El registro que el pasado viernes llevó a cabo la Guardia Civil en seis dependencias municipales por el caso Inipro ha dado alas a la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). La formación anticapitalista –que fue la que a mediados de 2013 llevó el caso de las adjudicaciones presuntamente irregulares de Serveis Socialsa una empresa afín al PSC– está estudiando ahora la posibilidad de presentarse como acusación particular en la denuncia por el desastre de la construcción del no párking Jaume I. Así lo aseguró ayer al Diari la portavoz de la formación anticapitalista, Laia Estrada, quien indicó que el partido que llevó el caso Inipro ante la Fiscalía está «analizando» el desarrollo de la investigación judicial para sumarse a la causa.
«Inicialmente creíamos que el caso ya podía tirar hacia adelante con la acusación de la plataforma denunciante. De hecho, en su momento lo aplaudimos y les felicitamos, pero dependiendo de cómo vaya el proceso podría ser positivo que diéramos el paso», afirmó ayer a este periódico la número ‘1’ de los cupaires, quien de esta forma abría por primera vez la puerta a la posibilidad de que los independentistas se impliquen directamente en el caso.
Estrada criticó que, en su momento, el Consistorio se sumara a la causa «sólo porque se sintió amenazado y no para buscar responsabilidades» de la no obra que inicialmente debía costar 3,9 millones de euros y que, hasta la fecha, ya ha supuesto un gasto de 30 millones de euros para las arcas públicas sin que se haya podido adecuar el espacio para que pueda ser utilizado de alguna forma por parte de la ciudadanía.
En este sentido, los cupaires tienen la sensación de que «el equipo de gobierno no tiene demasiado interés en descubrir a los culpables» del sobrecoste, en una actitud que califican como de «incomprensible».
Sin novedades
El paso al frente que, en breve, podría realizar la CUP llega pocos meses después de que la plataforma denunciante lamentara públicamente la «empatía» que considera que el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona tiene con el Ayuntamiento. En este sentido, el pasado mes de junio el magistrado rechazó la posibilidad de imputar al alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) y a su antecesor, Joan Miquel Nadal (CiU), ya que «no existen razones» para encausar a los dos políticos.
Las críticas del denunciante no se centraron sólo en el juez, sino que también hubo para la Fiscalía, a quien acusó de «pasividad» en la investigación. «La participación del Ministerio Fiscal brilla por su ausencia. En cuatro años no se ha visto a ningún miembro de la Fiscalía en las diligencias de investigación practicadas», lamentaba Veu Ciutadana en un escrito presentado varias veces en el juzgado.
