La Inspección de Trabajo pone el cerco al trabajo temporal. Y lo hace de una forma especialmente intensa, con más campañas que nunca. Así lo refleja el balance de 2021 de la Inspecció de Treball en Catalunya. Durante el año pasado se encontró fraude en 2.739 contratos temporales, más de siete al día, que fueron convertidos a indefinidos en Tarragona.
Es prácticamente el doble que la cifra de 2020 (1.387) y el dato más elevado de los últimos años en la provincia. El 65% de esos contratos transformados en indefinidos a requerimiento de Inspección eran de hombres. En Catalunya, fueron casi 23.000, por los 11.147 del año anterior.
A la investigación en los posibles fraudes de la figura del fijo discontinuo, a raíz de su abuso tras la reforma laboral, se añade también el frente de los temporales, un rol que se utiliza cuando, en realidad, lo adecuado es un puesto indefinido. «Se están haciendo planes de choque y campañas específicas», define Víctor Canalda, abogado laboralista en Tarragona y profesor de derecho en la UOC.
Los contratos fraudulentos detectados y reconvertidos de temporales a fijos crecieron en Tarragona un 97%, de 1.387 a 2.739
La administración tiene como cometido atajar unos abusos que desde hace tiempo estaban muy asentados en el mercado laboral. «El empleo indefinido tiene que ser la forma troncal de contemplar las relaciones laborales. La temporalidad es siempre la excepción», aclara Canalda, que dibuja algunas excepcionalidades. «En España tradicionalmente, por segmentación del mercado laboral, por tipo de actividad y por estacionalidad, y también porque hay una gran fragmentación del tejido, los empresarios reclamaban una mayor flexibilidad, dado que el trabajo indefinido podría llegar a ser farragoso», explica Canalda.
Temporalidad abusiva
Eso derivó en que la empresa se acostumbrara a utilizar de más esas opciones. «Parece como si los empresarios tuviesen a su disposición toda una paleta de modalidades contractuales temporales, cuando la causalidad está legalmente muy bien definida, no es cuestión de elegir una cosa u otra. Por eso se incurre a veces en fraude, muchas veces de forma extendida», indica el abogado.
«La causalidad del empleo temporal está muy definida. A veces se incurre en fraude», reconoce Víctor Canalda, abogado laboralista y profesor en la UOC
Por tanto, siempre ha existido una temporalidad abusiva contra la que ahora la administración parece luchar más. «La inspección se lo ha marcado como algo primordial, en la medida en que tiene que cambiar la mentalidad de las empresas. Ellos hacen la reconversión al entender que esos trabajadores están con contratos temporales indebidos. Es un fraude de ley, no hace falta que haya una intencionalidad», cuenta el letrado.
A ese afloramiento de la mala praxis se añaden los efectos de la reforma laboral que lleva en vigor todo 2022. «Antes solo uno de cada diez contratos eran fijos. Eso ha cambiado y lo vemos en los datos del paro y la contratación. Ha habido una mejora. Lo vemos mucho aquí en el sector de la hostelería, en el que los contratos antes eran de ETT o a tiempo parcial y ahora muchos son fijos discontinuos, con una duración de siete y ocho meses, y eso estabiliza mucho más», relata Joan Llort, secretario general de UGT en Tarragona.
Llort celebra el aumento de las inspecciones. «Es algo realmente importante, porque muchos lugares siguen sin cumplir la normativa. Llevamos mucho tiempo reclamando, porque cuesta mucho hacer crecer las estructuras de profesionales. Más inspectores significa más control. En Catalunya tenemos una falta de profesionales, cuesta mucho disponer de ellos», indica Llort.
73.000 trabajadores
Para el responsable sindical tarraconense, «la línea es positiva», en la medida en que «se combate la precarización: «En la anterior reforma laboral vimos crecer mucho las empresas multiservicios y los falsos autónomos. Ahora se está revirtiendo eso».
