La negociación para la frustrada llegada de IKEA a Tarragona fue una pesadilla. Amenazas, imposiciones, exigencias y peticiones fuera de lugar fueron la tónica predominante de una operación que, al final, se ha ido al garete y que es lo mismo que la compañía nórdica ha hecho en Alicante. En Almería y Girona también están en vilo, ya que allí aún no ha solicitado ni la licencia de obras.
Ayuntamiento e IKEA Ibérica firmaron el 12 de junio de 2012 una promesa de compra por parte de la compañía, que se comprometía a adquirir una parcela de 66.000 metros cuadrados con un techo edificable de hasta 45.000 m2, por un máximo de 15,7 millones de euros. «Los servicios jurídicos de la empresa se cargaron la operación. Exigían unas condiciones draconianas, con muy malas formas», afirman personas cercanas a la negociación consultadas por el Diari.
Fuentes municipales indican que el servicio jurídico de IKEA «se cargó la operación»De hecho, la obsesión de las abogadas de la compañía sueca era garantizar la «seguridad jurídica y jurisdiccional» y, por ello, pusieron como condición sine qua non que el Consistorio lograra que se retiraran todos los contenciosos–administrativos presentados por propietarios del plan parcial en el que debía construirse el gran almacén. «No solo pedían el escrito de retirada de la demanda, sino que exigían la conformidad judicial, lo que retrasaba mucho el calendario», lamentan.
Pese a ello, el Ayuntamiento logró que ninguna reclamación llegara a sentenciarse, ya que todas se retiraron o se llegó a un pacto. Ejemplos de ellos son los recursos de Consalta, Magemes, Incasòl, Binera o Martorell Río. «Les dijimos que los contenciosos no paralizan el proceso, y que, en todo caso, sería el Ayuntamiento el que debería pagar indemnizaciones, no ellos. Pero no hubo manera de que entraran en razón», critican.
De forma paralela, las letradas de IKEA no frenaban en sus exigencias. El 8 de enero de 2016 denunciaron un incumplimiento contractual tras haber recibido un informe de la Autoritat Territorial Metropolitana (ATM). Por ello, advirtieron de que se reservaban las acciones legales oportunas. «La táctica de los burofax fue una práctica habitual de los asesores, pero nunca rompieron las relaciones», se indica desde el Consistorio.
La compañía pidió al Consistorio que avalara el coste de urbanización. El Ayuntamiento se negóOtro conflicto fue por la urbanización del plan parcial. «Nos exigieron que avaláramos las obras, pero les dijimos que esto no lo podíamos hacer», resaltan. Otra condición era que «a los tres meses de iniciarse la urbanización, querían que su parcela estuviera limpia de las líneas eléctricas, y que se hubiera rebajado su cota de terreno. Esto encarecía mucho la obra», se indica. Pese a todo ello, el Consistorio tramitó la licencia de obras. «La firmé, pero nos dijeron que querían cambiar el proyecto inicial por otro más sostenible», indica el concejal de Urbanisme, Josep Maria Milà (PSC). En ese momento falleció el propietario de la empresa, Ingvar Kamprad. «Fue entonces cuando cambiaron su plan de inversiones», lamenta Milà. De hecho, la firma despidió a todo su equipo de expansión, un hecho que el Consistorio supo por los propios afectados. «No hemos tenido ni un contacto con Petra Axdorff», que es la nueva directora general en España, critica Milà.
El 20 de julio de 2018 caducó la opción de compra sobre los terrenos. «Es entonces cuando aparecen los rumores de renuncia, por lo que empezamos a buscar otros inversores», indican desde la Plaça de la Font. Pese a ello, Milà expuso la situación a la Generalitat, que en septiembre de 2016 había dado la licencia comercial. Y el 16 de octubre de 2018 la firma hizo saber al Govern que «no invertiría ni en Tarragona ni en Girona». Por ello, el Ayuntamiento solicitó a IKEA que anunciara oficialmente su decisión mediante un comunicado de prensa... que nunca ha llegado. Una pesadilla.
