El coste de la vida ya impacta en la destrucción de empresas. Y a juzgar por algunas estadísticas lo hace de una forma más contundente que durante las épocas económicamente más duras de la Covid. De enero a agosto, Tarragona acumuló la disolución de 293 sociedades mercantiles, un 18% más que en el mismo periodo de 2021 (hubo 248) y un 56% más que 2020 (187), según la estadística del INE.
La velocidad de destrucción es más elevada que en los dos ejercicios más aciagos de la Covid-19, marcados, eso sí, por la contención de instrumentos como los ERTE. De hecho, se trata del mayor número de cierres en los últimos nueve años en la provincia. Hay que volver a 2013, un curso en el que la Gran Crisis financiera hacía estragos, para ver una cifra mayor: 329. «La inflación siempre va acompañada de una disminución de la creación de empresas y un incremento de la destrucción. Cuanto más alta sea la inflación y más dure en el tiempo, más disoluciones habrá», indica Antoni Cunyat, profesor colaborador de los estudios de Economía y Empresa de la UOC. «Estamos encadenando una crisis tras otra», alude el experto.
Se puede dar la circunstancia de que una empresa que cierre ahora también lo haga no solo por el IPC desbocado sino por los efectos acumulados del impacto del coronavirus en estos dos últimos años y medio.
Esta coyuntura tan negativa se refleja, asimismo, en la creación de sociedades. De enero a agosto, se han constituido 905 empresas en Tarragona, un 3,5% menos que en 2021. Eso sí, en 2020, irrupción de la pandemia, con el confinamiento domiciliario estricto incluido, la cifra fue muy inferior, 640, debido al cerrojazo general de toda la economía.
Una disrupción
Para Cunyat, la dinámica es lógica en un contexto de precios disparados: «La inflación es una disrupción para los empresarios, primero porque implica que los costes de producción aumenten. Entonces tú tienes que incrementar el precio de tus productos. Se produce una distorsión, porque puede implicar pérdidas. Los gestores tienen que ser más dinámicos y espabilados, controlar los precios prácticamente cada día. Las empresas que se adapten menos serán las que peor lo pasarán y las que pueden acabar cerrando». Tampoco ayuda a abrir una empresa lo que está sucediendo con el acceso al dinero. «Estamos en unas perspectivas de subidas de tipos de interés que también afectan. Necesitas unos mayores rendimientos esperados para que te den el préstamo y para hacer la inversión», apunta Cunyat.
Más concursos de acreedores
Otro termómetro de los agobios de la empresa son los concursos de acreedores, que reflejan el desenlace final de una situación de insolvencia. En 2021, ya con la inflación al alza, hubo en Tarragona 398 concursos de acreedores, la mayor cifra de toda la serie histórica, que arranca en 2007, según los balances de la estadística Efecto de la Crisis en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En 2022, se sigue ese ritmo: 198 concursos en el primer semestre. Es algo menos que en el mismo periodo de 2021 (221), pero es una cifra que supera con creces las de un año estándar. En 2019 hubo 138, en 2018 se registraron 86 y en 2011 solo 53. Hay que tener en cuenta que el 30 de junio acabó la moratoria concursal después de más de dos años y eso podría tener también repercusión en los siguientes datos que se vayan conociendo.
«La inflación va siempre acompañada de un aumento de la destrucción del tejido empresarial», sostiene Antoni Cunyat, profesor de Economía y Empresa en la UOC
«Llevo ya tres preconcursos y muchos procesos monitorios, de cantidades pequeñas, que puede ser un indicador inicial de que la situación se va a complicar más», explica el abogado tarraconense Antoni Mendía. El procedimiento monitorio se usa para exigir el pago de deudas líquidas, generalmente de forma rápida y ágil. Los datos de los juzgados son también elocuentes en ese sentido. En los dos primeros trimestres de 2022 ha habido 9.917 monitorios en la provincia, un 51% más que el año pasado (6.544). Es la mayor cifra de la década y es similar a la de los años 2010 y 2011, cuando azotaba la anterior crisis.
Cunyat alude a una «buena noticia», la de los últimos datos de la inflación, que han experimentado un ligero retroceso: «Si logramos mantener la tendencia, la inflación sería de primer nivel, provocada por los precios energéticos. El problema es que si se traspasa a salarios, entramos en una espiral. En todo caso, bajar la inflación sería un proceso costoso y largo en el tiempo. Es algo por ejemplo que se ve mucho con los carburantes. Las empresas tienden a subir muy rápido los precios pero la bajada es siempre mucho más lenta».
Hasta 2023
El último informe de coyuntura económica del Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre publicado por la URV recogía la buena marcha de algunos indicadores, sostenidos por la excepcional temporada turística, pero alertaba igualmente del impacto de la inflación. El balance del segundo trimestre indicaba que el nivel económico de 2019 no se alcanzará hasta finales de 2023.
El estudio también recalca que «el número de entidades empresariales en la zona disminuye» y añade que el descenso es más acentuado en las sociedades anónimas, un «indicador que cae de manera continuada hasta una reducción de 215 empresas en cuatro años». El informe de la URV refleja esa radiografía negativa desde el punto de vista empresarial: «Durante los primeros seis meses de 2022, el número de actuaciones en la creación de sociedades o en la ampliación de capital disminuye un 6,11%».
También se observa una caída de la inversión del 8,63%. «Si consideramos únicamente las sociedades nuevas, la disminución de la inversión ha sido del 33,7% mientras que en el caso de las ampliaciones de capital ha sido del 6%. Concluye el análisis de la Rovira i Virgili que «la tendencia es claramente a la baja», tanto en la generación de sociedades como en el capital invertido.
Un último estudio, en este caso de Pimec, también dibuja la gran incertidumbre: un 50% de las pymes de Tarragona están en riesgo de entrar en pérdidas.
