Las inundaciones del día de Santa Tecla en cuatro viviendas de la urbanización Parc Llevant, en el municipio de El Catllar, han llegado al juzgado de lo contencioso-administrativo de Tarragona. Así lo ha confirmado el abogado de las familias afectadas, Lluís Pau i Gratacós, quien asegura que este nuevo paso llega en respuesta al «silencio administrativo de la Diputació de Tarragona», que no ha dado una respuesta al expediente de reclamación patrimonial que presentaron los afectados.
De acuerdo con la ley, el plazo para presentar una propuesta de resolución –que después tenía que estudiar la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat– es de seis meses y este venció el pasado mes de marzo. Sin embargo, el ente supramunicipal todavía no se ha pronunciado. «Esta no respuesta significa una desestimación presunta, por lo que hemos seguido la vía judicial para hacer la reclamación de la indemnización por los daños», afirma Pau Gratacós.
Los afectados ponen en el punto de mira a la Diputació, que es la titular de la carretera TP-2039, que enlaza El Catllar con la N-340. El día de los hechos, esta ya estaba en obras y a causa de los trabajos, a la altura de la rotonda de The British School, se había habilitado un desvío provisional que afectaba el ámbito del barranco del Torrent de La Móra. La solución propuesta es la que está en entredicho, más teniendo en cuenta que se habría llevado a cabo una modificación del proyecto respecto a lo inicialmente previsto.
En sus alegaciones, la defensa argumenta que «a pesar de la gran cantidad de precipitación que cayó en escasas horas el día de los hechos, no habría implicado más afectaciones para las viviendas si no hubiera sido por la existencia de las obras». Para afirmarlo se basa en el informe pericial, en el que se apuntaba que «la elevación, no proyectada, de la cota inferior del desvío provocó el efecto embalse en el que las aguas llenaron la vaguada existente hasta que pudieron desbordar por encima de la barrera».
¿Y la ACA?
De hecho, la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) también defiende este argumento, de acuerdo con este escrito de alegaciones al cual ha tenido acceso el Diari. Así, lo apuntó el informe técnico que hizo el Cap de la Demarcació de la agencia en Tarragona y, posteriormente, también los servicios técnicos de este organismo. En un fragmento del documento que redactaron estos últimos puede leerse: «(el paso provisional) que finalizó justamente el día anterior al suceso meteorológico que originó la avenida es la causa de haberse producido por el lado de aguas arriba una sobreelevación de la cota de la lámina del agua que fuera lo que realmente hizo desbordar el cauce y afectar las cuatro viviendas, ya que este se ejecutó en una cota sensiblemente superior a la contemplada en el proyecto autorizado por esta agencia».
Asimismo, también se aportan los informes del ACA en los que se daba luz verde tanto al plan parcial en el que se encuentran dichas viviendas, como al proyecto de urbanización, al considerarse que los inmuebles afectados «no se encuentran en una zona inundable».
«Tenemos todas las pruebas y todo nos dice que la responsabilidad recae sobre la Diputació, que va alargando los trámites y no ha hecho nada para conciliar, lo que demuestra una clara insensibilidad», argumenta el abogado de los afectados.
Cuando han transcurrido siete meses de los hechos, dos de las familias ya regresaron a sus casas hace unos meses. En cuanto a las otras dos, todavía no se han reinstalado definitivamente, ya que estarían acabando de reparar los daños que sufrieron las viviendas.
Con todo, la reclamación patrimonial que se exigirá a la Diputació se valoró en 670.475,47 euros, suma a la que hay que añadirle los daños morales que aseguran haber sufrido los afectados durante todos estos meses.
«Procedimiento complejo»
La justicia es la que deberá pronunciarse al respecto, mientras tanto, la Diputació de Tarragona defiende que «es un procedimiento complejo», con mucha información y en el que están involucradas otras administraciones, lo que ha acabado demorando la resolución del expediente más allá de lo previsto por ley.
No obstante, el organismo supramunicipal asegura que «la voluntad es de resolverlo» y que «intentaremos que sea con la máxima celeridad posible». De hecho, «en breve» podría darse a conocer esta resolución que posteriormente tendrá que estudiar la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat.
Por el momento, tres de las familias afectadas han cobrado una parte de los daños sufridos por parte del Consorcio de Compensación de Seguros.