La Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (Cepta) empieza a vislumbrar su supervivencia. Con una deuda de más de 583.000 euros, la patronal tarraconense busca vías para asegurar su viabilidad desde hace meses y evitar, de esta manera, la desaparición tras ser fundada en 1977.
A la espera de cerrar las dos operaciones que sellarían definitivamente su continuidad –un acuerdo de pago con la Agència Tributària de Tarragona y un préstamo de 200.000 euros del Institut Català de finances (ICF)– de momento la dirección de la Cepta ya ha ejecutado una primera drástica decisión: un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que ha derivado en el despido del 80% de la plantilla.
En global, la dirección de la patronal ha cesado a cuatro de sus cinco empleados, manteniendo únicamente la recepción y prescindiendo de la dirección, la contabilidad y la relación con los socios. Asimismo, según detalla el presidente, Xavier Rigau, «se externalizará» la gestión de las formaciones.
Todo ello debe permitir impulsar un plan de choque inmediato que, desde ya, «supondrá pasar de un gasto de 180.000 euros en nóminas a poco más de 24.000», según indica Rigau, quien detalla que los despidos no han supuesto el pago de indemnizaciones «porque es por causas económicas».
Las causas
La crisis económica que vive la Cepta viene a raíz de la paralización de la actividad en la primavera del 2020 a causa de la pandemia del coronavirus. En ese momento la entidad estaba en ERTE, lo que provocó que no pudiera presentar la documentación requerida para justificar seis subvenciones recibidas por parte del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, así como del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) por cursos desarrollados entre los años 2015 y 2016.
Por ello, la Agència Tributària de Catalunya tramitó seis expedientes solicitando la devolución de todo el dinero percibido por la realización de las actividades subvencionadas, que asciende a 583.086 euros. Según un informe externo solicitado por la presidencia de la Cepta, estos procesos de revocación –que afectan a ayudas recibidas por valor de entre 3.370 y 280.881 euros– llevaron a la Cepta «a una situación técnica de insolvencia», por lo que, a día de hoy, la confederación «se encuentra ante dos escenarios: la continuidad de la entidad o la liquidación», se apuntaba en el análisis.
Ingresos: 150.000; gastos: 50.000
Por ello, el pasado 8 de mayo la asamblea de socios de la Cepta –formada por unas cien empresas directas y federaciones como la de transportes y de constructores– dio rienda suelta al presidente para abordar las negociaciones para definir el futuro de la entidad.
Un mes y medio después, Rigau se muestra «moderadamente optimista» y reconoce que, tras las primeras acciones ya ejecutadas, el fantasma de la desaparición «ya ha pasado», si bien avanza que la entidad tiene por delante «una travesía de economía de guerra» de, como mínimo, «cinco años».
En este momento, dos son los puntos clave que definirán el futuro de la entidad: acordar un plan de pago con la Agència Tributària de Catalunya y cerrar un crédito «blando» con el Institut Català de Finances (ICF). Sobre el primer punto, Rigau indica que, en breve, la entidad presentará un plan de pago de la deuda para amortizarla en cinco años.
Para ello, reconoce que la entidad reducirá «al mínimo» los gastos durante el próximo lustro. Cabe recordar que en la auditoría externa se concluía que la entidad «no es viable», ya que el presupuesto de este año preveía unas pérdidas de más de 48.000 euros, una vez que los ingresos previstos –179.683 euros– son inferiores a los gastos: 228.123.
«Ahora situaremos los gastos en 50.000 anuales, manteniendo unos ingresos de 150.000», afirma Xavier Rigau, quien también detalla que «Foment y CECOT nos han dicho que nos ayudarán, y también esperamos aportaciones de los asociados, ya sea adelantando cuotas o alguna aportación extra por eventos». Cabe señalar, asimismo, que desde el estallido de la crisis «no se ha producido ninguna baja», detalla Rigau.
Otra vía clave será el acuerdo para un préstamo del ICF. «Las negociaciones están abiertas, soy optimista. El crédito sería de unos 200.000 euros», detalla el presidente. Cabe recordar que la entidad tiene un piso en propiedad en la Avinguda Roma de Tarragona valorado en unos 200.000 euros. «Podríamos venderlo, pero no tenemos prisa. Lo que no queremos es malvenderlo», detalla Rigau.
Finalmente, una vez parado el primer golpe y, en cinco años, liquidada la deuda, la última pata para relanzar la entidad será acudir a los tribunales para reclamar al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya el reembolso de unos 350.000 euros que, según los abogados de la patronal, la entidad tarraconense podría recuperar por los expedientes abiertos. Sin embargo, la judicialización del caso situará la resolución definitiva en un plazo no inferior a cinco años y siempre con la duda de lo que dictaminen los jueces. A corto plazo, sin embargo, la Cepta esquivará su desaparición.
