La Torre de Minerva, el castillo de Els Montgons o la Abadia del Codony. Son tres ejemplos que sirven a la Fiscalía de Tarragona para poner el grito en el cielo por la destrucción y el expolio del patrimonio histórico. Así se desprende de la Memoria de 2022, en la que la sección de Medio Ambiente y Urbanismo se muestra muy contundente, se posiciona contra este tipo de prácticas y pide poder intervenir a través de medidas cautelares.
«Lamentablemente en muchas ocasiones los mayores atentados contra el patrimonio histórico y contra la ordenación del territorio están anunciados y penalmente no se puede hacer nada hasta que el delito se ha consumado», expone la Fiscalía, que añade: «Debería poder haber una intervención preceptiva del fiscal en la fase administrativa si la hay; y, en cualquier caso, la posibilidad de paralizar cautelarmente unas obras que revelan una apariencia clara de delito».
«Gravísima afectación»
En el ámbito del patrimonio histórico, la Fiscalía indica que «el problema puede venir de las corporaciones municipales», ya que «la destrucción o gravísima afectación de bienes históricos viene precedida de una campaña de propaganda sobre los supuestos beneficios económicos para el entorno y para todo el municipio que aportarán las nuevas construcciones o equipamientos».
La Fiscalía reconoce una situación de impotencia y lamenta que «una vez se ha arrasado el bien patrimonial, ya no hay solución». Por eso reclama actuar: «Resulta dramático que el fiscal deba contemplar el anuncio y ejecución de la destrucción del bien, sin capacidad para actuar, hasta que su recuperación ya es imposible».
La memoria repasa varios ejemplos. Quizás el más conocido y mediático es la Torre de Minerva. «En julio de 2021, con ocasión de facilitar la observación del estado en la muralla romana de Tarragona, bien de interés cultural de carácter nacional, declarada patrimonio mundial por la Unesco, una empresa especializada recibió el encargo de colocar un andamio».
El Fiscal también es muy crítico con los delitos de la construcción contra el territorio
A partir de ahí, «los trabajadores de esa empresa fijaron el andamio a la muralla con 12 tornillos para los que efectuaron sendos agujeros, alguno de ellos incluso en uno de los elementos más importantes de todo el monumento, el friso de Minerva, primer relieve escultórico romano del mundo fuera de la península itálica». El Fiscal concluye que «resultó dañado aquello que precisamente se trataba de proteger».
No queda ahí la denuncia de este estamento judicial. El otro punto sobre el que pone el foco es Els Montgons, un poblado medieval que es un Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), cercano al Polígon Riu Clar. En 2021 hubo incoación y posterior denuncia por parte del fiscal. «Se trata de una absoluta desatención permanente de una zona cargada de historia, en la que un bien de interés nacional, como el castillo, y otros de interés local, como el poblado y la iglesia medievales, ya prácticamente han desaparecido por culpa de la maleza y de los expolios, sin que se haya hecho nada para evitarlo».
Restos medievales como castillos y poblados han sido pasto de la maleza y los expolios
El Fiscal avisa: «Lamentablemente la provincia cuenta con otros casos similares respecto a los cuales la Fiscalía actuará».
Otro patrimonio señalado es la Abadia del Codony, otro bien cultural de interés local, en este caso en Perafort. Relata la Memoria que «los escasos restos del edificio medieval fueron destruidos al allanar y desbrozar el terreno unos trabajadores no cualificados por orden de un ciudadano francés que había adquirido la finca particular en la que se encontraban».
Sin permiso de obras
El Fiscal recalca todo un conjunto de irregularidades: no se había solicitado permiso de obras, no estaba delimitado ni en la escritura de la compraventa «ni en otro lugar figuraba referencia alguna al carácter cultural del bien, el cual desde hacía muchos años estaba siendo desmenuzado por raíces y ramas de árboles y maleza que habían nacido en el interior».
Así, todo ello ha llevado a que la misma Fiscalía esté investigando «la posible responsabilidad no solo de quien ordenó la limpieza y allanamiento del terreno sino también de las autoridades municipales que no habían establecido ninguna medida de protección ni siquiera de señalización».
Recuerda la investigación un antecedente más antiguo, «prácticamente igual al de otra destrucción, la de la capilla de San Isidro de Riu Clar en el año 2000, que concluyó en sentencia absolutoria contra los particulares precisamente por la situación de abandono por parte de la administración que imposibilitaba el conocimiento de que se trataba de un bien cultural».
Hay otro frente abierto sobre el que la Fiscalía pone el foco en su balance de 2021 recién publicado: el ámbito de la ordenación del territorio: «Son conocidos los casos de constructores que de manera ilegal edifican muy rápidamente un gran número de viviendas en lugares alejados de los centros urbanos».
Contra el territorio
El Fiscal añade que «para cuando se va a actuar en vía administrativa ya se cuenta con centenares de adquirientes sobre plano que se han hipotecado al límite de sus posibilidades económicas». Por tanto, el coste social del derribo de esas viviendas que no podrán ser indemnizados por promotor ni constructor «es muy elevado».
Y concluye: «Si se hace, el hecho de que se les condene por estafa, delito contra la ordenación del territorio y alzamiento de bienes en su caso no compensa a los perjudicados. Si se ha cometido prevaricación urbanística en connivencia con aquellos, aún es más difícil. Debería poder ordenarse la paralización y devolución o consignación de pagos con toda la celeridad como medida cautelar penal desde el primer momento en que se detectan las obras».