Han pasado ya casi 25 meses desde la explosión mortal del 14 de enero de 2020 en la planta de Iqoxe. Desde entonces, la magistrada del juzgado de Instrucción número 1 Sofía Beltrán estudia los hechos que derivaron en el fallecimiento de tres personas: dos trabajadores de la planta y una tercera, que se encontraron en su domicilio de Torreforta a 2,5 kilómetros de distancia. Según indica en un auto que forma parte del sumario, debido a la «complejidad» de la causa, el juez ha ordenado la instrucción en tres piezas, al «haberse recabado indicios de hechos independientes» que resultan «relevantes» para el «esclarecimiento» de lo que ocurrió hace ya 751 días.
«¿Deficiente mantenimiento?»
La pieza principal de la investigación es la explosión del reactor U3100 cuando producía el producto MPEG500. «La planta está desarrollando su actividad con una política empresarial de aumento de la producción y reducción de costes, de lo que resulta indiciariamente un mantenimiento deficiente de sus instalaciones y de la actividad sin las debidas condiciones de seguridad laboral e industrial», afirma el juez en un auto de la causa. La magistrada también especifica que «son objeto de la investigación el funcionamiento del reactor, así como los indicios que apuntan a las deficiencias de seguridad, tales como el silenciamiento y la escasa visibilidad del sistema de alarmas, la insuficiencia de personal para la vigilancia del proceso de fabricación y los defectos en el mantenimiento de las instalaciones».
Sofía Beltrán destaca que «se produjo una situación de grave riesgo potencial para las personas, puesto que la metralla impactó en un depósito con 1.400 toneladas de óxido de propileno, provocó una brecha y un incendio en el mismo». Según la magistrada, «el riesgo se incrementó como consecuencia de la tardanza en la intervención en la zona de la explosión», ya que «los bomberos no tuvieron conocimiento de que estaba ardiendo un tanque hasta que habían transcurrido 38 minutos». Ante esta situación, se instruye «si las medidas de protección de la población fueron acordes, apreciándose indiciariamente que no sonaron ni las alarmas ni el sistema de avisos. que hubo falta de información a la población en general». Por ello, son investigados «los posibles defectos de funcionamiento de los planos de protección interior y exterior».
«Función clandestina»
La primera pieza separada del caso son las «modificaciones no sustanciales de la autorización ambiental, licencias y del reactor U350». «Se produjo un incremento significativo de la capacidad de producción desde que fue adquirida por Iqoxe en 2014, a cuyo efecto se instaron sucesivas modificaciones no sustanciales de la autorización ambiental inicial de la anterior empresa –IQA–, con lo cual se produjo un sustancial aumento de la producción autorizada», indica la juez en el sumario. Y añade: «En 2016 se solicitó la modificación no sustancial para la construcción del reactor U3100 en sustitución de la unidad U350, la cual fue autorizada. Sin embargo, la U350 no se desmanteló y siguió funcionando todo este tiempo de forma clandestina», afirma la juez, quien recalca que los hechos «son investigados en el ámbito empresarial y administrativo».
Vertidos con desespumante
La segunda pieza independiente es la de los vertidos, que analiza si «el tipo de productos que se realizaban impedía la depuración de la totalidad de los residuos a través de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)». La magistrada considera que «se desprende provisionalmente que, a fin de dar salida a los residuos que no podían ser tratados por la depuradora por la falta de capacidad, se realizaban regularmente vertidos directos al mar y, a fin de no ser detectados, se concentraban por las noches o los fines de semana, y eran tratados con desespumante Aquamax para que no pudieran ser percibidos».
La juez indica que «la dirección de la empresa había dado órdenes a los trabajadores para que procedieran a verter los residuos de esta forma y con este tratamiento», en unos hechos que «están siendo investigados» y que, de momento, ya han causado la imputación de once personas, además de la propia Iqoxe como persona jurídica.
El triángulo instructor busca respuestas para el que ha sido el gran punto de inflexión en la sensibilidad de la población hacia la seguridad química.