La Generalitat de Catalunya acelera para encontrar, al fin, una solución al local del antiguo Iot de la playa Llarga. El histórico negocio, que ocupó el emplazamiento entre 1986 y 2021 en régimen de alquiler a precario, clausuró su actividad hace justo dos años tras un largo proceso judicial de desahucio impulsado por el Govern para poder sacar el inmueble a concurso público.
Inicialmente, a principios de 2022, la administración autonómica logró iniciar el expediente administrativo, que se quedó en agua de borrajas en verano de ese año. Ahora, más de un año después, el Govern acelera para evitar una tercera temporada turística con el establecimiento cerrado. Por ello, según confirman al Diari fuentes de la Delegació del Govern del Camp de Tarragona, la previsión de la Generalitat es la de reiniciar la licitación pública «antes de acabar el año». El objetivo claro, pues, es reabrir el emplazamiento de 760 metros cuadrados antes del próximo verano.
Una carrera de obstáculos
Hasta llegar a la nueva licitación, el espacio ha recorrido una auténtica maratón de obstáculos: primero, por la vía judicial y, después, por la administrativa. La polémica se inició en otoño de 2018, cuando el Govern comunicó al gestor del local que el día 30 de ese mes debía abandonar el espacio. La resolución de la Generalitat fue recurrida ante el TSJC, que dio la razón a la corporación pública para tomar la posesión del edificio.
Pese a ello, el arrendatario del negocio solicitó ante el mismo tribunal la paralización de la ejecución de la sentencia, justificando su acción en el hecho de que aún tenía otras vías judiciales en vigor, como sanciones por valor de 22.000 euros. Sin embargo, el TSJC no aceptó suspender la ejecución del desahucio. «Este fue anunciado el 12 de febrero de 2019, de forma que no estamos ante una circunstancia repentina», indicó el tribunal en la resolución, que recordó que «estamos ante un edificio de titularidad pública cuyo destino inevitable es el de usarse para intereses públicos y no privados».
En septiembre de 2022, el Iot presentó un último recurso, que fue rechazado. En esta última interlocutoria, el alto tribunal catalán dio la razón a la Generalitat, ya que entendió que durante el proceso «el afectado ha tenido la posibilidad de defenderse». Por ello, finalmente el gestor del espacio devolvió las llaves a la Generalitat el día marcado por el juzgado: el 4 de noviembre del 2021.
Concurso anulado en 2022
Pese a que este trámite parecía ser el inicio del final de los problemas, aún aparecieron dos imprevistos más, a raíz de la adjudicación que se anunció en agosto de 2022 a favor de la misma empresa que gestiona la Sardineta (situada en la parte superior del edificio). Primero fue una impugnación por parte de una de las sociedades que se presentaron al proceso, que argumentó que no fue debidamente notificada tras ser descartada porque el Govern le envió un correo electrónico en el que «no se acreditó que fuera recibido correctamente por el servidor».
Paralelamente, en octubre de 2022 se declaró «desierto» el concurso público que, en teoría, había acabado con la adjudicación de agosto de 2022 en favor de la firma que gestiona la Sardineta. El Govern justificó su decisión porque la empresa presentó el proyecto definitivo «fuera de plazo». Pese a que la firma ganadora de la licitación solicitó una ampliación del plazo al entender que el estipulado era «demasiado ajustado», esta petición no se aceptó, por lo que se dejó «sin efecto» la adjudicación. Un año después, sin embargo, aún no se ha reiniciado un proceso que parece sufrir una maldición.