El balance tarraconense de la Generalitat muestra ese esfuerzo inspector. En 2021 Inspecció finalizó 8.110 expedientes que afectaron a casi 73.000 trabajadores, un 137% más en relación a 2020. También queda muy por detrás el dato de 2019: 23.827. El 64% de esos expedientes tuvieron un origen interno, por el 36% que partían de una procedencia externa.
«La línea es positiva. Más inspecciones significa más control. Y aún hay sitios que incumplen», comenta Joan Llort, secretario general de UGT en Tarragona
Las sanciones a empresas se elevaron a 4,1 millones de euros. El 29% de esas multas fueron por cuestiones de seguridad y salud laboral, por delante de la ocupación y extranjería (26,2%) y de Seguridad Social (25,6%). Hubo 1.523 propuestas de sanción a empresas y más de 6.200 requerimientos a compañías. Ocho de cada diez fueron por temas relacionados con la seguridad y la salud laboral.
Una prueba evidente de ese mayor chequeo sobre el tejido productivo son los contratos revisados para hallar ese fraude en la temporalidad: se pasó de los 6.500 de 2020 a los más de 12.000 del año pasado, un incremento de casi el 85%, reflejo de ese mayor ánimo fiscalizador.
El mismo conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha hecho resumen de esa labor: «Las cifras demuestran un balance más que positivo teniendo en cuenta la compleja coyuntura económica; la creciente petición externa de actuaciones, sobre todo denuncias, y el esfuerzo sin precedentes de la Inspecció de Treball a la hora de optimizar recursos y efectivos».
«Siempre hemos dicho que hay un déficit en la inspección de trabajo», lamenta Mercè Puig, secretaria general de CCOO en Tarragona
La Generalitat también ha hecho un balance más reciente, relativo a 2022. En este año ha transformado en indefinidos un total de 34.389 contratos en Catalunya, de los que 15.004 afectan a mujeres y 19.385 a hombres. Es el resultado de la lucha contra el fraude y la tramitación de cartas a las empresas para instalar a la revisión y regularización de la situación contractual vigente. El 86,5% de estos contratos convertidos son temporales, mientras que el 13,5% restante son fijos discontinuos. Mercè Puig, secretaria general de CCOO en Tarragona, también detecta «una intensificación de la vigilancia y el control», sobre todo a la hora de tutelar que los contratos temporales encontraran acomodo bajo el paraguas de los fijos discontinuos. «Aquí afectaba sobre todo a los servicios, a la gente que era eventual. Hemos visto mucha reconversión. En la construcción está costando entrar mucho más», cuenta Puig.
El 64% de los expedientes iniciados de Inspecció de Treball en Tarragona tuvieron un origen interno en la empresa
Para la responsable del ente sindical, el aumento de la fiscalización era una asignatura pendiente en Tarragona. «Es algo que hemos pedido desde hace tiempo. Siempre hemos dicho que hay un déficit en la inspección de trabajo. Además, a veces los profesionales están de paso, duran muy poco tiempo y eso dificulta el trabajo. Siempre nos hemos quejado de eso». Para Puig y Llort, «como más mecanismos de revisión y de control haya, siempre es mejor para que se puedan garantizar las condiciones de los trabajadores».
De enero a noviembre, los contratos indefinidos firmados en Tarragona constituyen el 42% del total, mientras los temporales son el 58% restante. Las proporciones han cambiado drásticamente con la nueva normativa. Hace un año, los temporales eran el 89% y los fijos el 11%, según los datos del Ministerio de Trabajo.
Inspección de Trabajo ha puesto también su punto de mira en el contrato de fijo discontinuo, la modalidad que más ha crecido con la entrada en vigor de la reforma laboral en el inicio de año. En Tarragona hay 336 empresas bajo el foco por «posible uso irregular de contratos de fijos discontinuos». Afecta a unos 700 contratos en la provincia. A la advertencia le seguirán sanciones.