossos en la comisaría de Tarragona se van conociendo detalles tras levantarse el secreto de actuaciones que ordenó el juez Diego Álvarez, magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus que lleva esta causa.
El balance de esta investigación se salda con siete personas detenidas: tres agentes de Mossos del grupo de Salut Pública de la comisaría de Campclar, un cabo en excedencia y tres personas civiles. Todos ellos estarían supuestamente implicados en una trama que revendía material confiscado en las redadas de drogas y se lucraba de forma ilegal.
De los últimos cuatro arrestados, tres pasaron a disposición judicial. El magistrado Diego Álvarez ordenó prisión provisional para dos de ellos eludible con una fianza de 30.000 euros y al tercer imputado, libertad provisional. Ninguno entró en Mas d’Enric, ya que depositaron la fianza.
Dos de los últimos detenidos son empresarios dedicados a la recuperación de metales de Tarragona y Viladecans (tienen una chatarrería) y los otros dos son trabajadores de la empresa de Tarragona, uno de los cuales es un cabo de los Mossos en excedencia, que actualmente está en funciones de apoderado.
Incautaciones que desaparecen
La investigación empezó a raíz de la información obtenida de una empresa de Tarragona que se estaría dedicando a la venta del material intervenido judicialmente (piezas de convicción) que se recogía cuando la policía desarticulaba plantaciones de marihuana indoor en todo el territorio. Es habitual que por la falta de espacio en las comisarías, parte del material incautado termine en almacenes precintados hasta que el juez ordena su destrucción.
La empresa era requerida habitualmente por los diferentes cuerpos de seguridad (Mossos, Policía Nacional, Guardia Civil...) para apoyar las intervenciones judiciales contra las plantaciones de marihuana en interiores. La empresa se encargaba de desmontar las plantaciones, recogía todos los sistemas de aires acondicionados, luces térmicas y paneles LED y lo trasladaba a sus naves en calidad de depósito judicial.
La investigación de Asuntos Internos comprobó que el material recogido por esta empresa se vendía a terceras personas y, en muchos casos, volvía a formar parte de nuevas plantaciones de marihuana. Además, si constaba una orden de destrucción del material, se falsificaba el acta.
La empresa obtenía un gran beneficio económico del material intervenido porque revendía a un precio más bajo que el de mercado. En ocasiones los clientes eran directamente cultivadores de plantaciones de marihuana. Los investigadores comprobaron que la empresa recogía, transportaba y almacenaba siempre los aparatos con mucho cuidado para evitar daños que impidieran su posterior reventa.
La nave ‘fantasma’
La empresa contaba con una nave separada del resto en la que se almacenaba este material incautado. No estaba logotipada con el nombre de la empresa y allí se vendía de forma privada este material incautado.
El jueves se realizó la fase de explotación de la investigación y se llevaron a cabo las últimas cuatro detenciones. El día anterior se habían detenido a tres agentes de la Unitat d’Investigació. También se realizaron cuatro entradas y registros en naves industriales de un polígono de Tarragona y un domicilio de Cunit. En las entradas se localizó material intervenido en operativos que ya estaba preparado para su venta y que debería haberse destruido o que estaba en depósito judicial pendiente de la orden del juez.
Se hallaron más de 400 aires acondicionados, 850 paneles de luces alógenos, 130 paneles de luces LED y más de 3.200 balastros sin foco. También se intervino otro material necesario para instalar plantaciones de marihuana indoor. El valor económico asciende a varios miles de euros.
El propietario de la empresa también está detenido por un delito contra la salud pública, ya que los investigadores descubrieron que un servicio policial le había dejado en depósito un gran cargamento de marihuana para que lo destruyera y les hiciera llegar el acta de destrucción. En lugar de hacerlo, intentó procesar la marihuana para venderla en el mercado ilegal con el que habría obtenido un beneficio de unos 200.000 euros, pero no lo logró porque la droga se estropeó.
Revelación de secretos
En una pieza separada, se recopilan pruebas de la investigación que ha llevado Asuntos Internos con tres agentes del grupo de Salut Pública y que fueron detenidos el martes acusados de presuntos autores de los delitos de malversación y falsificación de documento oficial. Los detenidos se habrían quedado dinero procedente de una intervención en la que habían participado en lugar de entregarla a la autoridad judicial.
Uno de los tres agentes también se le acusa de un delito de revelación de secretos. Según la investigación, este mosso extraía información de las bases de datos y ‘vendía’ la información sobre futuros dispositivos policiales contra el tráfico de drogas. Se chivaría a personas relacionadas con el crimen organizado. Esta revelación de secretos habría perjudicado varias investigaciones que estaban llevando a cabo los Mossos en todo el territorio.
