Una encuesta de satisfacción con la limpieza vial a 6.863 vecinos de 69 ciudades españolas realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sitúa a Tarragona en la cola de la clasificación como una de las capitales más sucias de España. En concreto, la capital tarraconense ocupa el puesto 56 de 69, con una nota media del 4,2 en la limpieza global del municipio.
Además, en el balance de los últimos 28 años Tarragona se encuentra en el quinto puesto de las ciudades que más puntos han perdido desde 1995, con un total de 15. Solo la superan Vitoria, Palma, Barcelona y Sevilla. Sin embargo, respecto a la última encuesta, realizada hace cuatro años, Tarragona recupera 4 puestos en el ranking total. El estudio se hace público la misma semana en la que el Ayuntamiento intentará aprobar de nuevo la licitación del futuro contrato de la basura y limpieza viaria, que mañana caduca.
En general, las grandes capitales mediterráneas y del sur con gran afluencia turística concentran las valoraciones más bajas, pero no siempre es el caso. Entre las peores destacan Palma, Alicante y Sevilla, que cae 10 puntos frente a los resultados de la anterior encuesta. También Barcelona, que empeora igualmente sus resultados, en su caso 11 puntos, y pasa a ser la sexta ciudad más sucia, empatada con Madrid. A no mucha distancia le siguen Lleida y Tarragona. Es más, OCU advierte que entre las ocho localidades catalanas seleccionadas solo Sabadell consigue un buen resultado.
Entre la docena de aspectos relacionados con la limpieza urbana que han evaluado los encuestados, las peores calificaciones se centran, una vez más, en la excesiva presencia de excrementos caninos en las aceras, en la suciedad alrededor de los contenedores, en la existencia de grafitis y en la falta de limpieza general en las zonas del extrarradio.
El alcalde y candidato de ERC, Pau Ricomà, resalta que «el estudio dice que Tarragona ha subido cuatro puntos en referencia a 2019», lo que significa, a su juicio, que «la limpieza ha mejorado durante este mandato aun teniendo un contrato antiguo y poco adecuado».
23 millones al año
La crítica de la OCU llega, precisamente, en un momento en el que el gobierno municipal del Ayuntamiento de Tarragona (ERC-Junts per Tarragona-CUP) está intentado renovar el actual contrato de la basura y la limpieza viaria, que entró en vigor en mayo de 2002, fue prorrogado en julio de 2010 y que caducó el pasado 28 de abril. Desde entonces, la empresa concesionaria –FCC- sigue gestionando el servicio público, pero bajo la modalidad de «continuación» hasta que haya una nueva adjudicataria.
De hecho, el pleno del pasado 28 de abril aprobó sacar de nuevo a concurso la actualización de un contrato que el pasado otoño, cuando se intentó renovar en primera instancia, quedó desierto. Este mismo lunes, la sede electrónica del consistorio ha publicado la licitación, de forma que las compañías interesadas tienen de margen hasta el 7 de junio para presentar sus ofertas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el nuevo gobierno que salga de los comicios del 28 de mayo, ya sea el segundo de Ricomà u otro de alternativo, ya sabrá el día de la investidura (el 17 de junio) si tiene ofertas para renovar la concesión o si, en cambio, el proceso ha vuelto a quedar desierto. De momento, el montante global de gasto con el que trabajan los técnicos municipales es el de afrontar un gasto de 233 millones de euros de cara a los próximos diez años: unos 23 millones anuales.
El proceso para renovar la concesión adjudicada hace 21 años se ha convertido en la primera gran batalla electoral en la Plaça de la Font. Un polémico audio del presidente del comité de empresa encendió la mecha. En un encuentro entre trabajadores y el alcaldable del PSC –Rubén Viñuales– del pasado mes de febrero, el delegado sindical Ángel Martín de Sande pidió el voto para el candidato socialista porque «es uno más de nosotros, gent del barri». Posteriormente, el comité de empresa amenazó con llevar a cabo una huelga preventiva por Semana Santa que, finalmente, paralizó.
Otro polémico capítulo se dio en el pleno del pasado 28 de abril, en el que se aprobaron las condiciones para reactivar el proceso para licitar el servicio. Ese día, De Sande gritó y amenazó en el pleno al alcalde, Pau Ricomà, asegurando que «esto no quedará así, ya nos veremos». Finalmente, esta semana ha trascendido una última sorpresa: falta un 16% de los contenedores pagados con el contrato. En concreto, de los 3.299 depósitos financiados con la concesión, en realidad solo hay 2.759. El consistorio ya ha requerido a la empresa para que «reponga» los que faltan, mientras que la compañía justifica la situación en órdenes municipales para retirarlos debidos a quejas vecinales y ubicaciones peligrosas.
ERC y PSC quieren más control
El principal partido del gobierno local tiene claro que el control del día a día será una de las claves del nuevo contrato. «Es un elemento incuestionable e irrenunciable. En la nueva concesión solo se pagará por trabajo realizado y la ciudadanía tendrá acceso en todo momento a la monitorización de este trabajo», indica Ricomà, quien recalca que el actual contrato de la basura «está obsoleto» y que el nuevo «permitirá la recogida puerta a puerta en la Part Alta», así como «aplicar tarjetas identificativas en los contenedores y el pago por generación de residuos».
El PSC también considera que el contrato «debe sustituirse» porque «no podemos limpiar como hace 20 años», afirma el candidato Rubén Viñuales, quien añade que el nuevo pliego de condiciones «no puede ser un conjunto de requisitos técnicos imposibles», por lo que «no deben hacerse experimentos con el contrato más importante de la ciudad». La formación socialista resalta que «donde debemos poner el foco es en el control» del servicio, un hecho que «la tecnología actual nos permitiría hacer» y exigir el cumplimiento «de lo que se estipule» en la concesión. El PSC también pone sobre la mesa el nuevo Pam a Pam, una iniciativa para cerrar unos días una zona de la ciudad para llevar a cabo trabajos específicos de limpieza y jardinería.
También desde la oposición, Lorena de la Fuente (Cs) considera que el primer paso «debe ser educar, formar y concienciar» para «no ensuciar tanto» y ampliar el personal «para cubrir todo el término municipal», a la vez que lamenta que el sistema de recogida de fracción resto y orgánica con contenedores cerrados y con horarios «no funciona».
Desde Junts per Catalunya, Jordi Sendra tiene claro que «Tarragona debe dejar de ser la ciudad patrimonio de las palomas». Para ello, propone ir de la mano de las entidades vecinales «para que nos ayuden a fiscalizar los trabajos». Por su parte, Mar Giné (Sí Tarragona) apuesta por la «concienciación» y la incorporación «de más inspectores».
Maria Mercè Martorell (PP) apuesta por mejorar los sistema de recogida y por adjudicar el nuevo contrato «con amplia mayoría y no solo con el voto de calidad del alcalde».
Eva Miguel (CUP) destaca que el contrato en licitación «pone las bases para una futura remunicipalización», mientras que Jordi Collado (ECP) apuesta por políticas «proactivas» como ampliar pipicans, poner más papeleras y «controlar las colonias de palomas».