El pleno de la Diputació de Tarragona aprobó este pasado viernes, por unanimidad, ejecutar la primera prórroga del contrato de concesión de la Tarraco Arena Plaça (TAP). Desde 2013, tras la reforma de 18 millones que se llevó a cabo en la antigua plaza de toros, la gestión del equipamiento está externalizada a la empresa Agència de Publicitat Internacional Catalana SL. Esta vinculación finaliza en junio de 2023, pero en los términos de la adjudicación se prevé la posibilidad de realizar dos prórrogas, cada una de cinco años.
«Hemos aprobado ejecutar la primera de ellas, hasta junio de 2028. Es importante que la Tarraco Arena tenga quien lo gestiona, esto demuestra que es un espacio que funciona. No tenemos quejas», asegura en declaraciones al Diari la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó (ERC), quien recalca que «estamos hablando de un equipamiento de primer orden, tanto para la ciudad como para el propio territorio y el conjunto del país». Por ello, desde la institución del Passeig de Sant Antoni se apuesta por externalizar el uso a manos privadas: «No somos expertos en gestionar estos espacios», indica Llauradó, quien añade que, sobre las quejas por el ruido que ocasionaba la instalación a los vecinos de la zona, «ya licitamos las obras para su insonorización».
A partir del 20 de julio
La gestión de la TAP se ha visto afectada desde marzo de 2020 por las consecuencias y la paralización de la actividad ocasionada por la pandemia del coronavirus, las restricciones y el Estado de Alarma. Así, entre abril y junio de 2020 se suspendió la concesión del espacio y, en septiembre de 2020, se moduló «a la realidad» de ese momento: se rebajó al concesionario el 82% del canon, de forma que la empresa pasó a ocupar solo el inmueble auxiliar de la instalación ante la ausencia de eventos y de ingresos. Esto comportó que la cantidad mensual a pagar por el uso del equipamiento pasara de los 6.599 euros a los 1.204.
A consecuencia de ello, la administración supracomarcal recuperó la posesión del edificio principal «para poder cubrir las necesidades que en cada momento surjan a causa de la pandemia». Pese a ello, la gestora ha mantenido «la obligación de vigilar el recinto», mientras que también ha asumido el 18% de los tributos del IBI, la recogida de la basura, los vados y el seguro del inmueble. Asimismo, también ha abonado el 100% de los consumos de agua y electricidad, y el 18% de la parte fija de estos dos servicios, así como el 50% del servicio de ascensor y el 70% de la telefonía.
Ahora, a partir del día 20 de julio, la concesionaria volverá a recuperar las condiciones previstas, esta vez hasta junio de 2028. «Esperamos que con el proceso de vacunación y el relajamiento de las medidas se puedan retomar las actividades. Esto será una muy buena señal», recalca finalmente Noemí Llauradó.
