La noticia saltaba la semana pasada de la mano de Esquerra Republicana en el ayuntamiento de Perafort i Puigdelfí. En un comunicado señalaban que el consistorio «no había dado de alta ni había hecho frente al pago de las facturas en los últimos 16 años» de la escuela pública Josep Veciana. La irregularidad, explica el concejal Jordi Cacho, la habrían detectado mientras recababan información para hacer una propuesta para utilizar energías renovables.
El Ayuntamiento, por su parte, asegura que el problema viene de 2007, año de inauguración de la escuela, porque no se dio de alta el suministro. En ese momento «la empresa constituida y designada expresamente por el Departament d’Educació, ICF EQUIPAMENTS S.A., como profesional, experto y responsable de estas actuaciones, no llevó a cabo la tarea de forma diligente», señalan.
Según explica el alcalde de Perafort i Puigdelfí, Joan Martí, tras enterarse de la situación encargaron un informe jurídico. El mismo concluyó que a falta de un boletín técnico (la empresa nunca lo envió) el ayuntamiento no puede contratar el servicio ni hacerse cargo de las facturas. El informe declara que es una «obligación de imposible cumplimiento».
El Diari se puso en contacto con el Departament d’Educació de la Generalitat para ver si tiene conocimiento de la situación y si piensa tomar alguna medida, pero no obtuvo respuesta.
Fraude eléctrico
Lo cierto es que, pese a que el consistorio no paga las facturas, el servicio eléctrico en la escuela nunca se ha interrumpido. Consultados al respecto fuentes de Endesa, principal suministradora, señalan que han tenido conocimiento de la situación recientemente y lo consideran un caso de fraude eléctrico. Se trata, apuntan, de una instalación irregular que se alimenta directamente de la red eléctrica de la calle y no hay contador.
Habitualmente cuando se construye un edificio hay una acometida provisional y tan pronto acaban las obras se tramita el alta definitiva, algo que en este caso no habría pasado.
Las mismas fuentes advierten de que las instalaciones irregulares suponen un grave riesgo para la seguridad y la salud de las personas. Implican un mayor riesgo de electrocución e incendio tanto para los usuarios del edificio como para los vecinos.
El alcalde, por su parte, asegura que «el ayuntamiento lo que quiere es que este tema se regularice lo más pronto posible puesto que nosotros fuimos los que nos pusimos en contacto con la compañía eléctrica para que vinieran a hacer una inspección». La misma, asegura, tuvo lugar el pasado 6 de febrero.